Se entiende que las campañas presidenciales no son un buen momento para reflexiones profundas ni para el pesimismo. De cierta forma, las campañas son el triunfo del voluntarismo: nadie nunca ganó una elección diciendo que no hay soluciones fáciles ni obvias, que casi nada saldrá como se espera y habrá que intentar otra cosa. No, en el mitin, el spot, la entrevista, en el tuitazo de lujo, se debe repetir un mensaje sencillo y a prueba de balas: “yo triunfaré donde todos los demás han fallado” o, si se prefiere, “yo sí tengo todas las soluciones, soluciones innovadoras, maravillosas, hermosas, nunca vistas… sólo esperen a que me den las llaves”.

Luchar contra el voluntarismo es una tarea ingrata y francamente inútil. Y es por eso que en esta ocasión, en lugar de un sesudo análisis y una lista de recomendaciones/exigencias que no leerán, quiero ofrecer a los candidatos presidenciales un sólo consejo sencillo, gratuito y no solicitado: imitando al gran James Carville, que mucho sabía de mantener la disciplina de mensaje en una campaña, escriban y peguen en su cuarto de guerra un cartel que diga “la seguridad pública es un asunto local, estúpido”.

Es crucial mantenerse disciplinado con el mensaje. De lo contrario, lo más seguro es que caigan, estimados candidatos, en la tentación de prometer que su gobierno se hará cargo personalmente de la seguridad de todos y cada uno de los ciudadanos del país y erradicarán la violencia en todas sus formas.

¿Por qué no deben prometer que resolverán los problemas de seguridad del país con el poder de su personalidad y su firma en un decretazo? Porque no podrán hacerlo. No es una cuestión de motivación o de falta de compromiso con causas imposibles; se trata de una realidad conocida y bastante terca. Consideren cuatro hechos simples—y tres gráficas al respecto.

Hecho simple 1: Los delitos federales son un porcentaje ínfimo de los delitos que se denuncian y resultan en una investigación—que a su vez, son un porcentaje ínfimo de los delitos que de hecho ocurren. El Gobierno Federal no puede, legalmente, hacerse cargo de la investigación de los delitos del fuero común, que son prácticamente todos los que ocurren. Mucho menos, de los delitos que ocurren pero no se denuncian, que son unas 18 veces más que los que se denuncian (Gráfica 1.1).

Gráfica 1: Carpetas de investigación por fuero, 2017

Fuente: SESNSP

Gráfica 1.1: Delitos registrados oficialmente vs. delitos no registrados (estimado), 2016


Fuente: SESNSP, ENVIPE 2017

Hecho simple 2: Una vez que lleguen a la Presidencia no tendrán suficientes policías federales, soldados y marinos para hacerse cargo de la seguridad de calle más que en un puñado de municipios a la vez. Esto, hay que agregar, sólo podría ocurrir por poco tiempo y tendría efectos, en el mejor de los casos, costosos y ambiguos. La práctica totalidad de la fuerza pública está y estará en manos de los gobernadores y presidentes municipales—excepto donde aplique el esquema de mando único estatal.

Gráfica 2: Elementos dedicados a tareas de seguridad pública

Fuente: Censos de Gobierno, INEGI

Hecho simple 3: Nunca habrá suficientes ministerios públicos y peritos para investigar más allá de una mínima fracción de los delitos que se cometen y, una vez que la Procuraduría General de la República de paso a la fiscalía autónoma, ni siquiera podrán controlar lo que pasa con la investigación de delitos federales. Ya no se diga los del fuero común—que, debe recordarse, son prácticamente todos los que ocurren y son responsabilidad de las entidades federativas.

Hecho simple 4: Quien decida tomar las cosas en sus manos, estará absolviendo a gobernadores y presidentes municipales—que probablemente serán de oposición—de toda responsabilidad y culpa. De paso, les permitirá sentarse a ver cómodamente cómo el Gobierno Federal se lleva todo el golpe si las cosas fallan y a compartir, cuando no quedarse con todo el crédito, si salen bien.

No les estoy proponiendo, entrañables candidatos, que ignoren el tema de la seguridad. Tampoco, que reconozcan públicamente que algo que no se ha resuelto en décadas, no se resolverá en un sexenio. En lo absoluto. Como ya dije, jugar al sensato es la mejor forma de hundir una campaña y nadie quiere eso. Lo que les propongo es mucho más simple: pongan la responsabilidad donde debe estar. Ni justicia ni gracia: la ley a secas. No es necesario que se echen sobre la espalda un compromiso que no podrán cumplir y que los perseguirá durante su presidencia, como ya persigue a la de sus predecesores. Basta con prometer que obligarán a otros a hacer su trabajo, en lugar de prometer que harán su trabajo por ellos.

La fantasía de que el Gobierno Federal es omnipotente pero ha sido mal dirigido es justamente eso, una fantasía. Y aunque puede resultar útil en campaña, es la clase de ilusión que se rompe rápida y definitivamente. Les propongo que eviten ganar la elección y perder la presidencia. Que hagan una apuesta consciente desde ahora por entender, fortalecer y utilizar las herramientas y las instituciones con las que sí contarán, en lugar de lamentarse, culpar a los jueces y acusar que nadie coopera con ustedes después de años en la Presidencia. En fin, les propongo que al menos en lo que respecta a la seguridad pública, sean sensatos sin parecerlo. Ya habrá tiempo de sobra para afinar los detalles, se los aseguro. Pero se debe empezar justo ahora, por el eslogan, por el mensaje de esperanza.

 

Jaime López-Aranda Trewartha es especialista en seguridad y justicia. Fue titular del Centro Nacional de Información del SESNSP y Asesor del Comisionado General de la Policía Federal. Ha colaborado también con CIDAC y es miembro del Consejo Consultivo de Seguridad Ciudadana de Tamaulipas.