25N: ¿por qué la militarización reproduce violencias contra las mujeres?

El avance de la militarización de la seguridad pública en México preocupa no sólo a la ciudadanía, sociedad civil organizada y a otros actores políticos, quienes en múltiples ocasiones se han pronunciado contra las reformas constitucionales que desde 2019 pretendían incorporar a la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). También organismos internacionales han advertido sobre el peligro del avance de la militarización en México.

Este año, en junio, el Estado mexicano sustentó su X Informe periódico ante el Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). En su resolución final, el organismo reconoció que el grave problema de inseguridad y la violencia contra las mujeres requiere atención inmediata, pero también espera que México:

garantice que las tareas de seguridad pública sean realizadas, como regla general, por personal civil de las fuerzas del orden, con cualquier personal militar involucrado en tales funciones operando bajo supervisión civil, y establezca la jurisdicción de los tribunales civiles sobre todos los casos de violencia de género contra las mujeres, incluidos aquellos cometidos por personal militar.

En el marco de este 25N, recordar la recomendación es clave, pues fue realizada en un contexto en que, como advertimos desde México Unido Contra la Delincuencia (2024 y 2025), la GN se transformó en la cuarta fuerza armada permanente, y la seguridad pública a nivel federal se ha militarizado plenamente, lo que afecta de forma particular y diferenciada a las mujeres. Preocupa, además, que las últimas reformas a las leyes secundarias en la materia omitieron la legislación necesaria para regular el uso de la fuerza por parte de sus elementos, la cual, como documentamos en 2021, es desproporcionada hacia las mujeres y niñas.

Preocupaciones internacionales

No es la primera vez que un organismo internacional alerta a México sobre el avance de la militarización y sus consecuencias en la vida de las mujeres. En 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) promulgó las sentencias Rosendo Cantú y otras vs México, y Fernández Ortega vs México. En ambas, el Estado mexicano resultó responsable por la violación a los derechos de integridad personal, dignidad, vida privada, garantías judiciales y protección judicial de Valentina e Inés, dos mujeres indígenas de Guerrero que fueron golpeadas y abusadas sexualmente por elementos militares.

México también ha recibido recomendaciones por parte de otras instancias, como en 2024 cuando durante el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, países integrantes del comité expresaron su preocupación ante el avance de la militarización. México recibió dos recomendaciones sobre la relevancia de mantener el carácter civil de la GN. La primera por parte de Nueva Zelanda, quien recomendó “retirar progresivamente a las fuerzas militares de las actividades policiales públicas y del control de la migración mediante una transición dirigida por civiles”.

Además, Reino Unido pidió que se publicara un plan integral para desmilitarizar la GN, que transfiriera su control a una autoridad civil. México respondió que el tema de desmilitarización ya estaba bajo el análisis de las autoridades competentes y que la SCJN había emitido recomendaciones al respecto. Pero lo cierto es que no aceptó las observaciones emitidas en materia de seguridad pública, así como las relacionadas con el espionaje cometido por las FFAA contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Violencia militarizada: ¿cómo afecta la militarización la vida de las mujeres?

Las políticas punitivas como la militarización o la “guerra contra las drogas” acrecientan las vulnerabilidades a las que se pueden enfrentar mujeres y niñas en contexto de violencia generalizada. En este sentido, las recomendaciones internacionales reflejan la preocupación que existe por las violaciones sistemáticas a sus derechos humanos, aunque el Estado mexicano opte por no reconocerlas. En materia de datos, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares 2021 (ENDIREH), al preguntar por las personas agresoras en casos de violencia contra las mujeres en su entorno comunitario, casi 240 mil presuntos agresores fueron militares o marinos. 68 % de las violencias registradas fueron de tipo sexual, 27 % psicológica y 4.5 % física.

Sobre mujeres privadas de la libertad, al comparar los datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2021 (ENPOL), se observa que hombres y mujeres detenidas por las FFAA viven distintas violencias. Las detenciones del ejército registran mayores índices de violaciones sexuales cometidas contra mujeres (11.2 %) en contraste con los hombres (2.8 %). Si la GN realiza la detención, las mujeres son más acosadas (6.9 %) respecto a los hombres (1.81 %). Por último, si la detención es hecha por la Marina, el porcentaje de mujeres (19.7 %) que sufrieron una violación supera al de hombres (5.1 %) casi cuatro veces.

Por su parte, la Encuesta Nacional sobre Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública 2024 (ENVIPE) indica que las mujeres, aunque tienen mucha confianza en las FFAA, esta es menor que los hombres. Es decir, 48 % de los hombres tienen mucha confianza en el ejército, contrario a 34 % de las mujeres; respecto a la GN, 53 % de los hombres tienen mucha confianza y las mujeres sólo 25 %; por último, 54 % de los hombres confía en la Marina contrastando con 40 % de las mujeres. Estas cifras son una muestra somera del impacto diferenciado que tiene la estrategia militarizada de seguridad sobre la vida de las mujeres.

¿Es la militarización una guerra contra las mujeres?

El menor porcentaje de confianza de las mujeres hacia las FFAA puede ser reflejo de la percepción del peligro al que se enfrentan cuando entran en contacto con elementos militares. La violencia contra las mujeres por parte de militares es muy específica resaltando la de tipo sexual. En el caso de los hombres, por ejemplo, viven más violencia física cuando los detiene un elemento de las FFAA.

La mayor presencia de cuerpos militares en las calles es consecuencia de las políticas de “mano dura” implementadas a raíz del inicio de la llamada “Guerra contra las Drogas” en 2006. Desde entonces hay evidencia de que los homicidios de mujeres con armas de fuego han aumentado, como documentamos en nuestro Atlas de Homicidios (MUCD 2024) 56 % de los asesinatos de mujeres en 2023 fueron cometidos con armas de fuego.

De acuerdo con Rita Segato (2016) “la agresión, la dominación y la rapiña sexual ya no son (…) complementos de la guerra, daños colaterales, sino que han adquirido centralidad en la estrategia bélica”. Las violencias sexuales en contra de las mujeres, no son daños colaterales de la militarización, forman parte de las estrategias que tienen como objetivo el control de la seguridad pública con tácticas que no corresponden a los estándares internacionales para la prevención de la tortura.

La militarización de la seguridad pública es parte de las guerras en contra de las mujeres en un país donde se registran 10 feminicidios al día. Las vulnerabilidades que las afectan aumentan cuando están en contacto con las FFAA, ya sea porque ingresan a su comunidad, porque las detienen, porque se encuentran en tránsito o porque les auxilian en desastres naturales. Estos no son daños colaterales, son parte de un sistema punitivo que legitima el uso de la fuerza en contra de sus cuerpos y vidas en aras de mantener la paz y la seguridad. Las mujeres no podrán vivir seguras y en paz mientras se privilegie la concentración de poder en las FFAA.

Daniela Cuéllar

Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM y egresada de la especialidad en Estudios de Género en la misma institución. Le interesa el análisis de políticas públicas desde una perspectiva de derechos humanos, género e interseccionalidades.