La primera de las dos entregas de este texto abordó los antecedentes del cultivo de la amapola en México y la bonanza, especialmente en dos pueblos identificados como “A” y “B”; el primero ubicado en Nayarit y el segundo, en Guerrero.

La bonanza económica, en ambos pueblos, tuvo un fin brutal. Para mitades del 2018, el precio ya había caído hasta ocho mil pesos por kilo en el Pueblo A, una perdida de más de 50% en menos de un año. En el Pueblo B, entre octubre de 2017 y verano de 2018, los precios pasaron de alrededor de 30,000 pesos a menos de cinco mil pesos el kilo de goma.

En este contexto, los habitantes indicaban que la superficie de tierras dedicadas a la producción de amapola había disminuido fuertemente y muchos campesinos ni siquiera han sembrado en los últimos meses. En la Montaña de Guerrero se pueden actualmente encontrar varios kilos de goma almacenados por los productores o pudriéndose en la sierra, “ya que nadie sube más a comprarla”.

Finalmente, esta crisis ya ha forzado muchos habitantes a abandonar sus comunidades para buscar trabajo en otra regiones mexicanas, mientras algunos emprenden el peligrosísimo camino hacia Estados Unidos. También, varios habitantes de nuestras zonas de investigación fueron contratados por grupos criminales para trabajar como peones en otros cultivos de amapola, o como sicarios. Finalmente, varias fuentes han confirmado que en diferentes regiones de Sinaloa ya se está produciendo fentanilo para el mercado estadunidense.

Ilustración: Patricio Betteo

Causas de la crisis y efecto nacional

Cuando preguntamos a los habitantes cuáles eran las razones de esta caída, todos lo tenían muy claro: “es culpa de los gringos” que “ahora tienen una nueva cosa, y no quieren más heroína (…) por eso no vendemos nada”. Sin embargo, en esa época no habían todavía tocado fondo. Ahora mismo, en abril del 2019, según fuentes consultadas en la zona, el kilo de goma, cuando se vende, se deja ir hasta en tres mil pesos en ciertas partes de Guerrero.

Existen varias hipótesis para explicar la caída drástica de los precios de la heroína. A partir de nuestro trabajo, y de las fuentes disponibles, no podemos llegar a conclusiones definitivas.

Por un lado, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA), en su informe anual publicado en noviembre 2018, aseguró que la demanda en heroína en EEUU sigue aumentando, lo cual parece absolutamente contradictorio con lo que nos dicen todos los productores y traficantes mexicanos que hemos consultado: casi nadie compra más heroína en México. Ésta representaba, hasta hace poco tiempo, más de 90% de la heroína consumida en los EEUU. Aunque no se pueda comprobar empíricamente la correlación directa entre el auge del fentaniloen los Estados Unidos y la crisis de la amapola en México, todo parece indicar que la coincidencia es masiva.

Más allá de las causas exactas, lo que resulta seguro es que la crisis en México es dramática, con consecuencias que requieren más investigación. En este sentido, nuestras informaciones, combinadas con datos acerca de las demás regiones productoras de amapola en México, en particular en el “Triangulo dorado” entre los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa, permiten obtener cierta visión nacional.

En la sierra de Sinaloa registramos también una caída de los precios. El kilo de goma bajó a un rango de ocho mil a 12,000 pesos durante el primer trimestre de 2019 (comparado con un promedio de 25,000 hace 18 meses). Esto deja ver importantes variaciones regionales en la caída actual de los precios. Posiblemente tengan que ver con una combinación de factores que pueden incluir la calidad del opio, el poder de negociación de los productores y traficantes, el poder coercitivo de las organizaciones criminales que operan en las zonas, la distancia entre la región de producción y el mercado de consumo, los precios de venta en EEUU, y el costo de la protección adquirida con agentes públicos.

Estas dinámicas locales, y el porqué de las variaciones, son parte de las preguntas que requieren más investigación. Eso sí, confirman una tendencia general clara: los precios están en constante declive desde hace 18 meses, provocando perdidas multimillonarias. Para estimarlas, y obtener cierto orden de magnitud económica de la crisis, decidimos combinar las estimaciones de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC) sobre la producción de opio, con las variaciones del precio de venta por kilo de goma en el ultimo año y medio. Así, podemos, a grandes rasgos y sin pretensión científica, estimar el volumen de la economía de la amapola en 2017 y la amplitud de la caída.

Estimamos el valor de la producción de amapola en 2017 en aproximadamente 17,000 millones de pesos (846 toneladas de goma, producidas a partir de 44 100 hectáreas). Esta cifra representa más que el valor total nacional de la producción de frijol (16,000 millones), de trigo (13,000 millones), o de algodón (12,000 millones). Aún más impactante, nuestra cifra superaría el valor total de la producción agrícola de 26 de 32 estados de la Republica, incluyendo Guerrero (siete mil millones de pesos), Oaxaca (cuatro mil millones) o Puebla (11,000 millones).

Ahora, si asumimos que hasta finales de 2018 aún no había disminuido la superficie total cultivada, y fijando el precio medio del kilo de goma en ocho mil pesos, estimamos que las ganancias bajaron hasta siete mil millones de pesos para ese año. Esto indicaría una caída de los ingresos en ciertas de las regiones más pobres de México de casi 60% en un año y medio, una dinámica que todavía se está agravando.

Recientemente, nuestros contactos en Guerrero y en Nayarit confirmaron lo siguiente:

• Nadie viene a comprar la goma y la producción de amapola, ya no es rentable.
• Muchos campesinos ni siquiera sembraron en las últimas temporadas, abandonando así sus parcelas.
• Muchas familias se quedaron sin su única fuente de ingresos.
• Los hombres dejan sus regiones de origen para buscar trabajo en otra zonas productoras de amapola, como jornalero de la raya.
• Otros buscan migrar, sea internamente en México o jugándose la vida para cruzar a EEUU, mientras también nos reportan casos de reclutamiento a grupos criminales de sus regiones respectivas.

Una oportunidad para México?

La perdida casi completa de rentabilidad de la amapola estaría ofreciendo una ventana —pequeña y compleja— de oportunidades para México. Como nos comentaba el fotoperiodista César Rodríguez, al regresar de un trabajo reciente en Guerrero, “¿Estará el fentanilo logrando lo que ningún gobierno ha logrado en los últimos 30 años” en términos del combate al cultivo de amapola?

1. La legalización y sus limites

Una de las alternativas que se maneja en el ámbito público es la legalización de la producción de opio para fines medicinales.

El argumento fue presentado incluso por el entonces gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, quién había declarado que la legalización ayudaría a sacar a la entidad de la violencia y favorecería su economía. El mismo argumento se escuchó en varias campañas electorales en la región en 2018 y muchos campesinos también defienden esta opción.

Así, desde el año pasado, los llamados pro-legalización han tomado fuerza. El exgobernador fue seguido por expresidentes de la República así como influyentes think-tanks en México y en el extranjero, la actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, e incluso miembros del Ejercito mexicano. Por otra parte, el Congreso de Guerrero, en agosto de 2018, envió una iniciativa de ley al Senado de la República que pedía la legalización del cultivo de amapola para fines medicinales.1 Los argumentos prolegalización están bien resumidos en el texto del congreso guerrerense, el cual avanza que la legalización traería consigo ventajas como ingresos económicos considerable a las comunidades productoras; ganancias públicas por vía de impuestos, creación de empleos legales para habitantes de Guerrero –tanto en el cultivo de la amapola como en su transformación farmacéutica–; así como un aporte de morfina a las estructuras de salud, que siguen importando esta droga del extranjero y sufren regularmente de escasez. Por último, la disminución de la influencia de las organizaciones criminales en las zonas productoras y, como resultado, la baja de la violencia en el campo guerrerense.

En muchos sentidos, nuestro análisis parece apoyar a los partidarios la legalización y los campesinos seguramente estarían dispuestos a dedicarse a la misma actividad en un ámbito legal. Por otra parte, en un contexto de precios tan bajos, la legalización puede resultar una inversión “barata” ya que no se necesita competir con los altísimos precios de los años anteriores.

Sin embargo no vemos en la legalización ninguna “varita mágica”. Primero, existen barreras legales importantes, tanto en México como en el sistema internacional de regulación de las drogas.2 Por lo tanto no puede haber una respuesta solamente mexicana a esta cuestión. La revisión del marco normativo internacional representa un esfuerzo político y diplomático incierto y de largo plazo. Si se pretende modificarlo, se requiere un planteamiento urgente por parte del gobierno mexicano.

Segundo, los argumentos que vinculan mecánicamente la legalización de la amapola con una caída de la violencia son, por decir lo menos, ingenuos. Las dinámicas locales de violencia en ámbitos rurales no únicamente tienen que ver con el tráfico de drogas. Más bien, consideramos que éste es una vertiente de procesos complejos, múltiples y articulados entre sí, que incluyen la impunidad, la corrupción, la regulación de mercados ilegales diversos, la conducción de política “sucia” así como de otras actividades (secuestros, extorsión, tala o minería ilegal). Así, nos parece fundamental recordar que la violencia criminal en México no pertenece a un mundo ajeno al ámbito social. Por el contrario, las categorías de lo “legal” y de lo “ilegal” se solapan continuamente y la violencia representa, para muchos actores, un recurso central para el cumplimiento de objetivos políticos y/o económicos.

Tercero, estamos escépticos respecto a saber si la producción legal de opio no terminaría afectando únicamente una mínima parte de la producción total, y qué sucedería con la satisfacción de la demanda en heroína ilegal que, a pesar de caer, no desaparece del todo. Aquí parece haber una fuerte divergencia de vistas acerca del tamaño potencial del mercado legal mexicano. Los comentaristas más conservadores sostienen que la demanda legal mundial es relativamente pequeña y que la producción legal actual ya la supera. En la otra punta de la discusión, varios analistas declaran, por el contrario, que la demanda en tratamientos contra el dolor está masivamente subestimada, principalmente por los pocos países productores, a fín de mantener una posición de monopolio. En este sentido, los países más pobres, y los países en desarrollo únicamente tienen acceso al 9% del mercado mundial de morfina.

Actualmente, México importa 0.7 toneladas de morfina legal, un volumen que requiere alrededor de siete toneladas de opio para producirse. Pero siete toneladas es 0.73% de la producción actual de opio en México, un volumen que se puede producir en 321 hectáreas de tierra. Para decirlo de otra manera, este volumen no supera el que se produce en ciertos pueblos de Guerrero.

Respondiendo a esto, varios analistas consideran que la razón por la cual México importa tan poca morfina es porque sus instituciones de salud son reacios a desarrollar los tratamientos contra el dolor adecuados a los necesidades del país. Un estudio reciente señala que México necesita 20 toneladas de morfina por año para ofrecer los tratamientos adecuados, lo que requeriría 200 toneladas de opio. Es decir, 21% de la producción ilegal de 2017, equivalente a 9 mil 265 hectáreas.

El debate abre preguntas que quedan por investigar: ¿Como haría el gobierno mexicano para elegir cual región tendría derecho de producir el opio legal? ¿Qué pasaría con el resto? ¿Podemos evaluar precisamente las necesidades del mercado de salud y sus fluctuaciones? ¿Qué se haría con el resto de la producción, legal o ilegal? ¿Podría negociar México con el International Narcotics Control Board, así como el sistema actual de regulación de la producción de morfina para entrar en el mercado? ¿Cómo lograr la integración de los campesinos a esta nueva industria? ¿Son los casos de Turquía y de la India –países que integraron el mercado legal– unos ejemplos para México? Todas estas preguntas deben ser estudiadas en un siguiente paso.

2. Sustitución de cultivos

Junto con la legalización y la regulación de la producción, se refiere frecuentemente a la sustitución de cultivos como una alternativa a la dependencia a la amapola. Así, durante la serie de debates de campaña presidencial en 2018, el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, hoy Presidente de México, había sugerido que los cultivos de amapola en Guerrero podrían ser sustituidos por maíz a “buen precio”, dándole así a los campesinos una fuente de ingresos “honestos” mientras le quitaría poder a las organizaciones criminales. Lo repitió durante una conferencia de prensa el 23 de abril de 2019.

Estos programas han sido implementados en varios países y su éxito ha sido limitado, entre muchos factores, por una constante: las drogas casi siempre son más rentables que los productos legales. Por ejemplo en Colombia, a pesar de las inversiones en programas de sustitución de cultivos por lo menos desde 2016, la producción de coca siguió aumentando.

Por otra parte, la sustitución de cultivos requiere de una inversión y un seguimiento público masivos, así como de una integración competitiva en los mercados de consumo existentes dado que “ciertos cultivos lícitos no son económicamente viables, mientras que otros son económicamente viables pero no son competitivos frente a otras producciones licitas, o ilícitas”.3

Sin embargo, la crisis actual en México ofrece un cambio completo de paradigma: el cultivo de amapola ya no es rentable, particularmente en las regiones que hemos estudiado para este informe. Esto podría sugerir que existe una ventana de oportunidad sin precedente para la implementación de programas de sustitución.

Desgraciadamente, parece existir otra limitante en el campo mexicano: el uso masivo de fertilizantes y químicos, tanto por parte de los campesinos que del ejercito durante las operaciones de fumigación. La cuestión ambiental podría ser un obstáculo a la sostenibilidad de las sustituciones, por lo menos a corto plazo, como nos explicaba un productor en Guerrero:

La tierra pierde de su fertilidad. Hay que echarle más fertilizante a la tierra, entonces la planta pierde de su fuerza y la goma también, entonces le echas más, y así, ¿me entiendes? Y a eso le tienes que agregar los químicos que tiran de los helicópteros, como la planta esta más protegida por los fertilizantes, [ellos] tiran más químicos, más fuertes (…) Hace diez años más o menos no se ocupaba mucho químico, fumigabas poco, quizás en tiempo de aguas (…) igual la goma te dejaba ganancia chingona (…) para hacer un kilo de polvo en tiempo de aguas le echabas unos 20 kilos de goma, ahora son 26 o 27 mínimo(…) en secas eran nueve o 10, ahora son 12(…) todo pierde.

Estas cuestiones ambientales y agrícolas están al centro de una reflexión de largo plazo para el diseño de una política adecuada y realista, así como un cambio de régimen de producción en las zonas rurales de México. De igual manera que la legalización, la sustitución de cultivos no representa la cura milagrosa a la crisis de la amapola, pero ambas pueden ser una vertiente de una iniciativa pública ambiciosa que ofrezca oportunidades a campesinos que, por primera vez en décadas, están dispuestos a dejar el cultivo de amapola.

La crisis de la amapola en México se está desarrollando casi en silencio, a pesar de la catástrofe social y económica que representa para ciertas de las regiones más vulnerables del país.

El 23 de abril del 2019, el Presidente López Obrador se expresó acerca de Guerrero, indicando que le gobierno federal estaba “atendiendo a productores de amapola para evitar una crisis alimentaria” en el estado. Saludamos el esfuerzo. Pero nuestro trabajo es un llamado para una intervención pública, nacional y de largo plazo, enfocada en atender dinámicas variadas y complejas, tanto desde un punto de vista económico, social, de desarrollo rural, como de seguridad pública. El reto es mayor. La oportunidad también.

 

Romain Le Cour Grandmaison
Candidato a doctor en la Universidad de la Sorbonne Paris-1. Su doctorado se enfoca en las dinámicas sociales de la violencia en México. Es también co-fundador y director del think tank Noria Research, investigador asociado de México Evalúa y consultor para varios organismos internacionales.

Nathaniel Morris
Doctor en historia de la Universidad de Oxford, e investigador asociado en University College London. Su investigación actual se enfoca en el auge de las organizaciones de autodefensas indígenas en el México contemporáneo.

Benjamin T. Smith
Profesor de historia latinoamericana en la Universidad de Warwick. Su trabajo actual se enfoca en la historia del tráfico de drogas en México.


1 Congreso del Estado de Guerrero, Iniciativa Con Proyecto de Decreto que Adiciona y Reforma Diversas Disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Federal Penal, y del Código Nacional de Procedimientos Penales, 17 de agosto de 2018.

2 Convención Única sobre Estupefacientes 1961; Convenio sobre sustancias Sicotrópicas 1971; Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas 1988.

3 Graham Farrell, ‘A Global Empirical Review of Drug Crop Eradication and United Nations Crop Substitution and Alternative Development Strategies,’ Journal of Drug Issues (March 1998), p. 403. [DOI: 10.1177/002204269802800207].