120 propuestas de seguridad

En medio de una nueva crisis, desencadenada por el asesinato de Carlos Manzo y las protestas que siguieron en una región ya marcada por la inseguridad, desde la presidencia se lanzó una pregunta tan reiterada como elusiva: “¿Qué proponen?”.

Durante años, México ha esperado por instituciones capaces de responder a la creciente complejidad de la violencia: policías profesionales, fiscalías con autonomía real, centros penitenciarios funcionales, sistemas eficaces de búsqueda de personas desaparecidas, mecanismos sólidos de atención a víctimas y cuerpos federales sujetos a principios civiles. Sin embargo, el problema no es sólo la persistencia de la violencia, sino el retroceso de las capacidades institucionales para contenerla, investigarla y sancionarla.

Lo que sigue es una síntesis de diagnósticos de Causa en Común y la presentación de una agenda integral de propuestas surgidas de ese trabajo. No es una lista de ocurrencias, sino un intento de delinear un camino de reconstrucción allí donde más se ha debilitado el Estado mexicano.

I. Diagnóstico: instituciones debilitadas

Causa en Común ha hecho una revisión sistemática de capacidades institucionales con base en información pública, solicitudes de acceso a la información y análisis comparados sobre el desempeño real de las instituciones de seguridad y justicia. El diagnóstico converge en un punto: sin capacidades institucionales verificables, la política de seguridad se vuelve frágil, discrecional y difícil de evaluar. El documento completo puede consultarse en este enlace.

Policías. Una parte importante de las policías estatales persiste sin un servicio profesional de carrera consolidado: reglas incompletas para reclutar, formar, evaluar, promover y disciplinar. La formación inicial es desigual y la profesionalización continua es fragmentaria. A ello se suma un control interno endeble: faltan protocolos, inspecciones periódicas y mecanismos seguros de denuncia. La precariedad laboral agrava el problema: prestaciones dispares, seguros insuficientes y equipamiento obsoleto, con estados de fuerza que en diversas entidades incluso decrecen.^[1]

Fiscalías. La autonomía suele ser más formal que efectiva: mecanismos de designación y remoción que mantienen incentivos políticos y discrecionalidad. La carrera ministerial es débil; la capacitación es desigual; y el control de confianza presenta rezagos. En algunas entidades persisten registros incompletos o inconsistentes sobre personal sustantivo y áreas clave. El resultado se refleja en investigaciones deficientes, baja capacidad analítica e impunidad estructural.^[2]

Cárceles. En el ámbito penitenciario persisten rezagos normativos, abandono y deterioro operativo: legislación desactualizada, protocolos insuficientes y profesionalización excepcional. La infraestructura se degrada; hay centros sin separación efectiva entre procesados y sentenciados, déficits de salud mental y adicciones, y persistencia de autogobiernos. En estas condiciones, la reinserción social se vuelve aspiración normativa más que realidad.^[3]

Guardia Nacional y expansión militar. La militarización de la seguridad pública no ha logrado revertir la violencia e inseguridad, además de tener el riesgo de un aumento de violaciones a los derechos humanos acompañado de la protección del fuero constitucional. Además, la legalización de la intervención de las fuerzas armadas en seguridad pública ha llevado a un aumento de sus presupuestos en detrimento de los recursos destinados a las policías estatales y municipales. Paralelamente se han ampliado sus funciones en ámbitos ajenos a la seguridad pública, sin contrapesos equivalentes.

Desapariciones y crisis forense. México acumula más de 120 mil personas desaparecidas y no localizadas, con incrementos sostenidos en años recientes. A pesar de ello, las capacidades institucionales de búsqueda y análisis forense que se prometió desarrollar en el sexenio pasado y a los que se destinó una cantidad importante de recursos están inconclusas. El colapso forense profundiza la crisis: cuerpos sin identificar, laboratorios saturados y demoras que suspenden verdad, reparación y justicia.

Víctimas. La Ley General de Víctimas diseñó un sistema ambicioso, pero la operación no ha logrado coordinación efectiva. El sistema nacional carece de funcionamiento regular y la Comisión de Atención a Víctimas ha terminado absorbida por atención individualizada con recursos insuficientes y trámites que con frecuencia revictimizan.

Registros de delitos. Finalmente, el deterioro institucional se refleja también en la calidad de los datos. En distintos estados, reducciones en homicidio coinciden con aumentos inusuales en categorías ambiguas y poco transparentes; en algunos territorios desapariciones y “otros delitos contra la vida y la integridad” superan los homicidios dolosos; y el subregistro de feminicidio persiste. México enfrenta así una doble crisis: la violencia y la fragilidad de la información pública necesaria para medirla.

II. Propuestas: 120 medidas y ocho prioridades

Causa en Común elaboró 120 propuestas construidas a partir de diagnósticos propios e información pública. A continuación se presentan ocho prioridades para comunicar el núcleo de esta agenda.

1) Auditoría y trazabilidad. Fortalecer capacidades del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para realizar auditorías periódicas sobre el uso de recursos, el servicio profesional de carrera, la profesionalización, la evaluación y registro de personal en policías, fiscalías y centros penitenciarios; y para homologar estándares, detectar anomalías y asegurar trazabilidad de información.

2) Condiciones laborales. Implementar una política nacional de seguridad social para personal policial, ministerial y penitenciario: fondo de aportaciones, régimen complementario, seguros y mecanismos de monitoreo de cumplimiento en entidades federativas.

3) Carrera policial. Consolidar un Servicio Nacional de Policía para formación, profesionalización y sistema de carrera en los tres órdenes de gobierno, con reglas homologadas de reclutamiento, evaluación, promoción y estímulos, e incorporación transversal de perspectiva de género.

4) Fiscalías autónomas. Reducir discrecionalidad política mediante designación colegiada, periodos transexenales y reglas estrictas de remoción; y fortalecer capacidades técnicas con unidades de análisis criminal para orientar prioridades de persecución penal con base en evidencia.

5) Capacidad judicial. Un Poder Judicial independiente, meritocrático y con recursos suficientes requiere fortalecer capacidades para reducir los rezagos del proceso penal y asegurar criterios consistentes: carrera judicial con mecanismos de acceso y promoción; certificación especializada; y recursos técnicos y humanos suficientes.

6) Forense e identificación. Fortalecer el sistema forense como infraestructura de justicia: capacidades periciales, bancos de datos, identificación humana, resguardo de indicios y coordinación interinstitucional, con estándares y recursos verificables.

7) Víctimas. Reconstruir el sistema de atención a víctimas con capacidades y coordinación efectiva, reglas claras de acceso y reparación integral, profesionalización, y mecanismos que eviten revictimización, con responsabilidades distribuidas en salud, justicia, asistencia y protección.

8) Control penitenciario. Recuperar el control de centros con autogobierno mediante operativos sustentados en inteligencia y profesionalizar al personal de custodia: formación, disciplina, carrera, prestaciones y equipamiento.

III. El costo de no reconstruir

Persistir en un modelo de seguridad sin instituciones civiles sólidas no es una opción, tiene costos acumulativos: normaliza la violencia, debilita el Estado de derecho y erosiona las bases mismas de la convivencia democrática. La discusión de fondo es si México está dispuesto a reconstruir las instituciones que hacen posible que la fuerza esté subordinada a la ley. Sin esa reconstrucción, la violencia seguirá siendo administrada, pero no contenida. Y el Estado, lejos de fortalecerse, continuará perdiendo aquello que le da legitimidad: su capacidad de garantizar derechos y justicia.

Causa en Común

Organización ciudadana fundada en 2010 por su presidenta María Elena Morera. Tiene como misión ayudar en la defensa de las libertades, las garantías y los derechos humanos; en el fortalecimiento de las instituciones, con especial énfasis en aquellas responsables de la seguridad pública y la justicia; así como en la generación de propuestas enfocadas al desarrollo institucional y la atención a víctimas.

^[1] Causa en Común; Perteneces, Justicia e Igualdad A. C.; e Impunidad Cero A. C. (s. f.). Una aproximación al estado que guardan las policías, fiscalías y penales estatales.

^[2] Ibid.

^[3] Ibid., pág. 7