Hay al menos tres desafíos que enfrenta la política de paz que quiere impulsar el presidente electo Petro. En primer lugar, la presión política ejercida por Estados Unidos. En segundo orden, la presión social contra cualquier acuerdo con organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico será mayúscula. Finalmente, que las organizaciones criminales puedan evadir el acuerdo.

En el marco de la discusión de la regulación del cannabis, se ha hablado mucho acerca de la relación entre las drogas ilegales y la violencia. Sin embargo, esta relación va más allá de los niveles de homicidios e incluye la captación de espacios públicos y la violencia psicológica de la sociedad, entre otros.

En años recientes se ha dicho reiteradamente que las drogas ya no son el principal negocio de las organizaciones criminales en México. Sin embargo, hasta ahora la evidencia apunta más a una diversificación de las actividades criminales con el mercado de drogas a la cabeza que a una sustitución de las ganancias vía extorsión.

A pesar del activismo de la Cancillería, otras áreas del gobierno mexicano no parecen entender la relevancia del tema. La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dos de las más relevantes, han sido particularmente esquivas, puesto que no sólo no cooperan con los esfuerzos de la Cancillería, sino que laceran los intentos por generar una política coherente en torno a las armas.