México 2026: entre la presión externa y la fragilidad interna

México es un actor de relevancia estratégica cuya posición suele subestimarse tanto en el debate público como en la formulación de política exterior. Su ubicación geopolítica, su peso económico y su inserción simultánea en dinámicas regionales y globales hacen que acontecimientos aparentemente lejanos, como la captura de Nicolás Maduro o las protestas y maniobras represivas por parte del gobierno en Irán tengan implicaciones directas para su seguridad nacional, su estabilidad interna y su margen de acción internacional. En un sistema global cada vez más fragmentado, la distancia geográfica ya no equivale a irrelevancia estratégica.

En la Agenda de Riesgos 2026 realizada por CIS Pensamiento Estratégico se identifica la multipolaridad ampliada y la intensificación de las disputas entre Estados como un riesgo internacional de alta probabilidad e impacto. La multipolaridad, la competencia entre potencias y bloques por imponer sus modelos de gobernanza, valores ideológicos, está siendo utilizada para ampliar las esferas de influencia para la explotación de recursos naturales, erosionar los consensos multilaterales y debilitar los mecanismos de cooperación global, fomentando tensiones militares directas e indirectas y poniendo en el centro la seguridad y defensa.

Este fenómeno no es abstracto ni meramente académico: se traduce en un debilitamiento del poder nacional, también catalogado en dicha Agenda de Riesgos con altos niveles de probabilidad e impacto. La fragmentación actual del orden internacional se encuentra reduciendo los márgenes de maniobra de los Estados con capacidades intermedias, como México, y obligándolos a operar en un entorno donde la presión externa aumenta al mismo tiempo que se erosionan los consensos multilaterales que antes amortiguaban los conflictos.

Los casos de Venezuela e Irán ilustran con claridad esta dinámica. México fue contundente al condenar la violación al derecho internacional en el caso venezolano; esa claridad, sin embargo, no se ha replicado frente a Irán, pese a la magnitud de la represión y al elevado número de víctimas. Esta diferencia no es accidental. Revela una jerarquización implícita de prioridades estratégicas: los asuntos del continente americano siguen teniendo un peso central en la política exterior mexicana, mientras que otros escenarios globales se manejan con mayor cautela, ambigüedad o silencio. No se trata solo de afinidad regional, sino de un cálculo estratégico en un contexto de creciente polarización internacional y reducción de espacios neutrales.

Las protestas recientes en Irán no deben entenderse como episodios aislados, sino como expresiones de tensiones estructurales dentro de un régimen cuya gran estrategia, desde 1979, ha estado orientada a la supervivencia, la disuasión y la proyección de influencia regional. La República Islámica ha sostenido históricamente una visión estratégica que integra ideología, seguridad nacional y ambición geopolítica. Sin embargo, el actual ciclo de movilización social revela los límites de ese modelo cuando la legitimidad interna se erosiona y el consenso ideológico deja de funcionar como mecanismo de cohesión.

La formulación estratégica iraní se concentra en tres actores centrales: el Líder Supremo, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Estos actores no solo influyen a través de estructuras formales, sino mediante redes informales que atraviesan el aparato estatal y condicionan la toma de decisiones. Esta concentración de poder ha permitido preservar coherencia estratégica y continuidad en política exterior, pese a reducir la capacidad de adaptación política frente a cambios sociales profundos. La rigidez estratégica, generalmente útil para resistir presiones externas, en este caso se convierte en una vulnerabilidad cuando el conflicto se desplaza al interior.

La interpretación política del shiismo, que durante décadas funcionó como fuente de legitimidad interna y justificación de la política exterior, ha perdido capacidad de movilización social. En respuesta, el Estado ha desplazado el énfasis desde la persuasión ideológica hacia la coerción institucional. Desde la lógica de la seguridad nacional, el régimen interpreta las protestas como una amenaza existencial más que como una demanda reformable, lo que impulsa una estrategia que combina represión interna con reafirmación externa. El fortalecimiento del aparato militar, la persistencia del programa nuclear y el apoyo a actores no estatales cumplen así una doble función: disuadir adversarios externos y proyectar fortaleza frente a la fragilidad interna. La política exterior opera, en este sentido, como un instrumento indirecto de gestión del orden doméstico.

Este patrón no es exclusivo de Irán. El sistema internacional avanza hacia una configuración multipolar en la que Estados Unidos, China, Rusia y diversos bloques emergentes compiten por imponer modelos de gobernanza, valores e ideologías, así como por ampliar su acceso a recursos naturales estratégicos. Esta pugna erosiona los mecanismos multilaterales de cooperación y normaliza el uso de la coerción, directa o indirecta, como instrumento de política exterior. En este entorno, la seguridad y la defensa recuperan centralidad, desplazando a la diplomacia cooperativa y al multilateralismo como ejes del orden global.

Para México, este contexto implica presiones crecientes para definir posiciones más claras, evitar alineamientos automáticos y preservar su autonomía estratégica. Sin embargo, esa tarea se ve limitada por un deterioro sostenido del poder estatal. La ausencia de una visión estratégica de largo plazo, la transformación unilateral de instituciones, la persistencia de estructuras de corrupción y la fragilidad administrativa reducen la capacidad del país para proyectarse como socio confiable. A ello se suma una narrativa política centrada en la vulnerabilidad externa y el agravio histórico, que refuerza actitudes defensivas y limita la proyección internacional del Estado mexicano.

Esta fragilidad interna se vuelve especialmente problemática en la relación con Estados Unidos, principal socio estratégico y actor central del sistema internacional. La ambigüedad sobre el papel que México debe desempeñar en la agenda de seguridad, migración y comercio complica tanto la negociación económica como la construcción de una noción compartida de cooperación y vecindad estratégica. La vulnerabilidad mexicana aumenta por la falta de una estrategia clara, en un contexto donde la presión política y la coerción comercial sustituyen crecientemente a la negociación.

La captura de Maduro y la prolongada crisis venezolana tienen efectos que trascienden lo diplomático. El fenómeno migratorio es la manifestación más visible de una descomposición institucional más profunda: economías ilícitas consolidadas, corrupción estructural y Estados incapaces de garantizar seguridad y soberanía frente a actores criminales transnacionales. Si el crimen no reconoce fronteras, tampoco lo hace la fragilidad estatal que lo alimenta.

Venezuela no es un caso aislado. Ecuador enfrenta hoy niveles críticos de violencia y desplazamiento interno; en Colombia, la reconfiguración de grupos criminales tras el repliegue de estructuras guerrilleras ha erosionado el control territorial del Estado. El patrón es consistente: las transiciones políticas mal gestionadas y los vacíos de poder abren oportunidades al crimen organizado. Donde el Estado retrocede, la violencia se instala y se normaliza.

Para México, este escenario es particularmente riesgoso. La violencia interna ya alcanza niveles estructurales alarmantes y la expansión de redes criminales regionales complica la trazabilidad, genera zonas grises y supera, en algunos territorios, la capacidad operativa del Estado. La crisis venezolana y el caso iraní ofrecen una advertencia clara: los problemas de seguridad interna no deben externalizarse ni compensarse con discursos defensivos o ambigüedades estratégicas.

La lección es incómoda pero necesaria. La rigidez estratégica puede preservar coherencia a corto plazo, pero limita la adaptación y convierte los desafíos internos en vulnerabilidades estructurales. Para México, la respuesta no pasa por reproducir esquemas de control o externalización del conflicto, sino por fortalecer instituciones, consolidar el Estado de derecho y construir legitimidad democrática. En un mundo multipolar y desordenado, la fortaleza interna es la condición indispensable para preservar autonomía, seguridad y capacidad de decisión.

Fernando Jiménez Sánchez

Investigador del SECIHTI en El Colegio de Jalisco, colaborador de CIS-Pensamiento Estratégico, investigador invitado del USMEX-UCSD y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I.

Francisco Franco Quintero Mármol

Director de CIS Pensamiento Estratégico y catedrático en temas de seguridad e inteligencia.

Julio Macés León

Comunicólogo, abogado y maestro en gobernanza, host de los podcast La Gazzetta de México e Informe Estratégico y egresado del Programa de Seguridad Nacional de la UIA y de Terrorismo y Narcotráfico por el CISDE.