Hace varios años, durante mi trabajo de campo en Michoacán, habitantes de la Tierra Caliente advertían: “No olvides que El Mencho1 es de aquí. Algún día la tierra lo llamará y volverá”. Las últimas semanas parecen darles razón. El grupo de Jalisco (el Cártel de Jalisco Nueva Generación) lanzó ofensivas en la entidad y dejó imágenes de guerra, cadáveres e infinitas preguntas sobre la estrategia de seguridad pública del gobierno federal.

Lo de Tepalcatepec fue el último episodio de violencia que llevó a Michoacán de regreso a las noticias. En ellas, surgió la narrativa explicativa del “narco”: la violencia se entiende por la lucha entre grupos criminales por múltiples intereses —drogas, minerales, aguacates, plazas, combustible, extorsión. Lo de siempre, con la explicación de siempre.

A mediados de agosto, se supo que el gobierno federal inició un diálogo con grupos armados en varios estados de la República, incluido Michoacán. Esto provocó más inquietudes que conclusiones: ¿con quién habla el Gobierno de México? ¿Cómo saber quién está detrás de estas “autodefensas” y demás “grupos armados”? ¿Cómo diferenciar a las autodefensas “legítimas”, o “autenticas” de grupos del crimen organizado? ¿Es diálogo o negociación? ¿Qué se les ofrece a estos grupos y qué dan éstos a cambio?

Preguntas apasionantes para el futuro de las políticas de seguridad pública en México. Sin embargo, gran parte de los análisis plantea el problema en términos normativos: el bien contra el mal. Terminan narrando al Estado y a la realidad social mexicana como un paisaje imaginario. Describen lo que quisieran tener en lugar de partir de la realidad tal como es; particularmente, en la relación de ésta con la violencia y sus infinitas manifestaciones políticas.

Ilustración: Estelí Meza

No digo que no hay que imaginar soluciones. Sin embargo, creo que la primera etapa para diseñar estrategias de seguridad tiene que ser un conocimiento más fino de las dinámicas sociales de los distintos tipos de violencia en México. Acercarse a las comunidades más dañadas y analizar lo que ahí sucede. Reconocer las inmensas disparidades que existen entre regiones, municipios, comunidades afectadas y después, tomar distancia analítica para matizar, contextualizar, y darle perspectiva histórica a los eventos. En el caso de Michoacán, esto último significaría recordar que hace cinco años el gobierno de Enrique Peña Nieto negociaba acuerdos públicos con grupos de autodefensas en las mismas zonas que están hoy en llamas.

Si la pregunta “¿con quién habla el Gobierno de AMLO?” se plantea en términos normativos, es decir, ¿habla con los “buenos” o con los “malos”?, no será posible entender lo que sucede por al menos cuatro razones.

Primero, en México la violencia no es un obstáculo para los arreglos políticos: es un recurso. Eso sí, uno que responde a criterios fluctuantes, que se deciden en diferentes niveles de la sociedad y que, en última instancia, son generalmente arbitrados por el gobierno federal. Para ilustrar esto, Michoacán no es una caja negra sino un cuarto oscuro que revela prácticas –como fotografías– a partir de cuales podemos analizar mucho de lo que sucede en términos de organización de la violencia en México.

Segundo, los últimos años demostraron que la dicotomía entre grupos violentos “legítimos” o no, “ilegales” o no, “auténticos” o no, nunca impide el diálogo con autoridades públicas. Las autodefensas de Michoacán fueron un ejemplo paradigmático de esto.

Tercero, es clave entender que el término “autodefensas” se convirtió, para los grupos armados, en una etiqueta para tener interlocución con el gobierno. A través de ésta, los grupos armados nublan las fronteras de un marco jurídico existente aplicado a las policías comunitarias reconocidas por la Constitución, que otorga a los pueblos indígenas el derecho de “aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos”.2 Pero lo interesante es que el Gobierno federal, tanto en 2014 como hoy en Michoacán, no dialoga con grupos indígenas, sino con coaliciones armadas que usan la etiqueta de autodefensas precisamente porque les permite crear legitimidad, ruido mediático y finalmente, sentarse con las autoridades.

Particularmente a partir de la Comisión Michoacán en enero 2014, el gobierno federal sentó las bases de la colaboración con ciertos grupos armados, convirtiéndolos públicamente en un brazo operativo y aprovechando su conocimiento del terreno y de la sociedad local: fueron un aliado fundamental en la caída de los Templarios.

Cuarto, estas prácticas viven en la niebla de lo público-privado: son ambas cosas simultáneamente. Los grupos armados privados asumen tareas de seguridad pública como lo muestran los últimos enfrentamientos de Tepalcatepec. La violencia “organizada” es el recurso fundamental para el control del territorio, de los flujos comerciales legales e ilegales, pero también, para la movilidad social y la (re)conquista del poder político. Cabe destacar que estos objetivos no son nunca mutuamente excluyentes y no sufren de la violencia, sino al contrario.

Sin embargo, para que la violencia sea reconocida como virtud por las autoridades, debe seguir reglas que no figuran en ninguna ley. Aquí las negociaciones de 2014 en Michoacán crearon un precedente aterrador, cuando el gobierno federal asumió su función “categorizadora” para decidir quién era legítimo en Michoacán.3 La diferencia no se fijó en criterios legales: todos los grupos eran ilegales por naturaleza; todos tenían “infiltrados” del crimen organizado; todos llevaban armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas; y todos habían cometido delitos. Entonces, aparecieron categorías pragmáticas que superan las legales: amigos y enemigos (los “alineados” o no).

Esta oposición tiene varios méritos. Primero, evoluciona permanentemente porque el amigo de ayer es el enemigo de hoy, y viceversa. Segundo, produce una fluidez de alianzas que lejos de debilitar al gobierno federal, lo refuerza como juez. Aquí, la ley representa espacios creativos y “pivotes en torno a los cuales se inventan procedimientos con el fin de desarrollar nuevas relaciones”.4 La ley no desaparece, sino que se aplica según criterios que únicamente las autoridades y algunos interlocutores privilegiados saben leer o anticipar. La ley es un arma poderosísima precisamente porque su aplicación es impredecible.

Para ilustrarlo, regresemos al Michoacán de 2014. En enero, el gobierno federal expuso sus condiciones. Las Autodefensas se registrarían antes del mes de mayo para integrarse a nuevas fuerzas públicas. Algunas también integrarían un grupo “de élite” —el G250— para perseguir a objetivos criminales prioritarios. Fue uno de los procesos de cooptación de grupos armados más importantes de la historia reciente mexicana.

El gobierno federal lo dejó clarísimo. Los grupos no alineados serían enemigos, y tanto sus líderes como sus miembros recibirían castigo  igual que los criminales a los que perseguían juntos. Además de la oposición amigo-enemigo, el gobierno también transforma otra oposición fundamental: legítimo-ilegítimo. El hecho de que ciertos grupos de autodefensas se “auto-declaren” legítimos, o lo sean efectivamente por un respaldo local, al fin del día no tiene peso frente al gobierno. La legitimidad la crea él. Si el gobierno considera un grupo armado como “amigo”, éste se convierte en “legítimo”. Aquí, las autoridades asumen un papel central en la organización de la violencia al reivindicar no su monopolio de la violencia, que no existe y no importa, sino su monopolio de creación de amigos y enemigos.

Lo que hace el gobierno es definir un perfil de “hombre fuerte” —el “Don”, el cacique, el “mero mero”, en fin, una autoridad local— que se convierte en interlocutor legítimo. Eso pasó con “El Abuelo”Farías, con “Los Viagras” y con una serie de personajes –también empresarios, industriales, líderes sindicales, políticos locales –que sirven de intermediarios para la organización de la violencia y el control del territorio.

Eso sí, tanto en 2014 como en 2019 y en gran parte de la historia mexicana, la violencia es un recurso político que no se puede usar de cualquier manera. El gobierno federal, o diferentes grupos de poder, sancionan ciertas prácticas violentas mientras apoyan otras. Lo importante, en general, es que no se busque alterar radicalmente el orden político existente. Cuando sucede, las alianzas públicas-privadas de la violencia lo reprimen.

Sería creer que el gobierno funciona solo, en un espacio hermético a la sociedad. Nunca sucede así. La organización de la violencia y sus reglas son una co-construcción: se negocian permanentemente, de forma más o menos violenta, entre grupos de intereses “privados” y autoridades “públicas”, valga la redundancia.

Regresemos al diálogo actual del gobierno federal. Lo crucial para una organización violenta en México no es ser “buena”, “transparente” o “legítima”, sino presentar garantías de ser instrumental en la co-organización y el control de la violencia al nivel local. Para decirlo de otra forma, tener la autoridad suficiente para convertirse en aliada de la estrategia de seguridad. En los últimos años, una de las mejores formas de lograrlo parece ser de presentarse como “autodefensa”, aunque ya nadie sepa lo que quiere decir el término, o lo que hay detrás. No importa.

En México la seguridad no es —¿alguna vez lo fue?— sinónimo de ausencia de violencia sino de regulación de ésta, a través de prácticas de colaboración, delegación, colusión y conflictos entre actores privados e instituciones del Estado. Éste es el punto del que hay que partir para analizar las dinámicas de los distintos tipos de violencia y diseñar propuestas de seguridad pública.

 

Romain Le Cour Grandmaison
Candidato a doctor en la Universidad de la Sorbonne Paris-1. Su doctorado se enfoca en las dinámicas sociales de la violencia en México.


1 Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

2 Disponible aquí.

3 Ver nuestro informe para México Evalúa, publicado en 2014 : “Entender para atender : por una estrategia de Estado en Michoacán”; y nuestras demás publicaciones al respecto, en acceso abierto aquí.

4 Hibou, Béatrice, “Le capital social de l’État falsificateur, ou les ruses de l’intelligence économique”, en Bayart, Jean-François, La criminalisation de l’État en Afrique, 1997.