Violencia política y economía criminal: captura local y reconfiguración del delito

En muchas regiones de México, los cárteles no sólo controlan mercados ilícitos, sino también el poder local. No lo hacen a través de ideología ni con un discurso público, sino mediante asesinatos políticos selectivos, amenazas e incentivos que les permiten controlar quién llega al poder y quién sobrevive en él. En las dos últimas décadas, más de 500 políticos locales y al menos 156 de sus familiares han sido asesinados, según revela mi investigación publicada en la revista Political Geography. Esa violencia política no es aleatoria ni producto del caos; es parte de una lógica criminal que busca proteger y expandir mercados ilícitos como el huachicol, la extorsión y el narcomenudeo.

Este patrón se concentra en municipios estratégicos, sobre todo en aquellos donde hay infraestructura energética, como los ductos de Pemex. Ahí, los cárteles roban combustible y regulan el entorno político y económico. Controlan quién puede competir en una elección y quién puede gobernar sin ser asesinado. Pero la amenaza no termina con el cargo, también los exalcaldes son asesinados. Esto sugiere que, una vez que un actor político coopera con el crimen organizado, romper ese vínculo o intentar recuperar autonomía puede costarle la vida.

Figura 1: Asesinatos políticos, robo de petróleo y destrucción de cultivos ilegales, 2000–2021
Fuente: reproducido de Gutiérrez-Romero e Iturbe (2024: Figura 7), bajo la licencia CC-BY-NC 4.0.

Esa lógica criminal también responde, de manera estratégica, a las acciones del Estado. Uno de los hallazgos centrales de otro de mis artículos, recién publicado por UNU-WIDER es que el tipo de intervención estatal determina la forma que adopta la violencia. Cuando las autoridades arrestan o ejecutan a integrantes de organizaciones criminales, la violencia política se intensifica: aumentan los asesinatos de alcaldes y sus familiares. No son venganzas impulsivas, sino represalias calculadas para restaurar el control perdido. En cambio, cuando las operaciones estatales se limitan a destruir laboratorios o decomisar droga, los cárteles optan por respuestas menos visibles: amenazas, ataques simbólicos o narcomensajes.

Las intervenciones del gobierno no ocurren al azar: suelen concentrarse en municipios donde ya hay violencia o presencia criminal. Esto complica saber si los operativos causan los cambios que observamos o si simplemente responden a ellos. Para resolver ese problema, utilizo una estrategia de variables instrumentales, que me permite estimar efectos causales, no sólo correlaciones. Todos los resultados que presento —incluidos los efectos sobre violencia política y crimen— se basan en este enfoque. Esto permite entender con mayor precisión qué tipo de intervención estatal intensifica la violencia y cuál empuja al crimen.^[1]

Mi investigación también muestra que distintos tipos de intervención estatal no solo alteran los niveles de violencia, sino que también reconfiguran el repertorio delictivo de los grupos criminales. El descabezamiento —el arresto o asesinato de integrantes de organizaciones criminales— tiene efectos mixtos. Por cada criminal detenido o abatido, los casos de narcomenudeo disminuyen en 1.33 y los de extorsión en 0.035. Pero el robo de vehículos aumenta en casi tres unidades por cada intervención. Este patrón sugiere que estas acciones no eliminan a grupos delictivos, sino que los empujan hacia otras formas criminales más oportunistas.

Las intervenciones enfocadas en decomisar droga o destruir laboratorios generan otra lógica de adaptación. Por cada decomisación aumentan otros crímenes: tres casos adicionales de narcomenudeo y 0.33 más de extorsión. Este patrón no refleja una ofensiva estatal más amplia, como si se estuviera eliminando droga y al mismo tiempo arrestando narcomenudistas. Más bien, sugiere una reorganización del crimen: ante la pérdida de cargamentos de droga, muy posiblemente originalmente destinados a mercados internacionales, los grupos criminales se vuelcan hacia mercados locales para recuperar ingresos. Las drogas se redistribuyen en calles y colonias, y se intensifican los cobros de piso a comerciantes, transportistas y pequeños negocios. Este patrón es una advertencia clave ante la estrategia reciente de tratar de apaciguar a Estados Unidos —particularmente a Trump— con resultados visibles en interdicción de drogas. Decomisar cargamentos no desmantela el negocio criminal, solo lo obliga a recuperar sus pérdidas en mercados locales.

El proceso de diversificación criminal no ocurre de forma uniforme en el país. Es particularmente agudo en municipios cercanos a ductos de Pemex, donde los grupos criminales ya tienen control territorial. En estas zonas, también aumentan el narcomenudeo, la extorsión y las desapariciones, particularmente de hombres.

La reorganización criminal, por tanto, no solo cambia el volumen de los delitos, sino también su jerarquía. Un ejemplo claro es la evolución del robo de autos: desde 2018, este delito ha disminuido más de 30 % a nivel nacional. Esta caída no es necesariamente resultado de una política efectiva, sino de un ajuste racional del crimen organizado. En las zonas huachicoleras, los cárteles reprimen delitos que interfieren con sus ingresos —como el robo de autos, lo cual afectaría la demanda por gasolina— y promueven aquellos que los complementan.

Esta reconfiguración criminal refleja que los cárteles regulan la economía informal, dictan condiciones a los gobiernos municipales y ajustan la intensidad de la violencia y el crimen según su conveniencia. Mientras los incentivos para capturar gobiernos locales se mantengan intactos, los alcaldes seguirán enfrentando una paradoja letal: ejercer autoridad sin autonomía y gobernar con la muerte al acecho. Para los ciudadanos, esto implica vivir bajo gobiernos que ya no responden al interés público, sino a los intereses del crimen.

Roxana Gutiérrez-Romero

Profesora de políticas públicas y métodos cuantitativos en Queen Mary University of London, Reino Unido

^[1]Las variables endógenas en el análisis son los descabezamientos (arrestos o asesinatos de miembros del crimen organizado) y los decomisos de droga, ya que estas acciones suelen concentrarse en municipios con problemas preexistentes de violencia. Los instrumentos incluyen: (a) la proporción histórica de migración china interactuada con precios locales del maíz, (b) la cercanía a puertos marítimos combinada con precios de la cocaína en Estados Unidos, y (c) el porcentaje de terreno montañoso interactuado con precios de la heroína en Estados Unidos.