¿Negociar con narcos? Retos para Colombia

Tras la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC a finales de 2016, el país experimentó una reducción en los niveles de violencia que generó sentimientos de esperanza. Sin embargo, en los dos últimos años la violencia ha repuntado de la mano con el fortalecimiento de grupos armados no estatales en varias regiones del país. El presidente electo Gustavo Petro ha propuesto enfrentar ese problema con nuevos diálogos de paz. En este texto discutimos qué camino pueden tomar, los riesgos que enfrentan y las puertas que pueden abrir a formas similares de negociación con organizaciones criminales.

Antecedentes

Desde 2020, cientos de comunidades rurales en Colombia han enviado cartas al presidente Iván Duque solicitando un acuerdo humanitario global que incluya un cese de hostilidades y nuevos diálogos de paz con los actores armados que operan en su territorio, Sin embargo, el saliente gobierno priorizó la militarización como la única respuesta por parte del Estado ante el repunte de la violencia, dejando tras de sí funestos resultados como el aumento de las masacres y asesinatos de líderes sociales, y la intensificación del conflicto.

Sin embargo, la llegada del gobierno encabezado por Gustavo Petro y Francia Márquez ha abierto la posibilidad de atender el llamado de las comunidades que claman por el fin de la guerra mediante una política de paz con enfoque territorial. Además, esa posibilidad ha sido reforzada por el informe sobre el narcotráfico publicado por la Comisión de la Verdad establecida en el proceso de paz con las FARC en el que se reconoce el fracaso de la guerra contra las drogas y la necesidad de buscar alternativas, así como por el informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en el que recomiendan al nuevo gobierno implementar una política de desmantelamiento de los grupos armados concertada con las comunidades que garantice su protección y derechos.

El presidente electo nombró a Danilo Rueda como Alto Comisionado para la Paz, quien en su rol previo como coordinador de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, ha impulsado la propuesta de implementar una política de paz con enfoque territorial que debe derivar en el establecimiento de un proceso de diálogo, pero con distintas mesas, con el objetivo de que se atiendan las particularidades del conflicto a lo largo del territorio.

Posibilidades

Efectivamente, las organizaciones criminales no son organizaciones ideológicas. No buscan obtener el poder político o derrotar a la élite. Pero sus acciones son políticas en otro sentido: sus estrategias buscan cambiar la política pública de seguridad del gobierno. Por ejemplo, usar la violencia para redirigir la acción gubernamental, amedrentar autoridades, o competir con otras organizaciones. Por ello, negociar con ellos para bajar la violencia tiene sentido: el Estado puede intercambiar sus estrategias de seguridad por pactos de reducción de la violencia.

Si pensamos en la política de seguridad en los mercados ilícitos como una “regulación”, podemos abrir la puerta para nuevas formas de acción. En lugar de una perspectiva netamente militar, se puede abrir una vía alternativa de regulación orientada a buscar la normalización de ciertos mercados que, como la venta de drogas ilegalizadas, pueda ser tolerada bajo ciertas condiciones —como de hecho ya lo hacen ciertos gobiernos locales. Esto remueve los incentivos del lado del gobierno para continuar los ciclos de violencia.

El acuerdo planteado por el entrante gobierno abre una posibilidad todavía más importante: un desafío mayúsculo de un país productor de drogas al régimen internacional de prohibición. El problema intrínseco de este régimen es que precluye las formas de regulación no-violenta e incentiva las violentas por parte del gobierno. Un gobierno tan clave para la guerra global contra las drogas como Colombia, que muchos años lo hizo en complicidad y presión de los Estados Unidos, puede abrir la puerta para que otros países productores busquen alternativas distintas a las políticas militaristas y violentas del régimen prohibicionista.

Desafíos

Sin embargo, hay al menos tres desafíos que enfrenta la política de paz que quiere impulsar el presidente electo Petro. En primer lugar, está el relacionado con la presión política ejercida por Estados Unidos que busca mantener inalterado el régimen prohibicionista. Este es el problema que suelen tener las políticas de prevención del delito no violentas: la presión política o social pueden revertirlas, regresando a los ciclos de violencia.

En segundo orden, la presión social contra cualquier acuerdo con organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico será mayúscula. Aún más que con las guerrillas que pueden ser considerados actores políticos. Entonces, se puede objetar que los delitos como el tráfico de drogas no pueden ser negociados de la misma manera. Para sectores de derecha dura, sería negociar la esencia misma del Estado de derecho. Pero aún más importante, las familias de las víctimas de delitos de lesa humanidad pueden objetar que una salida de este tipo puede derivar en la impunidad, por lo que cualquier acuerdo deberá contemplar un mecanismo de justicia transicional que sustente las bases de una paz total.

Finalmente, está el problema no menor de que las organizaciones criminales puedan evadir el acuerdo —como una especie de polizones— para tomar los mercados que otros abandonen, o que no se pueda negociar con todos porque estas se fragmentaron. O incluso que nuevas organizaciones surjan antes, durante y después del proceso. Ante ello, el gobierno de Petro deberá pensar en todos los escenarios y tener planes que puedan ayudar a mantener el acuerdo general. O hacer acuerdos suplementarios y usar la fuerza para atraer organizaciones al acuerdo general. Pero de fondo, al menos en el mercado de drogas, la prohibición hace este escenario más probable.

El debate del futuro

Es tiempo de pensar en soluciones no militares a la violencia criminal. Repensar soluciones no violentas supone abandonar ciertas percepciones del mundo del delito y el crimen. Por ejemplo, que los delitos no se pueden negociar. Sin duda, ello puede parecer que el Estado se debilita, pero se olvida la otra parte sobre cómo se construye el Estado: negociando arreglos y estableciendo instituciones para mantenerlos y hacerlos cumplir. El Estado no sólo es tan fuerte como el fusil más potente, también lo es como qué tan fuerte es una institución capaz de transformar un conflicto violento en uno pacífico; en el mundo criminal, ello supone soluciones orientadas a regular mercados potencialmente violentos.

Es necesario abandonar la prohibición de las drogas, la mano dura, y asumir que parte del proceso de pacificación pasará por una negociación que tendrá similitudes con otros procesos de paz: desarme, sometimiento y reintegración. De fondo, la cuestión —ya asumida en procesos de paz política— es que hay que entrar a los procesos del perdón y memoria, y que el Estado no sólo es una máquina de violencia.

Si Petro es exitoso, quizás podamos ver una alternativa para toda América Latina y algunos países de Asía y África que enfrentan procesos similares de intensa violencia criminal. Si un país tan simbólico como Colombia en la guerra contra las drogas puede descarrilar el régimen internacional de prohibición, hay esperanza para millones que sufren los efectos de la violencia y para las víctimas que demandan garantías de justicia, reparación y no repetición.  

Raúl Zepeda Gil
Candidato a Doctor en Estudios de Seguridad, King’s College London

Camilo Pantoja
Candidato a Doctor en Historia, El Colegio de México