Inversión privada en centros penitenciarios: ¿un verdadero proyecto de reinserción social?

La situación del sistema penitenciario en nuestro país y la prisión preventiva han sido temas recurrentes en la discusión pública en el inicio de 2022. Por un lado, el gobierno federal busca aumentar de nueve a veinte los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Por el otro, tenemos casos deshumanizantes —como el del bebé Tadeo— que reflejan prácticas sistemáticas e indeseables dentro de estos centros: abandono, corrupción y autogobiernos. Ingresar a más personas a la cárcel es una respuesta cortoplacista a una interrogante mayor: ¿qué sucede con las personas privadas de la libertad al momento de terminar su condena?, ¿cuentan con un programa de reinserción social óptimo?

Ilustración: Víctor Solís

Estas preguntas nos refieren al modelo de Asociación Público Privada (APP) en el sistema de reinserción social penitenciario que, hasta ahora, se ha quedado corto en mostrar resultados positivos que detengan el efecto de puerta giratoria para las personas que cometieron un delito. Para entender cómo opera el modelo APP en las prisiones actualmente, hay que remontarnos a la razón por la que se incluyeron en primer lugar. En México, el aumento de índices delictivos, la duración de penas, el número de delitos calificados y la falta de sentencias generaron una sobrepoblación en las prisiones del país de aproximadamente 20 %: de 103 262 personas privadas de la libertad en 1996 al doble en 2006. Con la Operación Conjunta Michoacán y el inicio de la “guerra contra el narcotráfico” la población carcelaria siguió aumentado. Ante esto, la administración de Calderón implementó el esquema de APP bajo la modalidad de Construir-Mantener-Operar-Transferir, donde el sector privado se encargaría de los servicios de construcción, mantenimiento, operación y transferencia de la prisión y se mejorarían las condiciones de los Centros de Readaptación Social.

El gobierno de Peña Nieto también incentivó el esquema de APP bajo el argumento de que el sector privado tiene mayores recursos económicos para brindar mejores condiciones a las personas privadas de la libertad y contribuye positivamente en su reinserción social a menores costos económicos y sociales. Sin embargo, el problema no es únicamente económico, sino de estrategia y modelos de reinserción social para la prevención de reincidencia. Como referencia, Paola Zavala, presidenta de Organización Comunitaria por la Paz (OCUPA), apunta que los cuatro factores para una reinserción social óptima de las personas privadas de la libertad son: voluntad de cambio, atención emocional y de salud mental, sustentabilidad económica y desarrollo de un plan de vida.

Para poder ilustrar el efecto del esquema APP en la gestión de las prisiones tomamos el caso del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) N.º 11, CPS Sonora, el primer centro penitenciario federal construido bajo el esquema de APP con una inversión de 4200 millones de pesos. De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el CPS Sonora cuenta con una evaluación general de 7.6 puntos (de 10 puntos posibles). Carece de actividades para la reinserción social y, al hacerlo, incumple el artículo 18 constitucional: “El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir”. El Centro también ilustra cómo, de seguir la tendencia actual, se puede proyectar a más personas privadas de su libertad.

Población mensual en el Cefereso N.º 11 según el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional

Fuente: elaboración propia con datos del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional (2021), con proyección a diciembre del 2022

El modelo público privado es costoso para el estado: en Sonora, el gasto mensual por cada persona privada de la libertad es de 76 758.58 pesos, que representa entre nueve y diez veces el costo de las penitenciarías estatales. Para solucionar esta problemática, se puede optar por cambiar el sistema de pagos de atribuciones por dividendo que tienen las APP; reducir su nivel de gasto y transferir ese dinero a la creación de un nuevo modelo.

Análisis Costo-Beneficio Social

Fuente: elaboración propia creada con datos del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional (2021), INPC-Inegi (2021) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (2020)

Si bien el dinero es importante para atender la difícil situación de nuestros centros de reinserción social, es mucho más urgente generar políticas públicas que garanticen lo que el artículo 18 constitucional enuncia y que se supervise y exija la rendición de cuentas a los capitales privados para evitar abusos y prácticas indeseables en centros penitenciarios. Además, los modelos de reinserción social no sólo deben contar con inversiones monetarias, sino con planes de acción que rompan patrones que llevan a las personas a delinquir y además apoyen en el cumplimiento de sus metas personales a corto, mediano y largo plazo.

Fernanda Mariano, Jessica Paola Díaz, Jaime Antonio Roldán y Luis Enrique Rocher Neri
Estudiantes de Seguridad y Democracia. curso de la Escuela de Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México