Más allá de mencionarlas una sola vez en todo el texto, el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 omite cualquier referencia, estrategia o plan enfocado a las policías estatales y municipales. De acuerdo al próximo secretario de seguridad, Alfonso Durazo, esto se debe a que la reforma policial no se consideró como un elemento “estratégico” de este Plan. De está manera, muy aparte del análisis detallado de cada uno de los ocho puntos del documento (el cual requeriría al menos una decena de artículos), la intención de este texto es explicar el porqué resulta tan grave que, en un documento como este haya omitido por completo a las Policías de este país y que se circunscriban los planes a corto, mediano y largo plazo en la claudicación del poder civil, al militar.


En su modelo para diseñar políticas públicas para la cohesión social que sí funcionen, el politólogo Qim Brugé plantea la necesidad de proponer e implementar —al mismo tiempo— políticas enfocadas en atender los riesgos (con programas preventivos), las situaciones (con programas reactivos) y los procesos (con programas estratégicos o estructurales).1 Bajo ese marco de referencia, el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 presentado por el próximo gobierno federal, pareciera, en el discurso, cumplir con los requisitos mencionados.

De entrada, plantea una visión precisamente multifactorial del problema. Se habla de las causas estructurales, de la necesidad de que el Estado garantice empleo, educación, salud y bienestar a los ciudadanos. Se formula, finalmente, un cambio de paradigma a la política de drogas y se pone énfasis (aunque de manera muy escueta) en la necesidad de recuperar y dignificar el sistema penitenciario. Se habla de la prevención desde la regeneración ética de la sociedad y de la construcción de paz desde diferentes (aunque aún con muchas interrogantes) mecanismos de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.

Y, sin embargo, a pesar de incluir tantos factores, el Plan excluye a una de las instituciones clave para la seguridad pública y ciudadana, la Policía, y a sus actores, las y los policías de los tres niveles de gobierno. No sólo los excluye, los desdeña y los condena a un abandono aún más profundo del que están. Si antes se criticó la visión reduccionista de la seguridad a un tema meramente policial, estamos ante un escenario igual o aún más preocupante. Un escenario que incluye otros elementos pero que deja fuera a la institución más importante en la materia y la sustituye con una Guardia Nacional de carácter y bajo control militar.

Ilustración: Víctor Solís

La claudicación ante el círculo vicioso

Existe un diagnóstico que, en lo general, se comparte: hoy en día, las Policías están rebasadas, no son lo suficientemente profesionales y confiables, y, por lo tanto, no hay condiciones para poder sacar a las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública de forma inmediata.

Bastan algunos datos: de acuerdo a la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017, del Inegi, 82% de las y los policías del país tienen dudas sobre cómo funciona el sistema penal acusatorio; el 50% tiene problemas de sobrepeso; y 90 de cada mil fue víctima de un acto de corrupción; el 86% compra o ha comprado parte de su equipamiento; y el 25% desarrolla otra actividad para completar sus ingresos económicos. Asimismo, de acuerdo a la organización civil Causa en Común, ninguna de las  32 policías estatales del país, ni la Policía Federal, cumplen con los estándares mínimos de ley en materia de desarrollo policial.

Es decir, sí, las Policías del país mantienen una debilidad institucional que les impide desarrollarse, lo cual tiene un evidente efecto, en primer lugar, sobre las y los policías que las conforman. Y, sin embargo, siguiendo con las categorías de análisis de Brugé, la estrategia ha sido, al menos el último sexenio,2 el tratar de resolver con acciones reactivas —utilizar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública—, un problema estructural —la debilidad institucional de las Policías.3

En este sentido, lo que plantea el Plan Nacional es la claudicación absoluta ante este problema. No sólo acepta que las Policías no están en condiciones de hacer frente a la situación actual de inseguridad del país, sino que, con la propuesta de la Guardia Nacional, oficialmente hace suya la estrategia de militarización de los sexenios anteriores con la agravante de que la plantea ya no como un remedio a corto plazo, “mientras las Policías se desarrollan”, sino que institucionaliza su permanencia y se abandona por completo el anhelo de un regreso gradual de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles.

¿Quién va a controlar a la Guardia Nacional?

El tema de los controles y ante qué instancia disciplinaria va a responder la Guardia Nacional y sus miembros no es menor. El problema es de origen porque el Plan conceptualiza a la seguridad pública como un subnivel dentro de la seguridad nacional. Esto, irremediablemente coloca a las Fuerzas Armadas y al poder militar, sobre las Policías y el poder civil. O lo que es lo mismo, la formación para eliminar objetivos, por sobre el de proteger derechos.

Si la Guardia Nacional va a ser reclutada, adiestrada y organizada por las Fuerzas Armadas, es lógico suponer que sus miembros entonces serán formados bajo la visión militar. Sería deseable que no fuera así pero entonces se tendría primero que re-adiestrar a los mandos y a los instructores en una perspectiva de seguridad pública y ciudadana. Asimismo, sería lógico suponer que, dado a que estará bajo la estructura militar, también se regirá bajo las normas y controles militares.

A estos errores se suma el de pensar que como serán los miembros de las divisiones de las policías naval y militar los que se integrarán a la Guardia Nacional, estos van a ser de otro perfil a los de la “tropa”.4 Los miembros de dichas divisiones son militares, sólo que, dentro de las Fuerzas Armadas, son los que se encargan de “coadyuvar a la conservación del orden y a la vigilancia del cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones militares de carácter disciplinario”.5 (De hecho, tal vez no haya mayor muestra de la importancia de las Policías, que el que las fuerzas armadas tengan a sus propios cuerpos policiales).

¿En dónde deja el Plan a las instituciones policiales y a los y a las policías?

La estrategia no sólo vuelve a dejar de lado el hecho de que la seguridad de los ciudadanos, va más allá de la criminalidad y que la violencia existe en muchos niveles, más allá de la delincuencia, ya sea común y organizada. Se plantean nuevamente estrategias generales y sin diagnósticos locales que puedan generar respuestas focalizadas a nivel regional.

El Plan no sólo entrega el mando a los militares y abandona la vía civil. Enfoca sus energías y recursos en la creación de una nueva corporación y en el reclutamiento de 50 mil elementos, meta por demás difícil de cumplir. Más grave aún, abandona por completo a las instituciones de policía y sobre todo a las y los policías de todos los niveles de gobierno del país.

 

Marcela Figueroa
Politóloga. Investigadora de Causa en Común.


1 Bruge, Q. (2010). Políticas para la cohesión social: Nuevos contenidos y nuevas formas, en La acción social del gobierno local (pp. 231-248). Ciudad de México: UNAM, Coordinación de Humanidades, PUEC, COLEF, IGLOM.

2 Suprimo al sexenio de Felipe Calderón porque al menos en este periodo sí se desarrolló a la Policía Federal.

3 Las hipótesis sobre las razones para esto sobran: falta de voluntad política; ignorancia y desconocimiento de las autoridades sobre las funciones y necesidades de la Policía; necesidad de una inversión importante de recursos; la dificultad de implementación; y el hecho de que los resultados no se dan a corto plazo, ni son visibles de inmediato.

4 Basta recordar el caso de Palmarito en donde la Policía militar estuvo involucrada.

5 Artículo 109 de la Ley orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.