Para 2018, el Gobierno Federal decidió destinar una vez más recursos para el subsidio del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (Pronapred).1 El presupuesto para dicho rubro el año anterior fue de cero pesos, aún cuando dicho programa se anunció al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto como el eje de la política de seguridad de la administración. Sin embargo, los recursos son mucho menores a los que se habían destinado a prevención social entre 2013 y 2016 y los problemas señalados por múltiples organizaciones de la sociedad civil y académicos no fueron corregidos.

Una de las principales quejas de la sociedad civil y académicos al Pronapred fue que las acciones implementadas con dichos fondos no tenían una teoría del cambio sólida. En otras palabras, no quedaba claro cómo era que las clases de zumba o los huertos comunitarios que se financiaban contribuían a disminuir los factores de riesgo asociados a la violencia y la delincuencia. Sin embargo, los lineamientos de la Secretaría de Gobernación para 2018 no corrigen dicha problemática. En ningún momento se hace referencia a los diagnósticos y evaluaciones que conforme a los lineamientos de años anteriores debieron hacerse y que deberían haber generado líneas base para la toma de decisiones.2 

Por otro lado, tampoco se atendió otra de las principales críticas al programa que radica en su temporalidad. Año con año, los recursos eran transferidos a las entidades federativas entre mayo y julio; éstas hacían sus procesos de licitación y terminaban contratando, cuando todo salía bien, en agosto. Sin embargo, eran comunes los casos de contrataciones en octubre, noviembre o incluso, diciembre. Dado su carácter de subsidio, las acciones debían concluir antes del último día del año, por lo que entre octubre y diciembre los polígonos donde se implementaban los recursos se veían saturados por decenas de empresas consultoras que invitaban a la misma persona a varias actividades simultáneas.

Mucho se habló de cambiar el esquema del Pronapred de subsidio a fondo a efecto de resolver el problema de tener que cumplir con las metas en dos o tres meses, pero sigue siendo un subsidio y este año, igual que los anteriores, veremos decenas de consultoras corriendo en el último trimestre del año para tratar de alcanzar sus metas.

La tercera gran crítica al programa era que operaba como la caja chica de los gobiernos beneficiarios: todo aquello que no era financiable por otros rubros se podía pagar con el Pronapred. En este sentido, los gobiernos locales adaptaban el programa a sus necesidades o agenda e implementaban acciones que poco o nada tenían que ver con la violencia y la delincuencia, y se prestaban para actos de corrupción. Este problema tampoco se resolvió. Aunque se crearon comisiones ciudadanas de evaluación y apoyo que, conforme a los Lineamientos para la integración de los grupos colegiados que en cada entidad federativa supervisarán y evaluarán los programas de prevención que sean financiados con recursos públicos, tienen las siguientes funciones:

-Supervisar y evaluar los programas de prevención social de la violencia y la delincuencia financiados con recursos públicos;

-Dar seguimiento y apoyar la ejecución de las acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia;

Dar recomendaciones sobre los procesos planeación e implementación de las acciones de prevención, a las dependencias y entidades evaluadas;

Dar seguimiento y apoyar, dentro del ámbito de sus atribuciones, a las autoridades competentes en la ejecución de los recursos públicos destinados a la política de prevención social de la violencia y la delincuencia, así como evaluar sus resultados;

Recibir y analizar las recomendaciones e inconformidades de la ciudadanía y de las comunidades atendidas, sobre el funcionamiento de los Centros y la ejecución de las acciones de prevención social, y canalizarlas a las autoridades competentes para su atención.

los Lineamientos para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito (2018) no les dan herramientas para ser un verdadero cambio en este sentido.  La única mención de las comisiones ciudadanas de evaluación y apoyo en dichos lineamientos se limita a los siguiente:

Artículo 18.- Las entidades federativas deberán remitir a las Comisiones Ciudadanas de forma trimestral, dentro de los diez días hábiles siguientes a la terminación del trimestre de que se trate, toda la información a que se refiere el presente Capítulo y deberán otorgar las facilidades necesarias a fin de que éstas puedan realizar las funciones establecidas en los "Lineamientos para la integración de los grupos colegiados que en cada entidad federativa supervisarán y evaluarán los programas de prevención que sean financiados con recursos públicos" publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de marzo de 2017.

Aunado a lo anterior, dichas comisiones ciudadanas de evaluación y apoyo duplican actividades y funciones con las comisiones interinstitucionales de las entidades federativas para la prevención social de la violencia y la delincuencia. 

No sólo se mantienen los errores del pasado en el Pronapred para el 2018, si no que se generan nuevos problemas al promover la centralización de las actividades de prevención social de la violencia y la delincuencia en centros integrales de prevención social que duplican actividades con los centros comunitarios que operan áreas de desarrollo social.3

Vale la pena preguntarse si las causas de que la política de prevención social no esté dando los resultados esperados están en el diseño conceptual de la misma o en los problemas de implementación. Éste gobierno renunció a corregir las debilidades de esta política pero las lecciones pueden ser útiles para quienes aspiran a la Presidencia de la República este año.

José Andrés Sumano Rodríguez es catedrático CONACYT, Profesor-Investigador de El Colegio de la Frontera Norte, Doctor en Política Pública y exfuncionario del sector seguridad.  


1 El artículo 3 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2017, establece que el Anexo 19 de dicho instrumento, destina $300,000,000.00 (trescientos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), para el otorgamiento de subsidios en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito;

2 Tomando como referencia el objetivo 4, “Fortalecer las capacidades institucionales para la seguridad ciudadana en los gobiernos municipales/demarcaciones territoriales, entidades federativas y federación” y la estrategia 4.2 “impulsar mecanismos que posibiliten la evaluación, comunicación y rendición de cuentas en acciones y resultados de prevención social”, la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana del Gobierno Federal requirió en 2016 a los municipios beneficiarios destinar un porcentaje de los recursos a la elaboración de diagnósticos y evaluación de acciones.

3 El Anexo 3 del Acuerdo lo siguiente: con el propósito de generar los soportes adecuados para el debido desarrollo de los dos ejes estratégicos, se han puesto en marcha cuatro Programas Nacionales que contribuyen a la consolidación de la política pública mediante la focalización, la integralidad y la evaluación de acciones e intervenciones que se llevarán a cabo durante el ejercicio fiscal 2018: a) Comisiones Ciudadanas de Evaluación y Apoyo; b) Centros Integrales de Prevención Social; c) Jóvenes x Jóvenes. Red Nacional para la Prevención Social de la Violencia d) Red de formación de apoyo técnico para la prevención social.