El reto antiterrorista y de seguridad nacional mexicano

Desde sus primeras horas de mandato, el presidente Donald Trump inició un proceso de cambios internos y externos con impacto global. La doctrina de «Hacer América Grandiosa de Nuevo» (MAGA, por sus siglas en inglés) está teniendo consecuencias para el marco de seguridad de México. La visión antiterrorista y de seguridad nacional de los Estados Unidos exige ser analizada pues tiene implicaciones para el paradigma de trabajo de las instituciones mexicanas y su actualización. El marco preventivo y anticipatorio, mixto (civil y militar) y de excepcionalidad, buscado durante años en México, puede finalmente ser instaurado y modificar cuatro esferas que analizaremos.

El primer cambio realizado por la nueva administración de Donald Trump, y probablemente el de mayores consecuencias para la seguridad bilateral, es la designación de seis organizaciones criminales mexicanas como terroristas^[1]. Junto con la declaratoria de emergencia nacional en la frontera sur de su país^[2], estas acciones ampliaron las opciones y los instrumentos para la prevención y persecución de actividades y actores criminales/terroristas a nivel mundial, así como el despliegue de sus fuerzas armadas en la frontera sur.

El régimen de excepcionalidad en materia de antiterrorismo y seguridad nacional amplía los poderes de las instituciones de seguridad a costa de los derechos de las personas. Por ello, en un país como México, con instituciones y controles internos débiles, corrupción institucional, propensión al abuso, transparencia limitada y mínima rendición de cuentas, es necesario debatir y vigilar los poderes extraordinarios que conlleva el marco antiterrorista y de seguridad nacional que estamos desarrollando.

Cuatro esferas de acción

Aún obviando el problema con el Estado de derecho y los dilemas éticos, para instaurar un marco de seguridad preventivo y anticipatorio, sería necesario aumentar el control que las autoridades ejercen en cuatro esferas: sobre las personas, sus actividades y bienes, y sobre el territorio^[3].

El control de las personas es inviable a corto plazo pues México carece de un documento de identidad obligatorio, con el que se puedan crear bases de datos personales que garanticen dicho control. Si bien las autoridades tienen el poder de realizar revisiones aleatorias y solicitar la identificación de las personas, estas no están obligadas a identificarse ante los oficiales de policía o las fuerzas armadas.

La propuesta de convertir la Clave Única de Registro de Población (CURP) que es un código único de identidad para todos los residentes del país en una identidad nacional sería un avance, pero dada la experiencia pasada, hay poca claridad sobre su viabilidad a corto plazo. Por lo tanto, las autoridades seguirán sin poder controlar completamente a los ciudadanos. Además, la creación de la CURP no sería suficiente; se necesitaría modificar la ley para obligar a los ciudadanos a portarla y presentarla ante las autoridades policiales y militares cuando se les requiera y establecer sanciones o penas ante el incumplimiento.

Aunado a esto, el control de las actividades es complicado. México carece de sistemas de recolección, almacenamiento y análisis de datos para el control de las actividades de las personas y de los poderes para prevenir y anticiparse a los delitos. El país carece del marco normativo y de las capacidades tecnológicas necesarias para vigilar el comportamiento de las más de 130 millones de personas que viven en él a pesar de que los datos existen: alrededor del 95% de los mexicanos tienen teléfono celular, es posible instalar un GPS en los vehículos, alimentar e interconectar los sistemas de CCTV públicos y privados e instalar sistemas de reconocimiento (facial, vehicular y de comportamiento)

La propuesta de reforma para crear un sistema que ayude a controlar las actividades de las personas sería un avance, pero dada la falta de confianza ciudadana en las instituciones, de la ausencia de un marco normativo adecuado y de recursos financieros y humanos, será difícil llevarla a cabo. El esquema que podría plantearse para subsanar esta deficiencia es actuar bajo investigación y en tiempo real, aunque ello implique un enfoque reactivo en lugar de preventivo y anticipatorio frente a los delitos.

El control de los bienes es deficiente. Los tres niveles de gobierno son responsables de generar y actualizar los registros administrativos; sin embargo, sus diferencias en prioridades, capacidades y recursos hacen que el país carezca de registros nacionales confiables, completos y actualizados de los bienes de los ciudadanos. Esta situación, junto con el uso extendido del efectivo, la falsificación de documentos y las prácticas familiares y comunitarias, dificulta tener certeza sobre la propiedad y disfrute de los bienes.

La mejora de los registros civiles en los tres niveles de gobierno sería un avance y un elemento clave dentro del futuro sistema de inteligencia que se pretende crear. Sin embargo, dadas las circunstancias de los registros, la falta de incentivos y recursos, las malas prácticas y la corrupción en los mismos, mejorarlos para interconectarlos y analizarlos con el fin de prevenir y anticipar los delitos resulta una tarea compleja.

Finalmente, el control del territorio es deficiente. Desde hace más de seis años, México ha desplegado de manera extensiva fuerzas armadas para la vigilancia y control territorial. El Ejército y la Marina, junto con la Guardia Nacional, con un estado de fuerza combinado de poco menos de medio millón de elementos, se suman a los cerca de trescientos mil policías estatales y municipales para vigilar el territorio nacional. El traspaso de los puertos, aeropuertos y aduanas, así como la vigilancia de las fronteras del país a las fuerzas armadas es un avance para controlar el territorio.

Aunque no se ha presentado una reforma para ampliar el control territorial, un inmenso aumento de los presupuestos de las Fuerzas Armadas y de las policías locales podría conllevar una ampliación de las capacidades de control territorial. El incremento en el número de elementos, vehículos y tecnologías para la vigilancia resultará útil y podría significar un aumento sustancial de las capacidades físicas y virtuales del gobierno, lo que, sumado a la gestión de fronteras, puertos y aeropuertos, ampliaría el control del territorio.

Las medidas de control en estas cuatro esferas son complicadas de implementar a corto plazo e implican grandes debates éticos. La convicción e intención de las autoridades federales de instaurar un marco preventivo y anticipatorio antiterrorista y de seguridad nacional para mejorar la situación del país y responder a las expectativas y necesidades, al menos de los Estados Unidos, es insuficiente para el esfuerzo nacional que se tiene que desarrollar.

Fernando Jiménez Sánchez es investigador del SECIHTI comisionado a El Colegio de Jalisco y colaborador de CIS-Pensamiento Estratégico. Coordina el Grupo de Trabajo Interinstitucional de Seguridad Metropolitana (GTISM).

[1] Víctor Antonio Hernández Ojeda, “Las consecuencias de la etiqueta terrorismo”, Nexos, 11 de marzo 2025, https://seguridad.nexos.com.mx/las-consecuencias-de-la-etiqueta-terrorismo/

[2] The White House, Declaring a National Emergency at The Southern Border of The United States, 20 de enero 2025, https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/declaring-a-national-emergency-at-the-southern-border-of-the-united-states/

[3] Alex P. Schmid, Terrorism Prevention: Conceptual Issues (Definitions,Typologies and Theories), en Handbook of Terrorism Prevention and Preparedness, International Center for Counter Terrorism, https://icct.nl/sites/default/files/2023-01/Handbook_Schmid_2020.pdf