Nombres sin cuerpo y cuerpos sin nombre: apuntes sobre los registros de desapariciones en México

En México no hay una política para atender la desaparición de personas. Las definiciones, procedimientos e instituciones que la conformarían se encuentran, desde 2018, plasmados en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada. Sin embargo, la falta de responsabilidad política ha impedido, hasta el día de hoy, la consolidación del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB) y el funcionamiento de las comisiones de búsqueda y fiscalías especializadas que lo integran.

Debido a lo anterior, la documentación de las desapariciones, a través del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), continúa siendo precaria, deficiente y objeto de tergiversaciones partidistas. Por ello, y contrario a los fines de la Ley General, las cifras oficiales sobre desaparecidos continúan sin reflejar la realidad del problema, impactando en su comprensión y en la definición de estrategias para enfrentarlo. 

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), creado en 2019, continúa siendo la única fuente estadística oficial sobre personas desaparecidas en México. Administrado por la Comisión Nacional de Búsqueda, el RNDPNO se construye a partir de los reportes y denuncias por desaparición recibidas por las 32 comisiones de búsqueda estatales, las 32 fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República. Sin embargo, no hay fundamentos para constatar la veracidad plena de los datos del RNPDNO, ni para verificar su funcionamiento conforme a la Ley General. Además, factores relacionados a la inoperancia del SNB acrecientan los potenciales errores en el registro y, por tanto, la subestimación de casos: la falta de leyes y tipos penales homologados entre las entidades, para empezar; pero también la falta de recursos y personal que afectan el funcionamiento de las comisiones y fiscalías responsables de registrar y cargar la información al RNPDNO.

Es en este contexto que, al cierre de 2025, se tenía registro de 133,552 personas desaparecidas. La inmensa mayoría de los registros (89%) corresponden a los últimos 19 años. En una vista sexenal, el gobierno de López Obrador es el periodo con la mayor cantidad de registros en la historia.

Como se observa en la siguiente gráfica, el comportamiento de las desapariciones se puede dividir en tres periodos. El primero, que abarca los años entre 2006 y 2011, se caracterizó por aumentos anuales sostenidos, alcanzando un máximo de 5,132 casos. Un segundo periodo se extiende durante los siguientes cuatro años, hasta 2015, caracterizado por una relativa estabilidad en el número de desapariciones, promediando 4,341 casos al año. Finalmente, a partir de 2016, inicia un tercer período que se extiende hasta nuestros días, caracterizado por incrementos, que rompen máximos históricos.

Como se observa, en 2025 se registraron 12,961 personas desaparecidas (extrañamente el mismo número que en 2024), repitiendo el máximo histórico y promediando 35 casos diarios. 16 entidades reportaron incrementos, destacando:

• Jalisco: +219% (pasando de registrar 147 desapariciones en 2024, a 469 en 2025).
• Baja California Sur: +168% (pasando de 81 en 2024, a 217 en 2025).
• Campeche: +104% (pasando de 25 en 2024, a 51 en 2025).
• Querétaro: +102% (pasando de 82 en 2024, a 166 en 2025).
• Tlaxcala: +87% (pasando de registrar 23 en 2024, a 43 en 2025).
• Guanajuato: +55% (pasando de registrar 625 en 2024, a 971 en 2025).
• Morelos+54% (pasando de 190 en 2024, a 292 en 2025).

Si bien en todas las entidades del país hay registros de personas desaparecidas, hacen falta  explicaciones de factores locales, como puede ser el abandono de las periferias urbanas, y la militarización de la seguridad pública.

Ante la gravedad de estos datos, ni el gobierno federal ni los estatales se enfocan en localizar a las personas desaparecidas, ni en garantizar verdad y justicia para las víctimas, sino en administrar —y eventualmente contener— el impacto político de las cifras. De hecho, el número de personas desaparecidas registradas en el RNDPNO ha comenzado a disminuir, sin que exista un pronunciamiento por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda que lo administra, y sin que sea posible precisar a qué periodo corresponden los registros eliminados. La disminución es notoria, incluso en lapsos de días. El 13 de enero de 2026 (una semana antes de la consulta de datos para la elaboración del presente artículo), el RNPDNO reportaba 14 100 personas desaparecidas. Es decir, en siete días, más de mil personas desaparecidas dejaron de existir estadísticamente.

Todo indica que estos ajustes no son fortuitos, sino que reflejarían la definición de considerar y contar como desapariciones únicamente aquellos casos con una carpeta de investigación abierta, tal como se ha reiterado en las conferencias de prensa matutinas, desde la presentación de las reformas legales en la materia, en marzo de 2025. En otras palabras, es plausible que los registros que están siendo eliminados correspondan a reportes que no derivaron en una denuncia formal ante las fiscalías; es decir, aquellos que el RNPDNO sí contabiliza pero que la futura Base Nacional de Carpetas de Investigación dejaría fuera.

En ese sentido, es necesario recordar que la intervención de oficio de las fiscalías no garantiza una mejor documentación de las desapariciones, ni tampoco (y más importante aún) mejores acciones de búsqueda e identificación. En nada cambia su debilidad estructural, la falta de recursos y la ausencia de autonomía, factores que históricamente han impedido una razonable judicialización de los casos. Es importante dimensionar el número de desapariciones vinculadas a una carpeta de investigación, pero dicho dato no debe tomarse como sustituto del universo completo de registros.

Una política seria frente a la desaparición de personas, en un contexto como el mexicano, debe concentrarse en sumar registros para ampliar la búsqueda y la verdad, no en depurarlos mediante filtros ministeriales que restan números sin atender la tragedia. Al final del día, mientras el gobierno federal y los gobiernos estatales sigan tratando la desaparición de personas como un problema de registros y no como una emergencia institucional, que exige construir policías, fiscalías y servicios periciales medianamente eficaces, no habrá cosmética que pueda ocultar la realidad. 

Causa en Común

​​Organización ciudadana fundada en 2010 por su presidenta María Elena Morera. Tiene como misión ayudar en la defensa de las libertades, las garantías y los derechos humanos; en el fortalecimiento de las instituciones, con especial énfasis en aquellas responsables de la seguridad pública y la justicia; así como en la generación de propuestas enfocadas al desarrollo institucional y la atención a víctimas.