La erradicación de los cultivos ilícitos y su militarización: una política incuestionada

México participa activamente en programas de erradicación de cultivos ilícitos para cumplir con los objetivos impuestos por el sistema internacional de fiscalización de drogas de reducir la oferta de sustancias ilícitas. La obligación asumida es tal, que incluso las instituciones de seguridad reportan las hectáreas erradicadas como “logros” en materia de seguridad y combate al narcotráfico. Sin embargo, la erradicación de cultivos declarados ilícitos dista mucho de ser una política efectiva para reducir de manera sostenible la oferta de drogas, y el uso de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en estas tareas ha trastocado la vida de las comunidades que viven de dichos cultivos. El presente artículo busca cuestionar la efectividad de la erradicación de cultivos declarados ilícitos y su militarización como parte de un análisis más amplio sobre política de drogas.

La militarización de la erradicación de cultivos

La erradicación forzada busca combatir la oferta de droga mediante la búsqueda, localización y destrucción de los cultivos sembrados, ya sea por medio manual o por aspersión aérea. La tesis detrás de estas acciones es que la erradicación de plantíos reduce la producción de drogas en el país que llega al consumidor final y, con esto, impacta a las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. En México, esta actividad se lleva a cabo por lo menos desde 1938 con la participación de las FF. AA. y sin un impacto sostenido en la reducción de la oferta de sustancias. Por ejemplo, nuestro país se mantiene como el tercer productor ilegal de amapola en el mundo, sólo después de Afganistán y Myanmar.¹

A pesar de no contar con facultades para ello, las FF. AA. han tenido un papel importante en la erradicación de cultivos,² sin importar que la persecución de los delitos contra la salud formalmente estaba en manos de la Procuraduría General de la República (PGR, hoy FGR) y del Ministerio Público (MP) desde los años ochenta. Aunque el artículo 129 de la Constitución establece que el papel de las Fuerzas Armadas se limita a las actividades que tengan exacta conexión con la disciplina militar, podemos detectar dos estrategias para evadir la prohibición constitucional y validar indebidamente la militarización de facto de las operaciones antinarcóticos: ampliar al máximo la interpretación de los preceptos que otorgan facultades a las FF. AA. bajo la justificación de que brindan “apoyo” o “auxilio” a las autoridades civiles; y crear marcos jurídicos que establezcan la definición de conceptos difusos como la “seguridad nacional” o la “seguridad interior”.

Así, de 1992 a 2006 la PGR estuvo a cargo de las tareas de erradicación de cultivos declarados ilícitos, con la colaboración de la Sedena. No obstante, el punto decisivo que evidenció la pérdida de control de la PGR como encargada de la erradicación de cultivos fue la desaparición de la Dirección General de Erradicación, y la suscripción de un convenio³ con la Sedena que formalizó la transferencia a la institución armada de los recursos técnicos y financieros que utilizaba para la erradicación.⁴ Con esto, a partir de 2007, las FF. AA. tomaron el rol principal en la materia sin mayor debate sobre su constitucionalidad.

Una crítica en tres niveles

Si bien la erradicación como política ha permanecido incuestionada por los gobiernos, es posible hacer una crítica en tres niveles. Primero, en términos de la calidad de la información. A pesar de que el Protocolo Nacional de Actuación de Destrucción de Plantíos Ilícitos ordena a las autoridades que intervienen en la erradicación a que generen reportes sumamente detallados (sobre la ubicación del plantío, la sustancia erradicada, el método utilizado, entre otros aspectos), las autoridades no los publican año con año. La información existe, pero no se divulga.⁵

Segundo, en términos de efectividad: hay escasa evidencia de que la erradicación de cultivos sirva para reducir el volumen de drogas cultivadas a largo plazo. Como muestra la siguiente tabla, no hay una reducción sostenida de las hectáreas sembradas de amapola y, si bien hay una reducción de los cultivos en 2017 y en 2018, esto no necesariamente es producto de las actividades de erradicación. Más aún cuando también se observa una reducción de estas tareas en los últimos años.

Tabla 1. Número de hectáreas de amapola erradicadas y sembradas

Fuente: elaboración propia con datos sobre destrucción de cultivos de amapola de la Sedena y la Semar. Base datos abiertos de acciones antidrogas de MUCD

La propia Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC) reconoce que existen múltiples factores que pudieron haber contribuido a tal disminución en los cultivos y que son necesarios más datos —como los referentes a los precios del opio, la evolución del mercado ilícito de drogas y la expansión del mercado de drogas sintéticas, en especial del fentanilo—. Esta entidad también señala que la reducción de la erradicación puede deberse a que hay menos personal operativo disponible, pues un gran número de elementos del Ejército pasaron a la Guardia Nacional para funciones de seguridad pública. Nuevamente, los datos son insuficientes.

Una tercera crítica a la erradicación va en términos de los actores que participan en ella, es decir, si los militares son realmente más efectivos para realizar estas tareas. Para Carlos Resa, especialista en la materia, en los años cuarenta se envió a las FF. AA. a estas funciones no porque tuvieran mayor capacidad en la lucha contra el narcotráfico, sino por la enorme cantidad de mano de obra disponible que tenían. En todo caso, puesto que desde 1990 las FF. AA. se han encargado del grueso de la destrucción de cultivos, no hay evidencia que compruebe que son más efectivas para participar en tareas de erradicación o, por lo menos, que permita hacer comparaciones más profundas respecto a la capacidad que tienen las fuerzas militares con respecto a las civiles.

Gráfica 1. Cifras de la erradicación de plantíos de amapola de 1990-2020

Comunidades campesinas, las principales afectadas

Por todo lo anterior hay que reconocer que los datos de cultivo y erradicación no nos dicen nada sobre las personas que se dedican a estas tareas, ni sobre cómo les afectan las políticas de erradicación y la presencia militar. El Estado debería generar propuestas de política pública tendientes a incorporar a las comunidades en el mercado legal para la producción de opio, como parte de un programa de desarrollo social más amplio que, inclusive, coordine esfuerzos con Estados Unidos de acuerdo con la filosofía de “responsabilidad compartida”.

La erradicación de cultivos no es una política integral de drogas, plantea objetivos inalcanzables como la supresión de la oferta y, sobre todo, afecta a las comunidades que viven de estos cultivos. Mientras no se impulse una política integral seria, campesinos y campesinas que trabajan en los cultivos seguirán padeciendo el fracaso de una política prohibicionista de drogas que ampara a un Estado indiferente frente a las necesidades del campo mexicano, y que sólo aparece con uniformados para erradicar y no para proteger.

Frida Ibarra
Licenciada en derecho por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dirige el área de incidencia de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD)

¹ Informe Mundial sobre las Drogas 2021.

² Mendoza Cortés, A. P. “Operaciones del Ejército Mexicano contra el tráfico de drogas: revisión y Actualidad”, Política y Estrategia, n.º 128, 2016, pp. 17-53 ISSN 0719-8027 (versión en línea), Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos.

³ Del 28 de febrero de 2007. Disponible en el Informe de Rendición de Cuentas Etapa 1 de la misma Secretaría.

⁴ PGR, “Comunicado del 10 de enero de 2008 a la Cámara de Diputados”.

⁵ La única información disponible es la presentada por el Monitoreo de Plantíos de Amapola a partir de 2016.