La violencia en México cobrará este año más de 250 mil víctimas mortales desde el año 2007, millones de víctimas de robo, extorsión y secuestro, así como a un 75 por ciento de la población sintiéndose insegura en su ciudad, y sin embargo, no se cuenta con una estrategia para controlarla. Así, con más de 4,700 homicidios en lo que va del año, 2017 será uno de los más violentos de los que se tenga registro. Además, de acuerdo con a ENVIPE 2017 la tasa de víctimas de delito se mantiene en 28,000 delitos por cada 100 mil habitantes; la inseguridad continua siendo el problema más importante para más del 60 por ciento de la población; la impunidad se mantiene sólida en más de 93 por ciento y las instituciones de sistema de seguridad (policías, ministerios públicos y jueces) siguen siendo percibidas por los ciudadanos como corruptas.

La siguiente gráfica muestra como a pesar de los esfuerzos gubernamentales de dos administraciones, en la última década la violencia letal ha crecido año con año, siendo el más bajo 2007 y el actual el más alto. Lo más relevante es que en toda esta serie de tiempo no es posible incluir una política pública que tenga de manera específica como objetivo disminuir el número de víctimas o las causas que la generan. Hasta la fecha, no se ha desarrollado. 

A principios de la actual administración federal, la reducción de la violencia y la generación de condiciones de paz fue un eje central de la agenda que generó, entre otros, el subsidio del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Hoy es letra muerta ya que se le retiró el presupuesto para 2017 sin mayor explicación. Esta crisis de inseguridad se gestó desde al menos un lustro y, entre otras causas, es el resultado de la indolencia e incapacidad de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, pero también de la indiferencia de todos nosotros los ciudadanos.

Toda proporción guardada, durante la crisis provocada por el terremoto del pasado 19 de septiembre millones de mexicanos nos movilizamos para atender la emergencia que culminó en 369 muertos. Comparemos esta cifra con los más de 60 asesinatos diarios que en promedio suceden el país y que al mes acumulan más 1,800 homicidios sin que se genere movilización o esfuerzo gubernamental y ciudadano alguno remotamente equiparable al visto en los días siguientes al terremoto.

Se trató de una emergencia requirió de la movilización de toda la sociedad ante la magnitud de la catástrofe y las dificultades que enfrentaron las autoridades gubernamentales para hacerle frente a las consecuencias. #Verificado19s, por ejemplo, es una plataforma digital, construida por ciudadanos, que organizó información para coordinar los esfuerzos tras el terremoto. Esta herramienta funcionó eficientemente para vincular necesidades específicas con voluntarios y donantes.

En sentido similar, la crisis de inseguridad y violencia en México, que pareciera no ser una emergencia y que ha sido normalizada por las autoridades y los ciudadanos (que es aún más grave), pone en evidencia la incapacidad de las instituciones del Estado mexicano por contenerla y por ello requiere de una estrategia articulada de los tres órdenes y poderes de gobierno la sociedad civil, el sector privado, la academia y, sobre todo, la ciudadanía.

Aunque la seguridad es un tema que genera impotencia e indiferencia entre autoridades y la población, la realidad es que es una precondición para desarrollar cualquier actividad: educarnos, trabajar, transportarnos, recibir servicios de salud o divertirnos. Es decir, la seguridad permite ejercer el resto de nuestros derechos, siendo el principal el derecho a la vida.

En ocho meses tendremos elecciones federales y dada la magnitud del problema es imperativo que todos los candidatos a la Presidencia de la República presenten en campaña su propuesta de estrategia de seguridad en torno de las necesidades de los ciudadanos. Dado que tradicionalmente las propuestas en esta materia se limitan a acciones reactivas y disuasivas (patrullajes u operativos, equipo táctico y cámaras de vigilancia), a continuación, enumero algunos elementos con los que debería contar una estrategia de seguridad para México.

  1. Definir un objetivo claro. La crisis de inseguridad se compone de varios fenómenos que pueden considerarse problemas en sí mismos, dígase crimen organizado, homicidios, feminicidios, delincuencia común, impunidad y debilidad institucional, entre otros. No obstante, un ejemplo de objetivo que podría englobarlos se enunciaría: Reducir 5 por ciento la percepción de inseguridad de los ciudadanos al año a través de la disminución de la impunidad, el fortalecimiento institucional y el trabajo coordinado entre autoridades y ciudadanos.

  2. Establecer acciones para lograr el objetivo. Una estrategia diferenciada para reducir los homicidios será sin duda uno de los ejes fundamentales de este punto. Será necesario establecer acciones por estado, municipio y localidad, así como estratificar por tipo de víctima y causa de muerte.

La siguiente gráfica muestra que es necesario concentrar esfuerzos de reducción de violencia letal en Guerrero, Chihuahua, Sinaloa y, más recientemente, Colima. Adicionalmente, indica que es importante analizar las causas que han llevado a Yucatán, Aguascalientes o Querétaro a tener las tasas más bajas de homicidio en la última década. 

También, será fundamental trabajar con los familiares de las víctimas de manera coordinada con las policías, fiscalías y jueces para establecer una meta, que puede ser de 10 por ciento anual, en la disminución en la violencia letal y en la impunidad de este delito.

  1. Fortalecer capacidades institucionales y de capital humano. Sin policías capacitados, bien pagados, equipados y con mandos adecuados que les permitan fungir como primeros respondientes, y sin ministerios públicos capaces de generar carpetas de investigación sólidas, será muy complicado revertir los altos índices de impunidad y violencia. También es necesario contar con recursos humanos en los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil capaces desarrollar e implementar políticas públicas de seguridad y prevención de la violencia que atiendan factores de riesgo específicos en poblaciones específicas (niñ@s, jóvenes y mujeres).

  2. Coordinación multi-actor y multinivel. Es claro que a las autoridades de los tres órdenes y poderes de gobierno las rebasó el problema y que las acciones de disuasión, coordinación y reacción, no han tenido resultados positivos. Será imperativo que la estrategia considere las condiciones y contextos de las víctimas y ciudadanos, así como la coordinación de las policías (federal, estatales y municipales), las Fuerzas Armadas, las fiscalías (general de la república y estatales), jueces y magistrados (estatales y federales), las organizaciones de la sociedad civil, la academia y el sector privado. Un actor adicional cuya incorporación será fundamental son las instituciones de la cooperación internacional, que cada vez y en mayor medida, complementan y fortalecen las acciones del Estado mexicano, la sociedad civil y el sector privado.

  3. Evidencia, transparencia y rendición de cuentas. Las encuestas y datos generados por el INEGI, así como por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública son un referente para definir metas, verificar avances y revisar resultados en materia de incidencia delictiva y percepción de inseguridad. Sin embargo, será fundamental incorporar datos los observatorios ciudadanos de violencia, del Sistema Nacional de Información en Salud, las Fiscalías y el Poder Judicial para medir los cambios en la tasa de homicidios en una población y municipio en particular, en el porcentaje de denuncias iniciadas por los ciudadanos o en el porcentaje de sujetos vinculados a proceso. Los avances o retrocesos generados deberán darse a conocer periódicamente por los actores involucrados para hacer los ajustes necesarios en procesos participativos abiertos para rendir cuentas a los ciudadanos.

Los elementos antes descritos, sin duda son insuficientes para generar una estrategia comprensiva, pero sientan las bases de una cadena causal que genere un cambio positivo. 

Es necesario considerar además las siguientes premisas: que los resultados se verán en el mediano y largo plazo; el liderazgo y compromiso de autoridades y sociedad civil es vital para el éxito; la disuasión y la prevención son complementarias, no excluyentes, y que los actores locales son fundamentales, pero requieren de lineamientos y fondos federales.

Sin claridad de lo que se quiere lograr y más importante aún, cómo se pretende llegar allí, será imposible salir de la espiral de violencia e inseguridad que asesina, victimiza y nos afecta a millones de mexicanos.

Guillermo Vázquez del Mercado es consultor en seguridad ciudadana.