Con cabeza fría: cinco puntos del tercer debate

El tercer debate presidencial versó, entre otros temas, sobre “inseguridad y crimen organizado”,¹ mismos que desde hace varios años capturan las notas en medios y la conversación pública. Este artículo pone la lupa sobre una selección de materias abordadas por las personas contendiendo por la titularidad del Poder Ejecutivo, en un contexto de violencia perpetrada contra población civil, periodistas, mujeres y defensoras de derechos humanos. Nuestro objetivo es ahondar en problemas de urgente atención y que pueden pasarse por alto en el marco de un formato poco propicio para analizar a detalle las propuestas.

Contexto

Primero, conviene recordar que desde que el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) desplegó en 2006 a las Fuerzas Armadas y a la Policía Federal para atacar las estructuras operativas del narcotráfico, la violencia criminal no ha sido controlada de manera sostenida ni se ha logrado regresar la tasa de homicidio doloso a niveles previos a 2007.² Y si bien el aumento en la tasa de homicidios doloso ha mostrado una desaceleración en los últimos años, el comportamiento del fenómeno no está libre de duda: a las inconsistencias en la clasificación estadística de muertes violentas en la Ciudad de México (CDMX) y en otros estados, lo que afecta principalmente a las muertes violentas de mujeres, se suma el pronunciado incremento en las cifras de personas desaparecidas (algunas de las cuales podrían haber sido víctimas de homicidio). También, debe considerarse la falta de capacidades institucionales en todo el país para la identificación científica de cadáveres sin identificar (entre ellos, posibles víctimas de desaparición forzada u otros delitos), que dificulta tener certeza sobre el número real de personas asesinadas en México. Cualquier evaluación rigurosa de la reducción de homicidios en México debe tener lo anterior en cuenta.

Por su parte, el mapa de la delincuencia organizada se encuentra en cambio permanente. La fragmentación de los viejos cárteles mexicanos ha provocado que hoy se cuenten al menos 150 grupos criminales activos en los 32 estados del país y estos han diversificado sus actividades más allá del tráfico de drogas e influyen en la vida política del país a través de ataques a personas funcionarias del gobierno, candidatas, activistas y periodistas.

Delitos como la extorsión han ido en aumento; el número de carpetas de investigación por extorsión han aumentado de 6721 en 2018 a 10 337 en 2023. Este indicador es apenas la punta del iceberg si se considera que apenas el 2.6 % de los casos de extorsión llegan a generar una carpeta de investigación. Paradójicamente, lo que sí se ha reducido es la percepción de inseguridad, de 76.8 % en el primer trimestre del 2018 pasó a 61% en el primer trimestre de 2024. Los problemas hasta ahora mencionados están enmarcados por una falta de acceso a la justicia y a la corrupción, pues se estima que se resuelven sólo 1 de cada 100 de delitos.

Las propuestas

A continuación presentamos un conjunto de reflexiones enfocadas en cinco temas que, consideramos, deben mantenerse al centro de los cuestionamientos a las candidatas y el candidato.

El futuro de la Guardia Nacional

La adscripción y la naturaleza de la Guardia Nacional (GN) —no así su desempeño en seguridad— habrá sido uno de los temas más discutidos a lo largo del sexenio de López Obrador y podría seguirlo siendo. Aun después de la declaratoria de invalidez de la adscripción militar de la GN por parte de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) en 2023, Claudia Sheinbaum se pronunció por “más y mejor Guardia Nacional” (en un guiño aparte de su estrategia con la policía de la CDMX en su gobierno), mientras que Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez se pronunciaron por un mando civil en la institución federal. Sin embargo, en una entrevista posterior al debate, Sheinbaum se manifestó abiertamente por un mando militar para la institución.

De ser presidenta, Sheinbaum requeriría de una reforma constitucional para materializar su visión de una Guardia militar, o, de plano, ignorar el mandato constitucional como lo ha hecho hasta ahora el gobierno de López Obrador. Hoy por hoy, la Guardia Nacional está en una situación irregular bajo mando militar. Por otro lado, cuando Gálvez propuso que las Fuerzas Armadas se enfocarán en sus funciones constitucionales, no especificó si éstas incluyen hacer frente a la delincuencia organizada en territorios hoy en su poder, como en Michoacán o Guerrero, o si serán retiradas de las tareas de apoyo a autoridades civiles en seguridad pública.

Prisión preventiva oficiosa y capacidad de investigación

Durante el debate, Sheinbaum mencionó que “60 000 delincuentes saldrían de la cárcel” si se elimina la figura de prisión preventiva oficiosa (PPO). Sin embargo, lo que pretende hacer la SCJN es acatar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en donde se establece que ésta es una figura violatoria de derechos humanos al privarse de la libertad a una persona que no ha sido sometida a juicio ni ha sido condenada. No saldrían “60 000 delincuentes”, sino que se daría paso a respetar el principio de presunción de inocencia al permitirles solicitar en audiencia una revisión de su medida cautelar. La misma Sheinbaum mencionó en el programa “Tercer Grado” que “las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario”, cuando se refirió a las acusaciones contra Arturo Zaldívar.

La PPO no sólo viola la presunción de inocencia, sino que recrudece la desigualdad. De acuerdo con el último Censo de Sistema Penitenciario, casi la mitad de las personas privadas de la libertad no cuentan con una sentencia; y en Michoacán y Baja California, el 100 % de las mujeres sin sentencia fueron encarceladas de manera “automática” mediante PPO. Una visión de justicia social no puede seguir reproduciendo patrones de desigualdad que se recrudecen mediante medidas punitivas y no resuelven los problemas estructurales. El reto frente al siguiente sexenio es responder a las necesidades de fortalecimiento y presupuestales de la procuración de justicia a nivel local.

Atención a las causas

En cierta manera, todas las candidatas hicieron referencia a las causas estructurales de la violencia. Sheinbaum se refirió a “atención a las causas” y Gálvez dijo que invertiría en “cultura, deporte y espacios públicos”. Las teorías de “causas primarias” o “fenómeno del crimen” han sido extensamente estudiadas, tanto a nivel individual, como social. Existen programas con enfoque comunitario que se basan en estrategias para promover lazos sociales, oportunidades laborales y desarrollo de habilidades en Estados Unidos y en Medellín, Colombia. Sin embargo, estos programas parten de (a) un acercamiento a los grupos locales para comprender sus dinámicas y (b) fuertes liderazgos locales y creación de lazos de confianza entre autoridades locales y su comunidad. Para ello, las candidatas deberían de explicar cómo proponen conocer mejor las dinámicas locales criminales y desarrollar la capacidad local para implementar este tipo de programas.

Prohibicionismo

Álvarez Máynez mencionó en su intervención acabar con el prohibicionismo.  La regulación de la cannabis es un tema pendiente del Congreso tras la resolución de la SCJN en defensa del derecho al libre desarrollo de la personalidad; además, es un paso necesario para garantizar los derechos y reducir la violencia contra las personas usuarias de sustancias psicoactivas y aquéllas relacionadas en los procesos de producción y distribución. En ese sentido, es uno de los primeros pasos necesarios para reducir la violencia. Sin embargo, ante la diversificación de las fuentes financieras del crimen organizado, una estrategia más comprehensiva para hacer frente al crimen organizado requeriría acciones encaminadas al monitoreo de la expansión de grupos criminales en sectores legales, la detección de fuentes para el lavado de dinero y una mayor cooperación con autoridades investigadoras internacionales.

Modelo de la CDMX

Al centro de la propuesta de la candidata Sheinbaum se encuentra replicar la política de seguridad durante su gestión, la cual a su juicio fue exitosa. Sin embargo, la Ciudad de México y sus condiciones son en varios sentidos lo que se considera un outlier o caso atípico. Por nombrar solo algunas, el número de policías con los que cuenta (por lo menos 40 000), el mando policial centralizado en el gobierno de la CDMX o la más alta densidad poblacional del país. Dichas condiciones no las tendrá la Guardia Nacional a su favor: ni personal para una cobertura suficiente, ni mando sobre los otros órdenes de gobierno, ni ciudades compactas que patrullar. La pregunta queda en el aire: ¿cómo aterrizaría la GN el modelo CDMX en municipios prioritarios como Ciudad Juárez, Chihuahua, Suchiate, en Chiapas, o Apatzingán, Michoacán?

En conclusión, ningún candidato logró desarrollar una estrategia coherente con objetivos y acciones claras y alineadas a un diagnóstico. Por un lado, Sheinbaum propuso la réplica de un modelo que no ha sido evaluado (y cuya evaluación rigurosa requeriría de garantizar la validez de datos de seguridad). Gálvez no profundizó en ninguna estrategia más allá de establecer objetivos genéricos como el fortalecimiento de la policía. Y, si bien Álvarez Máynez propone en su Plan Nacional de Pacificación una serie de objetivos necesarios y algunas pistas de acciones concretas,³ no abordó el tema de la corrupción de autoridades y la rendición de cuentas.

Lilian Chapa Koloffon
Especialista en seguridad pública

Ytzel Maya
Investigadora y escritora. Doctorante en Ciencia Política en el CIDE

Samantha Pérez Dávila
Doctorante en la Pardee RAND Graduate School, analista de políticas públicas, y editora de este espacio

¹ Para consultar la versión estenográfica del tercer debate, da click aquí.

² En 2006, las procuradurías de justicia del país reportaron al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública un total de 11 806 carpetas de investigación por homicidio doloso; 21 459 para 2012;  29 000  en 2018 y 25, 284 carpetas por homicidio doloso en 2023.

³ El candidato ha expresado que promovería, por ejemplo, el aumento de personal en los ministerios públicos, mejorar las prácticas forenses, capacitar a policías y desarrollar un proceso de justicia transicional.