Violencia como recurso político: caso Guadalajara

“No existen”. “Nadie sabe que están aquí”. “Ya se las cargó…”. “Las vamos a llevar al basurero. Que les den un susto. Pa’ que aprendan…”. Éstas fueron las palabras de quienes arrestaron a jóvenes manifestantes en Guadalajara, Jalisco, el 5 y 6 de junio pasados. Desde entonces, la atención mediática regresó a seguir la curva de homicidios y masacres que volvieron a dispararse en el resto del país. Sin embargo, los eventos en la capital jalisciense todavía merecen nuestra atención. Antes de desaparecer en la cotidianidad mediática de la violencia, lograron colocar temas complejos en la mesa. El más importante: el papel político de la violencia en México.

Ilustración: Estelí Meza

Para analizarlo, usemos como hilo conductor las frases antes mencionadas.

Primero, son palabras a las que la sociedad se acostumbró a leer o escuchar. Forman parte del campo léxico de la violencia en México y dicen mucho del alcance político de la violencia. Así, se pueden desaparecer o masacrar personas porque “no existen” y el uso de la palabra “basurero” es una referencia ya conocida a los sucesos de desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa o a los miles de otros basureros transformados en fosas clandestinas. Lo importante es que cuando estos hombres usan este vocabulario, saben que los jóvenes entenderán perfectamente el mensaje. El léxico de la matanza, que circula entre narcos, sicarios, policías, fuerzas armadas —pero también dentro de la ciudadanía— está socialmente asimilado. Y al estarlo, adquiere su fuerza política: espanta.

Segundo, las frases las pronunciaron hombres que operan en la zona gris entre la fuerza pública y privada, en la niebla de la indistinción entre fuerza legítima e ilegítima. No sabemos exactamente quiénes son: no llevaban uniforme, tenían el rostro cubierto, pero algunos vestían gorras con las siglas de la Fiscalía General de justicia de Jalisco.

Lo que no escondieron los pasamontañas y la falta de uniforme fue la dimensión política de estas prácticas. Revelan la diversidad —diría el coloquialismo francés, “el milhojas”— de actores violentos que operan en México, lejos de las categorías de buenos y malos, o de narcos contra Estado. Los hombres, que pretendían ser civiles, iban coordinados, organizados y equipados. Es más, varios jóvenes contaron haber sido llevados en camionetas blindadas mientras otros fueron detenidos en instalaciones de la fiscalía estatal, alimentando la sospecha de que se trató de agentes públicos.

Con esta información, el análisis de los hechos toma su vertiente más interesante.

Si los encapuchados forman parte de alguna institución pública, entonces las detenciones perseguían un objetivo político: dejar claro que las movilizaciones en contra del Estado no son una opción. En este caso, el uso ilegítimo de la violencia pública asienta el poder del gobernante o de ciertas instituciones, como las ministeriales.

La diferencia en el tratamiento de los hechos de Jalisco y otros eventos violentos recientes —las masacres en Sonora, Oaxaca, Guanajuato y Guerrero, el ataque contra el Secretario de Seguridad de la Ciudad de México, para citar algunos— consiste en el enfoque político que se le dio al acontecimiento. Es decir, en búsqueda de una explicación estructural a la violencia, los análisis salieron del cuento habitual del narco para regresar al mundo del poder político.

Esto no sucede muy seguido. El último ejemplo emblemático fue la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa en 2014 y la consagración del eslogan “fue el Estado”.¹ En este caso, a pesar de las colusiones comprobadas entre autoridades y grupos delictivos, las líneas de análisis y la opinión pública nunca se despegaron de la responsabilidad política subyacente. Fue una excepción: generalmente, el tratamiento de la violencia excluye inmediatamente el factor o la carga política de los hechos, alimentando los mitos del narco y las narrativas de guerra, y por ende la concepción del Estado y del crimen como entidades ontológicamente opuestas. El crimen vs. el Estado: alguno de los dos, para poder existir, debería aniquilar al otro. La realidad es diferente y las relaciones político-criminales siguen otra pauta. De hecho, nadie en México se atrevería a negar la colusión entre autoridades públicas y actores privados violentos. La lucidez popular yace en un sinfín de ejemplos históricos que nos llevarían de la Conquista hasta el porfiriato, pasando por la Revolución y los últimos 100 años de la vida política mexicana. Desde caciques hasta guardias blancas, narcotraficantes y grupos de choque, policías secretas y masacres públicas, sin olvidarnos del continuum entre guerra contrainsurgente, la Guerra sucia y, más recientemente, contra las drogas. Todos los anteriores son episodios grabados tanto en la memoria personal y colectiva del país, como ampliamente documentados en la investigación académica y periodística.

Para la academia, estas dinámicas se pueden concebir como parte de un proceso histórico entendido como la “formación del Estado”. En este debate —si lo simplificamos a (muy) grandes rasgos— se oponen dos concepciones. La primera yace en la hipótesis que el Estado tiene el monopolio de la violencia legítima en su territorio. El crimen, por ejemplo, y en particular en su vertiente “organizada”, se entiende como una amenaza interna al cuerpo estatal, una anomalía que provoca debilitamiento y fracaso.²

La segunda entiende que la violencia, legítima o no, es parte de la formación del Estado y que éste nunca reivindica en la práctica el famoso monopolio de la violencia. En muchos casos, se busca su regulación –no así monopolización–, a través de arreglos informales, colaboración y confrontación. Históricamente, el caciquismo es un ejemplo tajante de estas dinámicas, así como el caso contemporáneo de las Autodefensas de Michoacán. Lo importante es entender que la organización de la violencia y sus reglas de uso son una co-construcción que no necesariamente siguen un marco legal: se negocian permanentemente, de forma más o menos violenta, entre actores públicos y privados.

Entonces, lo que observamos y buscamos entender es cómo el Estado, que nunca desaparece, logra consolidarse como el espacio político central a pesar, a través y en contra de la violencia, legítima o no. Un avance importante, tanto para la investigación como la reflexión política que busca soluciones, sería “dejar de lado la concepción del Estado tal y como quisiéramos que fuera, para observarlo y analizarlo tal y como es”.³

Esto nos permite entender que la violencia movilizada por una diversidad de actores, públicos y privados, no busca oponerse al orden político, sino todo lo contrario. Partiendo de la idea que incluso en sus formas más horrorosas la violencia es un recurso para integrarse o mantenerse en el juego político, y no un obstáculo para el poder, entonces podemos entender porqué los narcotraficantes, los huachicoleros y los extorsionadores —y también los gobernantes, las fuerzas de policía, los caciques locales o los presidentes municipales— actúan y regularmente colaboran con actores violentos como lo hacen.

En las últimas décadas la violencia ha ganado terreno como recurso político fundamental. Así, 2021, año electoral, promete ser un desafío mayor.

Romain Le Cour Grandmaison
Candidato a doctor de la Universidad de la Sorbona, Paris-1. Cofundador de Noria Research y coordinador del Programa para México y América Central.

¹ En un país en el cual se usa la palabra “gobierno” mucho más que “Estado”, el eslogan me pareció particularmente llamativo respecto a las responsabilidades estructurales que buscaba denunciar.

² Las palabras “weak” y “failed”, en inglés, son emblemáticas de la bibliografía en ciencia política que adopta estas posturas.

³ Con el profesor Jacobo Grajales hemos coordinado un libro que estudia la producción de autoridad en contextos de violencia, y el papel del Estado en ello. Por el momento existe únicamente en francés: Jacobo Grajales, Romain Le Cour Grandmaison, (ed.), L’État malgré tout. Produire l’autorité dans la violence, París, Karthala, 2019.