Muertes violentas de mujeres en CDMX: registros alterados y alertas deficientes (segunda parte)

En la primera entrega, mostramos que las muertes violentas de mujeres han aumentado. Demostramos que durante la administración de Claudia Sheinbaum (2018-2023) ha incrementado la incidencia de las muertes catalogadas como causa no determinada a medida que ha disminuido el número de feminicidios. El comportamiento de estas cifras, y el desinterés del gobierno capitalino por entender este fenómeno,¹ genera sospechas válidas sobre la veracidad de sus registros. Por tal motivo, esta segunda entrega tiene el propósito de reflexionar sobre qué mecanismo ha generado las condiciones para que un grupo de personas puedan alterar los registros y presentar cifras tendenciosas como “válidas”.

A diferencia de otros autores, nosotras evitamos clasificar esta alteración de cifras como “maquillaje”. Dicha expresión, que connota negativamente a una acción feminizada, supone que hay una voluntad deliberada a la par que subestima el impacto del ocultamiento en la ciudadanía. En su lugar, estamos interesadas en cuestionar los procesos institucionales que, conscientes o no, están impidiendo el acceso a la información.

¿Cuáles son posibles mecanismos que permiten alterar y ocultar cifras?

El descenso de feminicidios y aumento de muertes violentas IND ocurrieron entre abril y mayo de 2021. ¿Qué sucedió en estos meses? El 27 de abril de dicho año, Sheibaum convocó a una rueda de prensa para presentar avances de la Alerta por Violencia de Género (AVGM) en el que reconoció públicamente el incremento en los feminicidios en el último año e hizo un llamado a la Fiscalía y al Tribunal Superior capitalinos a “avanzar en el acceso a la justicia para las mujeres”. El siguiente informe mensual de la AVGM reportó un descenso de los feminicidios, tendencia que sigue a la baja en dichos reportes.

Podríamos asumir que un simple llamado hizo destrabar las inercias y fallas estructurales en las instituciones de procuración y administración de justicia. ¡Sería ejemplo de una política exitosa! No obstante, la coincidencia entre el acto público y su inmediato efecto en las cifras da indicios para sospechar de la AVGM.

La AVGM de la Ciudad de México fue declarada el 25 de noviembre de 2019 por el gobierno capitalino. En su momento, organizaciones de la sociedad civil y familiares de víctimas reclamaron que era una falsa medida y que su determinación debía provenir de la autoridad federal.

Ahora bien, la literatura disponible coincide que las AVGM tienen efectos políticos, que incluye imponer presiones para alterar los registros de mujeres con el fin de reducir los costos electorales del gobierno en turno.² Esta situación ha sido documentada en Guanajuato, Nuevo León, Oaxaca y Puebla, en donde activistas han evidenciado la modificación en las cifras de femicidios. Así, podemos inferir que el gobierno capitalino también tiene la intención de evitar un voto de castigo por haber fallado en combatir la inseguridad.

Además de este “interés oculto”, los deficientes mecanismos de evaluación de la AVGM de Ciudad de México generan un entorno que propicia la alteración de datos. Un ejemplo es que la medición de impacto sólo considera feminicidios y homicidios dolosos sobre otros hechos delictivos. Esta decisión invisibiliza diversas expresiones de violencia contra las mujeres y limita el cuestionamiento hacia otras formas de muerte, como son las de IND que están afectando de manera desigual por razón de género.

Lo anterior se agrava cuando no hay un formato estandarizado para los reportes mensuales. De los 28 informes disponibles a la fecha, los primeros 10 (correspondientes a 2020 y 2021) incluían datos de incidencia de diversos hechos delictivos. Posteriormente, los reportes mensuales a partir de 2022 sólo sistematizaron información sobre muertes violentas de mujeres, enfatizando la disminución de casos de feminicidio.

Aun con un enfoque limitado, los primeros dos informes de 2022 (febrero y marzo) incluían una comparación del número de feminicidios desde 2018 que permitía observar un claro aumento de estos sucesos desde el gobierno de Sheinbaum. Sin embargo, la calidad en la visualización de los datos decayó. El resto de informes sólo incluye gráficos que comparan el acumulado de muertes violentas (feminicidio y homicidio dolosos) de los años anteriores respecto al periodo en turno.

Fuente: Elaboración propia a partir del repositorio de la Declaratoria de Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres.

Esta presentación de los datos es deficiente porque facilita dar una interpretación, como suponer que la magnitud del problema de violencia es menor. También selecciona por conveniencia los bloques de datos que sostengan el argumento de la reducción de muertes violentas de mujeres, a pesar de que la lectura integral de estos mismos datos demuestre lo contrario.

Entonces, ¿nuestro miedo es o no infundado?

Después de exponer en esta entrega y la anterior un análisis de la política de la Ciudad de México para prevenir la violencia contra las mujeres, tenemos resultados desalentadores para esta “exitosa” estrategia y nos muestran que estamos viviendo un escenario de gaslighting institucional.

A la par de la disminución en los feminicidios y homicidios dolosos de mujeres, las muertes por IND de este grupo van en aumento y en mayor proporción que en los hombres. Por ende, concluimos que las muertes violentas de mujeres no se han reducido en la Ciudad de México. Esto implica que la política de seguridad claramente no está siendo exitosa para toda la ciudadanía y, mucho menos, es una estrategia enfocada en reducir muertes violentas de mujeres.

También señalamos que la AVGM en la capital, en su noble intención de erradicar la violencia, ha sido el mecanismo para legitimar la alteración y ocultamiento de cifras debido a que el contexto político de su declaración y el deficiente mecanismo de evaluación, genera incentivos para modificar los registros de muertes de mujeres. Así, además de no ser “exitosa”, la política está vulnerando nuestro derecho a la información.

Por último, esta hipótesis da pie a nuevos cuestionamientos sobre cómo la AVGM ha modificado las dinámicas organizacionales que impactan en las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas de las instituciones, y cuáles son las consecuencias de estar midiendo dicha política a partir de actos de violencia letal.

Independientemente de quién llegue a la presidencia, es sumamente preocupante replicar políticas de seguridad deficientes y que replican malas prácticas en el manejo de datos. Las autoridades deben diseñar políticas públicas con base en evidencia sólida y responder a las demandas sociales de esclarecer las muertes IND e investigarlas con un enfoque de género.

Verónica Jaso
Maestra en Política Criminal por la London School of Economics y consultora en temas de seguridad y justicia.

Geras Contreras
Investigadore y escritore, ha colaborado en organizaciones civiles como GIRE, CELS y Dejusticia.

Ambas son egresadas de la licenciatura en Políticas Públicas del CIDE-Región Centro

¹ En noviembre de 2023, el Jefe de Gobierno, Martín Batres, aseguró crear mesas interinstitucionales para analizar el incremento y clasificación de las muertes con intención no determinada. A la fecha, no hay evidencia de que se haya comenzado con dicho compromiso.

² La literatura sobre AVGM es escasa pero los dos estudios más relevantes a la fecha son: Data Cívica (2022), Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres: Ciudadanizar y evaluar las Alertas de Violencia de Género desde las organizaciones de la sociedad civil y Lucas, Benédicte y Francoise Roth (2018), México, Mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. Informe de evaluación del funcionamiento del mecanismo.