Homicidios dolosos: mediciones actuales, implicaciones y nuevos debates

El homicidio doloso trasciende la arena política por sus implicaciones sociales. Cada cifra representa una vida interrumpida, familias y comunidades fragmentadas. Medir y analizar estos datos con rigor es un imperativo social.

En México, como en otros países, el homicidio doloso es la principal métrica para evaluar la seguridad pública. También se usa como indicador del “éxito” o “fracaso” de los gobiernos: mes con mes se celebran reducciones o se denuncian incrementos, con narrativas contrapuestas sobre el estado de la violencia.

Este uso político del dato no es accidental. Los homicidios funcionan como puente, escudo o arma en la disputa por el poder: vinculan resultados gubernamentales con legitimidad pública y permiten defender o cuestionar estrategias de seguridad.

Pero la centralidad del homicidio doloso va más allá de la arena política. Cada cifra representa una vida interrumpida, familias y comunidades afectadas. Su registro debe permitir identificar patrones territoriales, trayectorias temporales y concentraciones de violencia para orientar políticas y evaluar resultados.

Por esa doble dimensión —política y social— conviene revisar cómo se mide hoy el homicidio doloso, qué alcances y límites tienen las métricas disponibles y qué ajustes metodológicos pueden ampliar la comprensión de la violencia letal en México.

Usos de los datos de homicidio doloso e incidencia delictiva 

Fuente: Elaboración propia

Estudio de las fuentes oficiales

En México, fuentes civiles y oficiales registran y miden el homicidio doloso. Organizaciones no gubernamentales también producen datos especializados, como los de violencia política de Data Cívica, Animal Político y México Evalúa, o los registros de atrocidades de Causa en Común.

En el ámbito oficial, destacan dos fuentes. Por un lado, las Estadísticas de Defunciones Registradas del Inegi (EDR), construidas con certificados de defunción de servicios médicos forenses, actas de defunción y cuadernos estadísticos. Inegi reporta las defunciones por causas externas (accidentales o violentas); ahí aparecen agresiones o presuntos homicidios, incluida la violencia intencional y los feminicidios. Su ventaja es que no dependen de la apertura de una investigación penal; su límite es el rezago en su publicación.

Por otro lado, están las víctimas en carpetas de investigación que las fiscalías estatales reportan al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Estas cifras se actualizan mensualmente y permiten seguimiento oportuno, pero sólo reflejan eventos conocidos por la autoridad y dependen de la clasificación jurídica y de las capacidades institucionales.

Esta dualidad condiciona la lectura de tendencias: Inegi ofrece una fotografía más completa, pero tardía; el SESNSP, datos oportunos, aunque sujetos a prácticas ministeriales.

Con estas fuentes se construyen diagnósticos más puntuales con series temporales, tasas por cada 100 mil habitantes, variaciones anuales y análisis espaciales. En términos generales, pueden distinguirse dos tipos según el actor que los produce: político-gubernamental y no gubernamental.

Diagnóstico político gubernamental

El diagnóstico político-gubernamental más visible —al menos del lado oficialista— aparece en las conferencias matutinas de la presidenta Sheinbaum. Busca evaluar el sexenio en curso y responder si los homicidios han aumentado o disminuido desde el inicio del gobierno en septiembre de 2024. Por eso no incorpora sexenios previos: ofrece una fotografía del momento, no un panorama histórico.

La medición difundida el 10 de febrero de 2026 reportó una caída de 42% en homicidios dolosos. El porcentaje compara víctimas diarias nacionales de septiembre de 2024 (86.9) con enero de 2026 (50.9), usando datos del SESNSP sobre homicidios dolosos en carpetas de investigación.

Así, el gobierno se autoevalúa con dos meses no consecutivos y promedios diarios. En la práctica, deja fuera lo ocurrido en los meses intermedios e invisibiliza picos relevantes.

Las implicaciones son claras. En el plano político, este diagnóstico ayuda a construir una narrativa de mejora asociada al inicio del sexenio, refuerza la legitimidad de la administración y permite responder a embates de Donald Trump, la oposición e incluso grupos disidentes de Morena. En el plano social, el uso de promedios nacionales puede sugerir una reducción homogénea cuando la violencia sigue concentrada en territorios específicos. Es un recurso comunicativo poderoso, pero simplifica la complejidad territorial y temporal del fenómeno.

Diagnóstico no gubernamental

En el ámbito no gubernamental, destacan análisis de organizaciones como México Unidos contra la Delincuencia, Causa en Común y México Evalúa. Su objetivo es evaluar la violencia homicida con una perspectiva de largo plazo y diferenciación territorial para explicar causas y aportar evidencia para políticas públicas más efectivas.

Metodológicamente, usan sobre todo fuentes oficiales —SESNSP e Inegi—, pero construyen series de tiempo más amplias y calculan tasas por cada 100 mil habitantes a nivel estatal o municipal. Este enfoque pone en perspectiva la variación reciente y visibiliza la diversidad territorial del país.

Por ejemplo, México Evalúa compara años completos y víctimas totales del periodo 2015-2025 con datos del SESNSP. Desde esa aproximación, los homicidios dolosos cayeron 22.2% de 2024 a 2025 (de 30,062 a 23,374 víctimas). Pero, frente a 2015, 2025 sigue 30.7% por encima. Esta lectura reconoce la reducción reciente y la ubica en un ciclo largo de escalamiento y contención parcial.

Así, los diagnósticos no gubernamentales suelen evitar que descensos momentáneos se lean como procesos consolidados de pacificación y, además, visibilizan la heterogeneidad territorial y estructural del fenómeno.

El debate actual sobre las formas de medición

Recientemente, el escrutinio de los datos de homicidio doloso ha llevado a cuestionar su validez frente al comportamiento anómalo de otros delitos. Hay al menos dos razones para cuestionar las realidades construidas a partir de los datos oficiales.

La primera es institucional. Determinar si una muerte fue dolosa o culposa depende de la calidad de la investigación ministerial. En contextos de debilidad institucional, incentivos políticos o sobrecarga operativa pueden surgir errores de clasificación, subregistros o desplazamientos hacia categorías menos visibles. Cuando el homicidio doloso se vuelve la métrica política central, también aumentan los incentivos para su contención discursiva.

La segunda razón es criminal. En diversos territorios, las desapariciones pueden operar como mecanismo para evitar el registro inmediato de homicidios y generar incertidumbre social, lo que refuerza control territorial. La coexistencia de disputas intensas con incrementos en desapariciones y otros delitos contra la vida sugiere que parte de la violencia letal puede desplazarse hacia categorías menos evidentes. En ese contexto, una reducción de homicidios dolosos no implica necesariamente una reducción equivalente de la letalidad real. Este argumento cobra fuerza frente a evidencias sobre campos de exterminio en México.

Una aproximación integral

Cuestionar las limitaciones es relevante, pero también aportar soluciones. Al respecto, México Evalúa ha propuesto una medición integral de la violencia letal que articula cinco categorías: homicidio doloso, feminicidio, homicidio culposo, otros delitos contra la vida y personas desaparecidas y no localizadas.

Cada componente cumple una función. El homicidio doloso captura la violencia intencional directa; el feminicidio incorpora la dimensión de género; el homicidio culposo señala posibles distorsiones clasificatorias; los otros delitos contra la vida amplían el espectro letal y también ayudan a detectar distorsiones; y las desapariciones incorporan mecanismos de ocultamiento de cadáveres asociados al crimen organizado.

El objetivo no es sustituir al homicidio doloso ni crear una nueva cifra absoluta de criminalidad, sino contextualizar. Al integrar las cinco categorías, se reducen sesgos de medición y se identifican posibles desplazamientos entre rubros. Con esta metodología, México Evalúa estima que la violencia letal disminuyó 8.6% entre 2024 y 2025, pero acumuló un aumento de 68.2% en la última década. A nivel local, las trayectorias siguen siendo heterogéneas: por ejemplo, Sinaloa reporta un aumento de 30% en el último año y de 64% en la última década; en el mismo estado, Mazatlán registra aumentos de 16% frente a 2024 y de 133% frente a 2015.

Medir mejor no es un ejercicio técnico aislado. Es una condición para diseñar políticas públicas más precisas y distinguir entre contenciones coyunturales y procesos de pacificación sostenida. El problema no es el dato, sino su contexto.

Armando Vargas 

Doctor en Ciencia Política. Profesor de posgrado en la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa. 

Fuentes

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