Ni perdón, ni olvido en un país de desaparecidos

En México más de 130 mil personas se encuentran desaparecidas y no localizadas.^[1] En el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador se concentra 44 % de los casos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPDNO), mientras que en los primeros seis meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de octubre de 2024 a marzo de 2025, se registraron 7,681 personas desaparecidas. Estos registros muestran que la crisis de desaparecidos continúa y que, de hecho, se mantiene en aumento, pues en menos de un año ya se tiene 14 % de los registros de víctimas que tuvo el gobierno de López Obrador.

¿Quién es responsable de la búsqueda y localización de estas personas? Esta tarea crucial involucra a varias autoridades de todos los niveles de gobierno. Es el Estado en su conjunto, a través de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Comisiones Locales de Búsqueda, fiscalías, policías y autoridades judiciales y administrativas, quien debería garantizar la seguridad, acercarnos a tener justicia en casos de desaparición. Sin embargo, la deuda con las familias sigue latente.

Durante años, personas buscadoras y organizaciones de derechos humanos impulsaron la creación de políticas públicas y un entramado institucional especializado para atender esta grave violación, pero el camino ha estado lleno de dificultades, omisiones, falta de voluntad gubernamental e ineficiencia.

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU-DH), organizaciones civiles y familias buscadoras han señalado, por ejemplo, que persisten graves omisiones como la falta de un Banco Nacional de Datos Forenses, registros de fosas clandestinas y recortes presupuestales. Mientras que uno de los mayores problemas es la falta de coordinación efectiva entre la CNB, el SNB y autoridades locales.^[2] A estas deficiencias, se suma un preocupante acoso institucional a colectivos de personas buscadoras.^[3]

Un camino de intentos y obstáculos

Tras años de lucha y acciones de incidencia, familiares y ONG lograron que en 2017, México promulgara la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, que estableció, a su vez, mecanismos como la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), el Sistema Nacional de Búsqueda (SNB) y el RNPDNO. Sin embargo, como nos muestran las estadísticas y, ante todo, el dolor de miles de familias, su implementación ha sido ineficaz e insuficiente.

Tres años después de promulgar la Ley de Desaparición, en 2020, fue presentado el Protocolo Homologado de Búsqueda (PHB), un documento que obliga a las autoridades a iniciar la búsqueda de forma inmediata ante cualquier reporte, sin necesidad de esperar un plazo determinado y con enfoque diferenciado para mujeres, niñas, adolescentes, personas migrantes, indígenas y miembros de la comunidad LGBTTIQ+. En papel, pues para 2023, un informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU advirtió de la falta de actualización del número de casos con base en los criterios del PHB y estándares internacionales.^[4]

En 2021, se creó el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), nacido de la iniciativa de familias para tener certeza en la identificación de cuerpos. Este órgano especializado se encargaría de realizar peritajes en casos de cuerpos o restos óseos no identificados y estaría integrado por peritos forenses nacionales e internacionales; no obstante, su implementación concluyó apenas tres años después, en marzo de 2024, con el argumento oficial de falta de recursos.^[5]

Un argumento cuestionable: de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, en la cuenta pública de 2024, el presupuesto de egresos tenía aprobados para la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas 1,149,899,182 pesos, de los que sólo ejerció el 69% y tuvo un subejercicio de 31%. De acuerdo con datos oficiales, la CNB registró, en promedio anual, un subejercicio del 30% de su presupuesto aprobado desde 2019 a 2024.

Para 2022 se anunció la creación de una nueva política institucional: el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), para centralizar la información genética y antropológica de los cuerpos localizados sin identificar, con la pretensión de atender el rezago forense –se estima que hay más de 70 mil cuerpos que permanecen sin identificar de 2006 a 2023.^[6] Lamentablemente, no pasó mucho tiempo para que salieran a la luz condiciones operativas inviables; falta de personal, presupuesto, equipo y coordinación, así como falta de atención a las familias. Para enero de 2025, el CNIH inició el cierre de sus oficinas y, aunque el gobierno federal anunció la reactivación de sus actividades tras el Caso Teuchitlán^[7], su actividad es casi nula.

Para 2023, el gobierno federal presentó la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada de “Censo de personas desaparecidas”, para verificar y depurar el RNPDNO. En principio, auditar los registros resultaba en un esfuerzo importante, sin embargo, generó fuertes críticas por parte de colectivos y especialistas, quienes señalaron falta de transparencia en la metodología, así como señalamientos de invisibilización de víctimas y otros riesgos.

Recientemente, en el primer semestre de este 2025 se aprobó la creación de una Plataforma Única de Identidad para realizar búsquedas y recibir alertas en tiempo real mediante el cruce de la Clave Única de Registro de Población (CURP biométrica) de personas desaparecidas con bases de datos como el RNPDNO, el Banco Nacional de Datos Forenses y la nueva Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas.^[8]

Colectivos de búsqueda y familias buscadoras, de la mano de organizaciones, rechazaron la implementación de la CURP biométrica por considerarla una medida de vigilancia encubierta, no una herramienta efectiva para localizar a personas desaparecidas; además de no haber considerado la opinión y necesidades de las familias buscadoras.

La deuda es grande: urge mejorar la respuesta institucional

A pesar de los avances normativos y programáticos, la crisis de desapariciones en México persiste. Una primera área crítica es la falta de articulación efectiva entre autoridades de búsqueda, procuración de justicia y servicios forenses. Muchas fiscalías siguen sin considerar la desaparición como un delito autónomo, ni investigan con enfoque diferenciado. Esto reproduce la impunidad estructural: según datos de la CNB, más de 98 % de los casos de desaparición no han derivado en una sentencia.^[9]

El fortalecimiento del sistema forense también es urgente. El rezago en la identificación de cuerpos ha llevado a una crisis humanitaria, con cuerpos almacenados sin condiciones dignas o enterrados sin identificación. La interoperabilidad de bases de datos y la coordinación entre el CNIH, Servicios Periciales Estatales y la CNB es aún deficiente.

En el ámbito presupuestal, la disparidad entre niveles de gobierno es alarmante. Mientras la CNB ha logrado recursos importantes, muchas Comisiones Locales sobreviven con presupuestos simbólicos. Esto impide que las búsquedas se realicen de forma técnica, rápida y con participación efectiva de las familias. La transparencia y el respeto al principio de verdad deben ser condiciones innegociables en toda política de búsqueda y localización de personas.

También es necesario tener personas especialistas en el tema e invertir en la formación continua del personal de la CNB, agentes ministeriales, fiscales, peritos y operadores del sistema de búsqueda, en especial con enfoque de género, derechos humanos y no criminalización. El Estado mexicano no puede seguir dependiendo del trabajo voluntario de los colectivos de familiares; necesita asumir su obligación con responsabilidad, recursos y voluntad.

Y, lo más importante: sin las familias, no. Sin ellas no se alcanzará justicia, es fundamental su participación plena en cada etapa. Uno de los problemas centrales de esta atropellada respuesta institucional ha sido la exclusión de las personas buscadoras, las que se han mantenido firmes, pese a la falta de apoyo institucional y criminalización, porque nos faltan más de 130 mil personas. Las familias buscan solamente la verdad, justicia y el compromiso de las autoridades por un México sin desaparecidos.

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Sobre los autores

Mónica Daniela Osorio Reyes. Socióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México y estudiante de Ingeniería en Ciencia de Datos en la Universidad del Valle de México. Focalizada en temas de seguridad y violencia letal, prevención e interesada en los temas de acciones antidrogas, armas y feminismo.

Cielo Elizabeth Bolaños Estrada. Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como asistente legal y ha dado seguimiento a procesos ante autoridades regulatorias en Bogotá, Colombia. Prestadora de servicio social en México Unido Contra la Delincuencia A.C.

Benjamin N. Garcia Espinoza. Estudiante de la Licenciatura en Políticas Públicas en el CIDE Región Centro, ha colaborado como asistente de investigación en el Programa de Política de Drogas. Prestador de servicio social en México Unido Contra la Delincuencia A.C.

^[1] Datos consultados en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPDNO), el 10 de julio de 2025 a las 11 horas con 34 minutos, https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/Sociodemografico

^[2] Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 2021, enero 17. ONU-DH: A cuatro años de su vigencia formal, la Ley General sobre desaparición de personas aún presenta retos significativos. https://hchr.org.mx/comunicados/onu-dh-a-cuatro-anos-de-su-vigencia-formal-la-ley-general-sobre-desaparicion-de-personas-aun-presenta-retos-significativos/

^[3] Recientemente Amnistía Internacional publicó el informe “Desaparecer otra vez: Violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México”, julio 2025. En la página 22 de este informe, se señala que 27% de las mujeres buscadoras que formaron parte del estudio indicaron haber sido acosadas por autoridades como una de las violencias a las que tienen que enfrentarse mientras buscan a su persona desaparecida.

^[4] Secretaría de Gobernación. 2023, 29 de septiembre. El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas emite sus observaciones respecto al diálogo constructivo con el Estado mexicano. https://www.gob.mx/segob/prensa/el-comite-contra-la-desaparicion-forzada-de-naciones-unidas-emite-sus-observaciones-respecto-al-dialogo-constructivo-con-el-estado-mexicano-347538

^[5] Tzuc, E. 2024, febrero 26. Adiós al Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense; cierra en marzo. A dónde van los desaparecidos. https://adondevanlosdesaparecidos.org/2024/02/26/adios-al-mecanismo-extraordinario-de-identificacion-forense-cierra-en-marzo/

^[6] Tzuc, E., & Sánchez, M. 2024, septiembre 24. Cierra sexenio con más de 72,100 cuerpos sin identificar. A dónde van los desaparecidos. https://adondevanlosdesaparecidos.org/2024/09/24/cierra-sexenio-con-mas-de-72100-cuerpos-sin-identificar/

^[7] Camarillo, M. Crónica. 2025, marzo 19. En enero se reportó cierre del Centro de Identificación Humana; ahora, por Teuchitlán, reactiva actividades. https://www.cronica.com.mx/nacional/2025/03/19/en-enero-se-reporto-cierre-del-centro-de-identificacion-humana-ahora-por-teuchitlan-reactiva-actividades/

^[8] Con reformas a la Ley General en Materia de Desapariciones, a la Ley General de Población y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

^[9] CED ONU. Informe del Comité contra la Desaparición Forzada sobre su visita a México al amparo del artículo 33 de la Convención, 2022. https://hchr.org.mx/wp/wp-content/uploads/2022/04/Informe-de-visita-a-MX-del-Comite-contra-la-Desaparicion-Forzada-abril-2022.pdf