¿Desaparecido = Sicario?

Una hipótesis que flota en la discusión pública es que los hombres desaparecidos en la guerra contra las drogas fueron reclutados por las organizaciones criminales en México. Aunque quizás algunas personas desparecidas pudieron ser jóvenes reclutados, me preocupa que, por la tendencia generalizante de nuestro debate público, se crea que todo hombre desparecido es un sicario. Debido a esta generalización, una diversidad de formas en que las personas desaparecen en México termina en la oscuridad de la atención pública. De hecho, con los datos disponibles, creo que difícilmente se puede afirmar que la mayoría de las personas desaparecidas son sicarios.

Hasta ahora, una reciente investigación indica que la lógica de la desaparición es esencialmente política: desaparecer a alguien permite a los perpetradores controlar narrativas y vidas, en buena medida para reprimir disidencias locales.^[1] De ahí la necesidad de ofuscar la memoria de la persona desaparecida y dirigir hacia ella la culpabilidad de su propia desaparición.^[2] En la Guerra Fría se acusaba a los desaparecidos de ser agentes de fuerzas intervencionistas. En la guerra contra las drogas, surgió el “andaban en algo” para implicar que una persona desaparecida fue reclutada por una organización criminal.^[3]

Sin embargo, esa misma implicación no solo está en los labios de los líderes políticos, sino también en los académicos, periodistas y comentaristas que inmediatamente piensan que las personas desaparecidas ya fueron asesinadas, lo cual entre líneas refuerza la idea de que “estaban en algo”. Por ejemplo, recientemente en un artículo en la revista Science, un grupo de investigadores incluyó la cifra de personas desaparecidas como sicarios que fueron asesinados para hacer sus cálculos.^[4] No me extraña que suceda: en más de una ocasión en la que he enviado resultados de mi investigación sobre homicidios, otros colegas académicos me han insistido en que use la cifra de desaparecidos como una “cifra negra” de homicidios.

Me he negado a hacer esta comparación por tres razones. La primera es esencialmente práctica. Suponiendo sin conceder que algunas de las personas desaparecidas pudieron ser sicarios, simplemente el perfil demográfico entre ambos grupos no parece no corresponder. En la tabla a continuación se pueden ver tres fuentes de información: víctimas de homicidio, presos por homicidio y personas desaparecidas, separados por género. Mientras que las víctimas y los presos son predominantemente hombres, las personas desaparecidas son 45% mujeres. En cuanto a edad, el perfil puede parecer similar, sin embargo, como reportó Data Cívica, la concentración mayor de personas desparecidas debajo de 29 años son mujeres entre 12 a 17 años, lo cual hace pensar que su desaparición no necesariamente se debe a reclutamiento por crimen organizado sino por otros delitos como tráfico de personas y delitos sexuales.^[5]

Nuevamente, suponiendo sin conceder que quizás algunos el conteo de hombres jóvenes desaparecidos podría ser de posibles sicarios, no contamos información suficiente para establecer el perfil de un sicario con los de las personas desparecidas. Por ejemplo, no contamos con datos sociodemográficos más extensos como lugar de nacimiento, condición socioeconómica, y nivel educativo.

Justo esto me lleva a mi segunda razón: no sabemos qué pasó con estas personas. Así de sencillo. A menos que haya una investigación judicial o independiente que nos dé señales, lo que es intelectualmente honesto es reconocer que no sabemos de estas personas y no podemos especular sobre si terminaron en las filas de una organización criminal. Como argumentó Keith Krause, usar estimaciones basadas en supuestos (es decir, que quien elabore una base de datos determine quién despareció y si fue reclutado) es problemático porque no está respaldado en evidencia física.^[6]

Entiendo que políticamente es muy difícil que se acepte que no sabemos que sucedió con las personas desaparecidas. El caso de Ayotzinapa es paradigmático por eso: para varios sectores era fundamental definir un perfil de la persona desaparecida. Como ha documentado Johan Gordillo, es por eso por lo que los movimientos sociales de desaparecidos en México han hecho un énfasis la demanda por verdad.^[7] El hecho de que las investigaciones de las desapariciones en México están inconclusas muestra que, sin restos humanos y mejor información forense y criminalística, posiblemente no sepamos qué sucedió.

La última razón es que el derecho internacional de los derechos humanos es claro en determinar que una persona desaparecida no puede ser declarada muerta con evidencia circunstancial. Como indicó el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, solo prueba de vida o fallecimiento permite modificar el estado legal de desaparición.^[8] Por lo tanto, atribuirle una historia a un desaparecido viola el derecho de las familias y las personas desaparecidas a la verdad.

Entiendo que lo sucedido en el rancho de Teuchitlán, presuntamente empleado como un centro de adiestramiento, es una poderosa imagen que crea en sí misma una narrativa que termina siendo unívoca para los medios: los desaparecidos son sicarios, es un proceso generalizado, y las madres están negándose a reconocer que sus hijos “andaban en algo”. Esta imagen es una representación simplista.^[9] Seguro habrá algunos casos de reclutamiento, pero también existen otros escenarios más sencillos y terribles: reclutamiento en escuelas; desapariciones derivadas de un error por un oficial que disparó en la noche; una mujer víctima de tráfico sexual, o un joven que salió de prisión ya afiliado a una organización. Quizás podamos encontrar algunos patrones, pero cada historia de desaparición es un misterio hasta que se investigue.

Hay algo que sí sabemos: el perfil sociodemográfico predominante de los presos, las víctimas y las personas desaparecidas es de la clase trabajadora.^[10] La guerra contra las drogas creó un mercado violento que captura en sus intercambios a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. La prohibición de las drogas ha determinado que estas vidas valen menos. No creo que haya un programa social suficiente que pueda efectivamente eliminar este problema, a menos que nos deshagamos totalmente de la desigualdad. Mientras tanto, lo que sí podríamos hacer para tener menos escenas como Teuchitlán es abolir el mercado negro de la prohibición de drogas.

Raúl Zepeda Gil

Asociado de Investigación del Departamento de Desarrollo Internacional de la Universidad de Oxford, y Asociado de Enseñanza del Departamento de Estudios de Guerra por King’s College London. Toda opinión expresada aquí es a título personal.

[1] Aguilar, P., & Kovras, I. (2019). Explaining disappearances as a tool of political terror. International Political Science Review, 40(3), 437-452.

[2] Cohen, S. (1996). Government responses to human rights reports: Claims, denials, and counterclaims. Human Rights Quarterly, 18(3), 517-543.

[3] Moon, C., & Treviño‐Rangel, J. (2020). Involved in something (involucrado en algo)”: Denial and stigmatization in Mexico’s “war on drugs. The British Journal of Sociology, 71(4), 722-740.

[4] Rafael Prieto-Curiel et al., Reducing cartel recruitment is the only way to lower violence in Mexico. Science, 381,1312-1316(2023).

[5] Valdivia, M., & Castro, R. (2013). Gender bias in the convergence dynamics of the regional homicide rates in Mexico. Applied Geography, 45, 280-291.

[6] Krause, K. (2013). Challenges to counting and classifying victims of violence in conflict, post-conflict, and non-conflict settings. Counting Civilian Casualties, 265-85.

[7] Gordillo García, Johan (2025). Framing, Counterframing, and Discoursive Fields in the Mobilizations Against Criminal Violence in Mexico. Mobilization: An International Quarterly, 29(2), 205-228.

[8] Comité contra la Desaparición Forzada (2019). Principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas, CED/C/7, 8 de mayo.

[9] Recomiendo la lectura sobre estos temas hecha por Escalante, Fernando. (2012). El crimen como realidad y representación. Contribución para una historia del presente. México, El Colegio de México.

[10] Zepeda Gil, R. (2024). Escaping precariousness: criminal occupational mobility of homicide inmates during the Mexican drug war. Journal of Illicit Economies and Development, 6(1).