Desde su anuncio hasta su aprobación, la polémica propuesta de crear una Guardia Nacional fue un recurrente blanco de críticas por parte de grupos de la sociedad civil organizada y partidos de oposición. Aunque descansan en una preocupación legítima, los cuestionamientos nacen también de un agotado progresismo antimilitarista que quiere ver a toda costa a las fuerzas armadas fuera de las calles, independientemente de los efectos nocivos que tal retirada traería.

Los detractores suponen que una Guardia Nacional bajo un mando castrense tendería a militarizar el aparato de seguridad, generando mayores índices de violencia y violaciones a los derechos humanos. No obstante, es difícil derivar tales conclusiones a partir de la propuesta presentada inicialmente. A pesar de ser motivadas por una preocupación legítima, las afirmaciones son en su mayoría precipitadas.

Diversos estudios demuestran que los altos índices de violencia no fueron generados por la intervención del ejército, sino por una estrategia de descabezamiento de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas que detonó una batalla despiadada entre las organizaciones criminales.1 La lucha entre organizaciones criminales es la principal fuente de violencia en nuestro país. Las muertes y lesiones generadas por enfrentamientos entre la autoridad y presuntos miembros de organizaciones criminales representan apenas una pequeña parte de la totalidad de manifestaciones de violencia en el país.2

Ilustración: Patricio Betteo

Los cuestionamientos hacia el carácter militar de la Guardia Nacional se extinguieron una vez que los senadores decidieron reemplazar el mando castrense por uno civil, a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Sin embargo, de aprobarse la reforma en 17 legislaturas estatales, las fuerzas armadas seguirán participando en tareas de seguridad pública por los próximos cinco años, protegidas por un transitorio en la Constitución.

La participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública no es algo ajeno a México. A partir de la operación Cóndor en 1968 su uso (particularmente en el combate al narcotráfico) ha sido cada vez más frecuente. Sin embargo, tras la ofensiva lanzada por el presidente Felipe Calderón contra el crimen organizado en 2008, las fuerzas armadas tomaron un papel protagónico en la seguridad del país.

La evolución de los grupos criminales, auspiciada por el nexo político-criminal presente durante el régimen de partido hegemónico, así como la aspiración de cada grupo de dominar el mercado de narcóticos, detonó el surgimiento de brazos armados ligados a diferentes organizaciones criminales.3 Fue así como el uso de la violencia se volvió la herramienta común de los grupos criminales para hacer valer sus ambiciones, generando una emergencia sin precedentes en la historia. Las condiciones resultantes motivaron la intervención de las fuerzas armadas para intentar apagar el fuego que las más de mil 500 policías a lo largo del país fueron incapaces de extinguir.

En contextos de crisis, no es extraño que gobiernos democráticos opten por que las fuerzas armadas (o algún cuerpo intermedio con atributos militares, como los Carabinieri en Italia) absorban funciones de los cuerpos de seguridad tradicionales, en especial cuando estos últimos son incapaces de llevarlas a cabo. Esta tendencia ha estado presente en virtualmente todos los países con un ejército, incluyendo aquellos con una amplia tradición democrática.4

En Francia, el ministerio de Defensa dirige desde 2015 la operación Sentinelle, que consistió en 10,000 soldados y 4700 policías desplegados en las calles de todo el país. La operación tiene el objetivo de contener la amenaza del terrorismo.

En Italia, durante los 90 el Ministerio de Defensa llevó a cabo la operación Vespri Siciliani para contener la violencia esparcida por miembros de la mafia siciliana. Durante seis años, la  operación involucró un total de 150 mil soldados y oficiales, convirtiéndose en la maniobra militar más grande en Italia desde la Segunda Guerra Mundial. El mismo país mantiene desde 2008 las operaciones Strade Sicure y Strade Pulite, coordinadas por una junta dirigida por el ministerio de Defensa.5

En Inglaterra, la operación Temperer se desplegó en 2017 para auxiliar a la policía luego de haber sufrido ataques terroristas contra la población. En Alemania, la participación de las fuerzas armadas se encuentra prevista en la Constitución para atender casos de extrema urgencia donde el uso de las fuerzas policiales sea insuficiente.6

Alrededor del mundo, las fuerzas armadas se han transformado para atender las nuevas amenazas globales a la seguridad. América Latina no es la excepción; al igual que el terrorismo en países europeos, el crimen organizado transnacional se considera una de las nuevas amenazas globales para la seguridad de la región.7

En este sentido la minuciosa compilación “La transformación de las fuerzas armadas en América Latina ante el crimen organizado” realizada por Carolina Sampó y Sonia Alda pone en evidencia la reorientación de su labor en la región. La investigación expone cómo los gobiernos de Centroamérica, los Andes, Brasil, y más recientemente Argentina y Uruguay han recurrido a las fuerzas militares para intentar combatir el crimen organizado transnacional, lo cual manifiesta una irreversible tendencia regional.

A diferencia de sus pares sudamericanos, Argentina y Uruguay se habían negado abruptamente a recurrir al ejército en tareas de seguridad interior.8 En el primer caso, el reciente reemplazo del decreto 727/2006, que reglamenta la Ley de Defensa Nacional, dota a las fuerzas armadas de un marco legal para el combate al crimen organizado. El nuevo decreto 638/2018 pretende modernizarlas para adaptarlas “a la agenda de seguridad, como consecuencia de la jerarquización de amenazas no convencionales”.9

En la misma sintonía, Uruguay aprobó una ley para desplegar al ejército en la frontera con el fin de contribuir a la lucha contra “amenazas transnacionales” asignándole la capacidad de detener a quien sea sorprendido cometiendo un delito en flagrancia. Asimismo, los militares fueron desplegados para custodiar los cultivos de marihuana producidos por el Estado,10 tarea antes desempeñada por la policía.

La pretensión de utilizar a las fuerzas armadas para contener tanto al crimen organizado como al terrorismo no es algo insólito, sino una salida natural que numerosas democracias alrededor del mundo han decidido seguir ante un estado de necesidad. Tal necesidad se superpone antela convencionalidad de permanecer bajo la tutela de un aparato de seguridad oxidado. El antimilitarismo —entendido como resultado natural de una agenda liberal— caduca cuando lo rebasa la apabullante realidad de nuestros días. Ante esto, no podemos cegarnos y rechazar analizar la reorientación de las fuerzas armadas, indispensables para asegurar la paz y defender las instituciones democráticas que han sido construidas a lo largo de la historia.

 

Manuel Durazo
Estudiante de Ciencia Política (ITAM). Premio Nacional de la Juventud (2010). Analista en materia de seguridad.


1 Ver Gabriela Calderón, Gustavo Robles, Alberto Diaz-Cayeros, Beatriz Magaloni, The Beheading of Criminal Organizations and the Dynamics of Violence in Mexico (2015), Phil Williams, El crimen organizado y la violencia en México: una perspectiva comparativa (2010).

2 Ver Andreas Schedler, En la Niebla de la Guerra: los ciudadanos ante la violencia criminal organizada (2015).

3 Ver Stanley Pimentel, Nexus of Organized Crime and Politics in Mexico (1999), Angelica Duran-Martinez, The Politics of Drug Violence (2018).

4 Ver John Clarke, What should armies do? Armed forces and civil security (2016).

5 Las operaciones Strade Sicure y Strada Pulite son coordinadas a través del Joint Operations Head Quarter (JOHQ) que también incluye a responsables de la seguridad pública en el ámbito civil.

6 Así lo expresa el Artículo 87a de la Ley Fundamental de Bonn.

7 Ver Jorge Chabat, El Estado y el crimen organizado trasnacional, amenaza global, respuestas nacionales (2010).

8 Ver Alda, S, Los nuevos roles de las fuerzas armadas uruguayas y argentinas: la contribución a la lucha contra el narcotráfico, siguiendo la tendencia regional (2018).

9 Ver Sampó y Troncoso, “Las respuestas de los Estados frente al avance del crimen organizado en América Latina: El uso de la violencia (2005-2015)” (2017).

10 Ver Rodríguez Cuitiño, María del R., La lucha contra el crimen organizado y el terrorismo en Uruguay: un desafío a enfrentar (2017).