La paz en Colombia, en la cuerda floja

En las últimas semanas, Colombia se ha estremecido por al aumento de las masacres en zonas tradicionalmente afectadas por el conflicto armado. A pesar de que en términos globales el país registra la tasa de homicidios más baja en los últimos 46 años (23.1 por cada 100 000 habitantes), esta forma de violencia atroz que son las masacres ha incrementado 30 por ciento en los últimos dos años. De acuerdo con cifras de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, en 2019 se registraron 36 masacres en el país, la cifra más alta registrada desde 2014. En lo que va de 2020 —aún con medidas de confinamiento producto de la pandemia— ya van más de 50.

Además, otras formas de violencia asociadas al conflicto armado como el reclutamiento forzado y las víctimas por minas antipersona también crecieron. A lo anterior se suma al elevado número de excombatientes (cerca de 220 exmiembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y de líderes sociales asesinados (971) desde la firma de los acuerdos de paz con dicho grupo armado.

Mientras el país busca explicaciones y el gobierno intenta detener el derramamiento de sangre, este nuevo ciclo de violencia parece no detenerse. Con la polarización política por el juicio al expresidente Uribe y la implementación insuficiente de los acuerdos de paz como trasfondo, las cifras se acumulan en un país que se ha acostumbrado a vivir con el dolor de la guerra. No es fácil entender lo que está sucediendo ni las dinámicas —sobre todo locales— que subyacen al potencial colapso de la paz en Colombia.

Ilustración: Fabricio Vanden Broeck

Abandonar los relatos estratégicos

Las lecturas sobre las dinámicas del crimen en Colombia, así como las políticas para mitigarlas, han estado atravesadas por dos grandes relatos que hoy resultan insuficientes para explicar la violencia crónica, siendo éstas la narrativa de guerra contra las drogas y la del conflicto armado. Ambas han dominado la imagen que se tiene del país a nivel internacional pero también han sido la matriz de interpretación para el diseño de las políticas de seguridad, simplificadas en la dañosa pero políticamente rentable expresión del “narco-terrorismo” que fascina a políticos y analistas.

Aunque ambas realidades —la guerra contra las drogas y el conflicto armado— hacen parte de nuestra historia presente y en buena medida explican los ciclos de violencia que cada década nos ponen de cara a un nuevo proceso de negociación con grupos armados, estas narrativas terminan por confundir al público, e incluso a tomadores de decisión. Más allá de estos metarelatos, resulta urgente superar los lugares comunes para entender las dinámicas de violencia que han impedido la consolidación de la paz.

Vacío de poder

Uno de los lugares comunes sobre el nuevo escenario de confrontación armada es que con la salida de las FARC se creó un vacío de poder regional que pasó a ser ocupado por otros grupos armados. Lo cierto es que, al menos en política, el vacío es un concepto inoperante. Salvo en muy contadas excepciones a partir de 2002, las FARC lograron tener un control territorial exclusivo sólo en determinadas zonas del país. Ese fue justamente el éxito de la estrategia contrainsurgente de Álvaro Uribe Vélez.

Si bien hay una reorganización de las rentas ilegales producto de la ventana de oportunidad generada por la entrega de armas de las FARC, la realidad es que diferentes formas de autoridad más o menos estructuradas —incluido el Estado— siempre han convivido en los territorios tradicionalmente afectados por la violencia. Desde resguardos indígenas, organizaciones campesinas, asociaciones de cultivadores de hoja de coca, consejos comunitarios, hasta actores extralegales de diferente índole han definido, aún después de la desmovilización de las FARC, la manera de organizar el territorio.

Sí hay, sin embargo, una alteración de las reglas y los mecanismos mediante los cuales el grupo guerrillero interactuaba con esas formas de autoridad local, con otros grupos ilegales y con el propio Estado. Estas formas de interacción, que podían estar marcadas por el conflicto, la cooperación, la competencia o la cooptación, hoy son altamente inestables e imposibles de leer con los lentes de la “estrategia nacional”.

Está alteración más no ausencia de regalas de juego podría deberse a que una de las características de las FARC es que eran el único grupo armado capaz de funcionar como uno solo en las diferentes regiones del país. Lo que tenemos ahora son milicias locales que pelean diferentes conflictos armados altamente localizados. Ni el ELN, ni las propias disidencias de FARC, ni el Clan del Golfo, ni mucho menos las decenas de milicias locales dedicadas de lleno a la acumulación de rentas ilegales pueden leerse como actores monolíticos. Por más que su accionar tenga alcances en diferentes partes del país, este es diferenciado, intermitente y muchas veces contradictorio. Ese es el caso del ELN, cuya balanza de poder interna está altamente inclinada hacía el Frente de Guerra Nororiental en la frontera con Venezuela, mientras su dirección política permanece aislada en Cuba. Así como pelea sendas guerras contra el Clan del Golfo —principal heredero de las estructuras paramilitares— en el Pacífico, mantiene pactos de no agresión con este mismo grupo en zonas del Caribe Colombiano. 

Ausencia del Estado

La idea del vacío de poder aparece siempre de la mano con otra, quizás más contraproducente desde el punto de vista de las políticas de seguridad: la ausencia del Estado. En contextos como el latinoamericano en el cual la norma es que los Estados ejerzan sus funciones de manera limitada o diferenciada, la pregunta más importante es por qué en determinadas regiones, el Estado decide de manera voluntaria no ejercer el monopolio de la fuerza, incluso teniendo la capacidad para hacerlo. Tal como lo demuestran Guillermo Trejo y Sandra Ley en el caso mexicano, en Colombia la economía política del crimen organizado gira entorno a la construcción competitiva del Estado: no se trata de su ausencia; es que hay otras formas de estatalidad, de gobernanza criminal, o de delegación de la autoridad estatal en manos de actores ilegales.

Desde luego las limitaciones del Estado Colombiano para proveer seguridad, justicia y servicios públicos son muy serias en aquellas zonas donde operaban las FARC. No obstante, no están relacionadas con la cantidad de Estado que haya en determinado municipio, sino con su calidad y con las interacciones entre agentes del Estados y economías ilegales. Por difícil que sea de entender, en muchas regiones la existencia del Estado no es sinónimo de legalidad ni de seguridad. Esto es palpable sobre todo en zonas fronterizas donde, por definición, la estatalidad y los limites jurisdiccionales están en disputa permanente y obedecen a una negociación permanente entre éste, las comunidades dedicadas a economías ilegales como el contrabando y los grupos armados o milicias que allí operen.

Estos lugares comunes —vacío de poder y ausencia del Estado— explican en gran medida la trampa en la que caemos muchas veces al hablar de presencia de un grupo armado, o de un cártel. Por ejemplo, al equiparar la ocupación territorial de determinado actor con acciones puntuales como ataques armados, mensajes de propaganda en las paredes de un municipio, o repartición de ayudas sociales.

Un ejemplo vergonzoso de esta trampa cognitiva es la carrera que viene haciendo, en los medios de comunicación colombianos, el discurso de la mexicanización de la confrontación armada en el país producto de la presencia de emisarios de Sinaloa y del Cártel de Jalisco Nueva Generación en zonas de cultivo y procesamiento de clorhidrato de cocaína. Algo apenas natural en el contexto de los circuitos transnacionales del trafico de drogas.

Anarquía criminal

En el caso colombiano, la noción de vacío de poder es el corolario de la idea de la anarquía criminal. De acuerdo con quienes sostienen este argumento, ya que no hay más un actor hegemónico —en este caso las FARC, aunque en realidad no siempre lo fue— entonces lo que tenemos es una constelación de grupos criminales pelándose de manera indiscriminada unos contra otros.

Aunque es una idea cómoda para describir lo que no se entiende, en Colombia no estamos ante una anarquía criminal. Hemos transitado en los últimos años hacia la emergencia de milicias regionales, altamente localizadas y ancladas comunitariamente, que vienen atravesando por un proceso de degradación cuyos repertorios nos remontan a la peor época del paramilitarismo: masacres, desmembramientos, desapariciones forzadas y desplazamientos masivos.

Sin embargo, a pesar de dicha degradación, explicada también por un ethos mafioso de pequeños capos, las economías ilegales más rentables incluyendo la del narcotráfico, siguen siendo altamente organizadas. Es más, gran parte de la violencia que estamos viviendo no se explica necesariamente por el narcotráfico sino por el intento de estas milicias intermedias de constituirse en regímenes armados a nivel local para controlar un portafolio diversificado de economías ilegales (v. g. minería ilegal, explotación ilegal de madera, contrabando), uno de economías informales (v. g. prostitución, prestamos de usura, transporte informal), y la extorsión de economías legales (v. g. explotación de hidrocarburos, la agroindustria y la ganadería).

Un claro ejemplo de las limitaciones explicativas de la idea de una anarquía criminal asociada al negocio del narcotráfico es el caso de frontera con Venezuela. Allí el cierre fronterizo impuesto por el gobierno bolivariano ha hecho que el control de los pasos informales entre ambos países se convierta en la principal renta ilegal del crimen organizado en un contexto en donde más de cuatro millones de venezolanos han abandonado su país en la última década. Un juego de poder en el que muchas veces el Estado y grupos armados comparten intereses como el control poblacional de inmigrantes irregulares.

El panorama no es nada alentador pues el gobierno padece de la misma miopía de la que padecemos muchos investigadores del crimen y la violencia en Colombia. En un contexto en el que se requiere flexibilidad operativa, perspectiva local y diálogo con las comunidades más afectadas por la violencia, se ha decidido incrementar la fallida estrategia de la erradicación forzada contra las comunidades, desconociendo las ya documentadas diferencias entre las economías de guerra, las economías ilegales y las economías de supervivencia.

Por lo pronto las explicaciones del regreso a formas de violencia que se consideraban ya superadas y su relación con economías ilegales, así como las posibles soluciones que contribuyan a parar este nuevo derramamiento de sangre están en lo local. Cerca de donde pretenden instalarse nuevos regímenes de gobernanza armada y lejos de los grandes discursos de la guerra contra las drogas.

Jorge Mantilla
Politólogo, doctorando en Criminología, Derecho y Justicia de UIC Chicago. Ha trabajado como consultor para gobiernos locales y organizaciones internacionales en temas de conflicto armado, seguridad ciudadana y política de drogas. Actualmente se encuentra interesado en temas de gobernanza criminal, fronteras y violencia urbana.