Anomalías en entrega de armas de fuego a gobiernos subnacionales (II/II)

Imagine que está en un parque de su colonia. Mientras la gente habla sentada en las bancas, ríe o come un helado, a plena luz del día, dos grupos empiezan a atacarse entre sí con armas de fuego. Usted, como puede, se tira al piso e intenta arrastrarse para encontrar refugio. Los policías que estaban en una patrulla en una esquina dan unos cuantos disparos para tratar de frenar el ataque. Después, hay silencio. No disparan. No tienen balas. Ese caso podría ser real. Algunas entidades federativas y municipios en México podrían estar viviendo ese problema. 

De manera general, distingo al menos dos tipos de anomalías en la entrega de armas y municiones a instituciones de seguridad y justicia locales en los últimos años: las relacionadas con la regulación –que se abordaron en la primera entrega de este artículo– y las enfocadas en la implementación. A la luz de la revisión a entrevistas a autoridades e informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), toca, en esta segunda parte, abordar las anomalías en la implementación. En síntesis, se han entregado bienes con retrasos, no se han entregado bienes (al menos, en un amplio periodo) o no se ha asegurado que cuerpos operativos de seguridad y justicia tengan y ocupen esos bienes.

Más allá de los problemas en las disposiciones o instrumentos para la entrega de armamento de la Sedena a gobiernos locales aquí expuestos, la entrega en sí ha sido atropellada. Se han presentado problemas como demoras, falta de entrega y falta de comprobación de la distribución y uso de armas por personal operativo.

Ilustración: Estelí Meza

Primero: en algunas ocasiones, la Sedena tuvo retrasos en la entrega de armas y municiones a gobiernos locales. De acuerdo con entrevistas realizadas en 2019 por el equipo de investigación de Causa en Común, autoridades enfocadas en seguridad pública en León (Guanajuato), Morelos, Coahuila, Veracruz y Chiapas mencionaron que la cotización y entrega de armas y municiones puede tomar entre un año y medio y dos.¹ En específico, personal del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Chiapas mencionó que, al menos en 2019, las entidades federativas y la Guardia Nacional realizaron múltiples peticiones de armamento a la Sedena y ésta “no se dio abasto”.² Esto resulta preocupante porque indica que, en algunos de los años más violentos, algunas corporaciones posiblemente no tenían armas.  

Segundo: en algunos casos, la Sedena no ha entregado el armamento a gobiernos estatales y municipales. En su análisis de la cuenta pública de 2018, la ASF señaló que la Sedena no había otorgado cartuchos al gobierno de Monterrey, Nuevo León, aunque éste le pagó .2 millones de pesos (mdp), ni armamento y municiones al gobierno de Baja California Sur, aunque éste le transfirió 6.6 mdp.³ En el análisis de la cuenta pública de 2019, la ASF detectó que la Sedena no había entregado o comprobado la entrega de municiones al gobierno de Tabasco por un monto de 1.4 mdp; armamento, cartuchos y cargadores al gobierno de Chihuahua por 8.7 mdp; armas y cartuchos a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero por 1 mdp; cartuchos, cargadores y granadas a la FGE y Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Quintana Roo por 1 mdp.⁴ Esto es grave porque muestra que algunos cuerpos de seguridad y justicia posiblemente no tenían armamento en momentos críticos, e indica que no hay evidencia del uso de recursos públicos en los bienes planeados.

Tercero: no se puede garantizar, en algunos casos, que el armamento llegó a las personas que se pretendía o que está en uso. La ASF detectó, en su revisión a la cuenta pública de 2019, que la Sedena entregó armamento a la SSP de Sinaloa; sin embargo, autoridades de dicho estado “omitieron acreditar que el armamento adquirido (…) se encuentre en condiciones adecuadas de operación, también omitieron acreditar la distribución al personal operativo, no proporcionaron evidencia de los resguardos correspondientes al armamento, ni evidencia de la matrícula de las armas, ni entradas al almacén de la Armería de la SSP”.⁵ Esto es problemático porque no se puede garantizar que el armamento tiene la calidad requerida ni que la policía efectivamente tiene esas armas.

En resumen, esta serie de artículos muestra que hay anomalías en la entrega de armas a gobiernos municipales, mismas que pueden dividirse en dos: las relacionadas con las regulaciones y las relacionadas con la implementación. Si bien esta serie de artículos ofrece un primer aproximamiento a este fenómeno y algunos ejemplos, hay que señalar que los hallazgos aquí presentados no permiten realizar generalizaciones ni detectar disminuciones o aumentos en las anomalías. Tampoco permiten determinar causas o responsables de estas irregularidades: ¿qué causó en ocasiones retrasos en la entrega de armas? ¿Por qué algunas veces no se formalizaron convenios de compraventa de armas? ¿Por qué en algunas ocasiones no se comprobó que se entregó armamento al personal operativo? Queda pendiente continuar con el análisis detallado de este asunto, así como con la exigencia a la Sedena, autoridades estatales y municipales y demás involucrados para que se lleve a cabo una entrega de armamento eficiente y oportuna. Lo necesitan nuestras instituciones de seguridad y justicia, y lo requerimos todas y todos.⁶

Belem Barrera González
Politóloga por el CIDE y maestra por el IDS, de la Universidad de Sussex. Investigadora y activista enfocada en disminuir la corrupción y violencia, con experiencia en sociedad civil, universidades, gobierno y consultorías en esos temas.

¹ Belem Barrera, “Usemos el FASP, antes de que sea demasiado tarde”, Animal Político, 27 de noviembre de 2011.

² Realicé una solicitud de información a SEDENA sobre por qué se retrasa la cotización o entrega de armamento a las policías locales, y dicha institución respondió: “se hace de su conocimiento que, después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta secretaría, no se localizó evidencia documental que de respuesta a su requerimiento”. Respuesta a solicitud de información a SEDENA con folio 700009920; Barrera, “Usemos el FASP, antes de que sea demasiado tarde”.

³ ASF, “Sistema Público de Consulta de Auditorías”.

⁴ Ídem.

⁵ Ídem.

⁶ Agradezco los comentarios a este artículo de Reynaldo Alejandro Saldívar Gutiérrez, Emilio Marcel Regidor Eternod y José Francisco de Villa Soto. Los errores que pudieran existir son míos. Todos los convenios y actas de entrega-recepción mencionados en esta investigación fueron obtenidos mediante respuesta a la solicitud de información a SEDENA con folio 700050620 y pueden ser visualizados aquí.