Una hipótesis que flota en la discusión pública es que los hombres desaparecidos en la guerra contra las drogas fueron reclutados por las organizaciones criminales en México. Aunque quizás algunas personas desparecidas pudieron ser jóvenes reclutados, me preocupa que, por la tendencia generalizante de nuestro debate público, se crea que todo hombre desparecido es un sicario. Debido a esta generalización, una diversidad de formas en que las personas desaparecen en México termina en la oscuridad de la atención pública. De hecho, con los datos disponibles, creo que difícilmente se puede afirmar que la mayoría de las personas desaparecidas son sicarios.

La abrumadora mayoría de los registrados estaban empleados antes de ser víctimas de homicidio o estar presos por homicidio. La imagen de los ninis como perpetradores de violencia no se sostiene. Efectivamente, hay un grupo de desempleados en víctimas por homicidio, pero no la mayoría, y no sabemos su ocupación porque no estaban afiliados a ningún esquema de seguridad social.

Hay al menos tres desafíos que enfrenta la política de paz que quiere impulsar el presidente electo Petro. En primer lugar, la presión política ejercida por Estados Unidos. En segundo orden, la presión social contra cualquier acuerdo con organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico será mayúscula. Finalmente, que las organizaciones criminales puedan evadir el acuerdo.

En años recientes se ha dicho reiteradamente que las drogas ya no son el principal negocio de las organizaciones criminales en México. Sin embargo, hasta ahora la evidencia apunta más a una diversificación de las actividades criminales con el mercado de drogas a la cabeza que a una sustitución de las ganancias vía extorsión.

El fracaso legal de la demanda ante la Corte de Massachussets no debería, sin embargo, oscurecer los méritos políticos de la demanda. En este caso México está dispuesto a perder para ganar.