De la militarización al militarismo

En lo que va del sexenio, varias decisiones del Ejecutivo Federal colocan a las Fuerzas Armadas en tareas que no forman parte de sus funciones constitucionales, como en los puertos, obra pública y seguridad. Ante el debate público que esto ha detonado, es importante realizar algunas precisiones, toda vez que existe una confusión entre dos procesos ligados entre si: la militarización y el militarismo. Ambos, suceden ante nuestros ojos, pero uno de ellos puede representar el fin de la incipiente democracia mexicana.

Cuando en 2006 el entonces presidente Felipe Calderón inició la llamada “guerra contra el narcotráfico”, la participación de personal del Ejército y la Armada de México en tareas de seguridad pública (que no inició en este sexenio, pero si se fortaleció) generó preocupación.

Ilustración: Víctor Solís

De acuerdo con Hall y Coyne¹ la militarización puede ser de dos tipos a) directa, cuando fuerzas militares son desplegadas para participar en labores de control interno; y b) indirecta, la cual se asocia a marcos institucionales en los que las policías civiles adquieren de manera paulatina características militares, entre las que están estrategias de armamento y táctica.

Lo que se pretende rescatar de la definición anterior es que la militarización no se refiere a quiénes realizan funciones de seguridad pública, sino también a cómo se hace. En este sentido, autores como Muzzopappa, Morales Rosas, Pérez Ricart y Shaw² enfatizan que la militarización es un proceso en el que confluye la presencia de militares en tareas ajenas a la defensa nacional con el empleo de niveles de fuerza que corresponderían a una respuesta armada del Estado ante una amenaza a su integridad.

Por lo tanto, es relevante entender la militarización como un proceso mediante el cual diversos ámbitos de las funciones primordiales del Estado adquieren lógicas militares, los problemas se observan desde una perspectiva de amenaza o enemigo y se recurre a las dinámicas bélicas para solucionarlos.³

Con la llegada de López Obrador al poder Ejecutivo, las atribuciones que se le han otorgado a la Sedena y la Semar en materia de seguridad, obra pública y puertos bajo el argumento de erradicar la corrupción, han encendido focos rojos. Esto, más que militarización, representa otro fenómeno: militarismo.

De acuerdo con Fernández Vargas,⁴ quien cita a Seco Serrano, “el militarismo es la inserción de militares de alta graduación en el juego de los partidos políticos a causa de la esencial debilidad del sistema representativo, que lleva a grupos políticos a utilizar la fuerza militar para alcanzar sus objetivos” El civilismo, por el contrario, es aquella circunstancia en la que el Ejército no decide los cambios políticos, sino que garantiza la legalidad legítimamente establecida. En ese mismo sentido, para Lleixà, citado por la misma autora, el militarismo consiste, entre otros aspectos, en la influencia política del aparato militar en la orientación del poder del Estado.

Entonces, se puede definir al militarismo como un fenómeno que consiste en la preponderancia del poder militar sobre el poder civil en términos políticos y en donde la esfera castrense influye en la toma de decisiones políticas del Estado más allá de las del sector seguridad y defensa. Mientras la militarización responde a las preguntas quién y cómo, el militarismo responde “quién decide sobre quién” en el sistema político.

Ante este marco conceptual, lo que ocurre en México no puede ser encasillado únicamente como un proceso de militarización en el que las dinámicas bajo las que se atienden los problemas de seguridad privilegian el uso de técnicas, tácticas y armamento bélico; sino también como militarismo, debido a que las diversas atribuciones que se le están otorgando a las fuerzas armadas como secretarías de Estado, las colocan por encima de otras instituciones de carácter civil; no sólo en la toma de decisiones sino también en el presupuesto destinado para su funcionamiento.

Si bien los procesos de militarización ponen en riesgo los derechos humanos de todas las personas al hacer más propensas las violaciones a estos, como nos ha mostrado casos como el de Tlatlaya, Estado de México en junio de 2014 a manos de personal del Ejército, Tanhuato, Michoacán en 2015 por agentes de la extinta Policía Federal o el de Tlahualpan, Puebla en 2019 por integrantes de la Marina, todos ellos con recomendaciones de la CNDH por ejecuciones extrajudiciales, el militarismo aumenta este riesgo y tambalea al sistema democrático que se había logrado establecer en el país.

De acuerdo con la Carta Democrática Interamericana, el ejercicio efectivo de la democracia no sólo radica en la celebración de elecciones periódicas y libres, sino también en el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la separación e independencia de los poderes públicos; la subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad.

Por lo tanto no sólo es importante impulsar una reforma policial que oriente las tareas policiales a la solución de problemas como un primer paso para reducir la militarización de la seguridad pública, sino que también es relevante impulsar una reforma a las instituciones armadas permanentes para que éstas respondan a las necesidades geopolíticas del Estado mexicano, atendiendo a los estándares democráticos establecidos por las organizaciones regionales e internacionales. Esto implica que la figura de la persona titular de las Secretarías de Defensa y Marina debería ser civil –como sucede en la mayoría de los países de América Latina–, mientras que la comandancia general debiera recaer en un militar de alto rango que mantenga una subordinación real con el poder civil.

También, implica mantener una clara división de poderes e instituciones civiles profesionales que no se vean tentadas a utilizar al poder militar para darle solución a sus problemas e instauren —sin necesidad de un coup d’État—, un régimen militar, incluyendo a Presidencia y sus facultades para emplear a la fuerza armada permanente, las cuales deben cumplir con los requisitos establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a que sean empleadas de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada al poder civil y complementaria a este.

La historia en América Latina ha demostrado que el militarismo ha dejado a su paso los capítulos más oscuros y desoladores de la región. Desde la academia, la sociedad civil y demás actores interesados, tenemos el compromiso de comenzar a llamar las cosas por su nombre, a fin de tomar las medidas más adecuadas en cuanto a delimitación de funciones tanto civiles como militares que nos permitan evitar repetir los errores del pasado.

Daira Arana
Maestra en Asuntos Internacionales y directora general de Global Thought Mx.

Lani Anaya
Maestra en Paz y Conflictos por la Universidad de Uppsala y consultora de proyectos de paz y desarrollo para la ONU, Unión Africana y Banco Mundial.

¹ Hall, A. R. y Coyne, C. J. (2013). “The Militarization of U. S. Domestic Policing”, The Independent Review, 17(4), 485-504.

² 1) Morales Rosas, S. y Pérez Ricart, C. A. (2015). “La militarización, un obstáculo para la gobernanza democrática de la seguridad en México”, Revista Colombiana de Sociología. 38(1), 83-103; 2) Muzzopappa, E., (Julio-Diciembre 2017), “Militarización sin militares. Policías en tiempos de guerra”, Cuadernos de Marte, Año 8. No. 13, 56-86; 3) Shaw, Mark (2018) “Soldiers in Storm: Why and How Do Responses to Illicit Economies Get Militarised?”, en Reitano, Tuesday; Ruiz-Benitez de Lugo, Lucía; Jesperson, Sasha, Militarised Responses to Transnational Organized Crime. The war on crime, Ginebra, Palgrave Macmillan, pp. 11-23.

³ Un ejemplo de militarización sin poner militares directamente en la ecuación ocurre cuando se propone —para lograr que las fuerzas armadas dejen de participar en tareas de seguridad pública— fortalecer a los cuerpos de Policía tratando de homologar su educación, entrenamiento y equipamiento con los del Ejército o la Marina. Esto, repercute en que los integrantes de la Policía tengan más arraigadas cuestiones sobre enfrentamientos y uso de la fuerza letal, que de policía orientado a la solución de problemas.

⁴ Fernandez Vargas, V y Martínez Aparicio, J (1984), crítica al libro “Para conocer a nuestros militares” en Revista Española de Investigaciones Sociológicas, No. 36, 197-217, disponible aquí.