¿Una Comisión para la revisión del pasado? ¿Por qué y para qué?

El viernes 29 de octubre el subsecretario Alejandro Encinas anunció los nombres y perfiles de los integrantes de la nueva Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965-1990.

Ilustración: Kathia Recio

En el nombre oficial de la Comisión queda implícito su propósito: “esclarecer las graves violaciones a los derechos humanos, así como otras violencias de Estado, cometidas entre 1965 y 1990”.¹ Los resultados de la investigación que realice la Comisión a lo largo de los próximos dos años y medio —su mandato termina en septiembre 2024— serán presentadas no solamente ante el público general, sino ante las autoridades competentes para que, en su caso, se inicien procesos de judicialización y búsqueda de personas.² Aunque la creación de la Comisión ha pasado apenas de puntillas en la prensa nacional, su constitución puede marcar un antes y un después en el largo camino por la justicia y la verdad en el México contemporáneo. Pero, ¿qué es y qué no es la recién creada Comisión? ¿Cuáles son sus alcances? ¿En qué se diferencia de esfuerzos anteriores? ¿Vale la pena revisar el pasado?

Un largo camino hacia la verdad y a la justicia

La Comisión para la Verdad y la Justicia 1965-1990 es el último y más acabado esfuerzo por avanzar hacia el esclarecimiento histórico de las violaciones graves a los derechos humanos ocurridas en el periodo conocido como la “guerra sucia”, así como en la búsqueda de justicia y reparación. No es, sin embargo, el único; es parte de una larga travesía de experiencias y esfuerzos que datan de hace más de treinta años. El derrotero ha sido largo; lo cultivado, poco.

El camino empezó en 1990 con la creación del Programa Especial de Presuntos Desaparecidos establecido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Aunque el programa no reconoció la responsabilidad del Estado en las violaciones cometidas durante la guerra sucia, sí fue el primer esfuerzo institucional por estimar el número de víctimas de prácticas represivas. La primera cifra oficial de personas desaparecidas que conocemos viene precisamente de ese primer intento, que además derivó en una recomendación de la CNDH que, once años después, propuso la instalación de una Fiscalía especializada para investigar delitos del pasado.³

La transición política del 2000 necesitaba marcar un parteaguas en la investigación histórica y en el esclarecimiento de la verdad de aquello que Alfonso Reyes llamaba “pasado inmediato”.⁴ No lo fue. En su bravuconería, el entonces candidato Vicente Fox no escatimó palabras y prometió la creación de una Comisión de la Verdad.⁵ Al llegar a la presidencia, sin embargo, su promesa terminó en una muy descafeinada “Fiscalía Especial para la atención de hechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en contra de personas vinculadas con Movimientos Sociales y Políticos del Pasado” (FEMOSPP), una institución con un nombre tan largo como sus ambiciones.

Todo lo que podía salir mal en la FEMOSPP salió mal. Al fiscal lo eligió un militar, el general Rafael Macedo de la Concha, quien entonces era procurador general. El fiscal seleccionado, Ignacio Carrillo Prieto, no tuvo capacidad para asimilar la arcaica legislación penal mexicana que no había terminado de adecuarse a las obligaciones internacionales contraídas por el país. La función de Carrillo Prieto estuvo marcada por errores de organización y estrategia jurídica.⁶ No contribuyó a su trabajo el recelo del Ejército ni la falta de apoyo del presidente que, además, ahogó presupuestalmente a la FEMOSPP y la usó para negociar sus reformas legislativas.⁷ La traición de Vicente Fox es histórica. Su responsabilidad también.

La FEMOSPP fue disuelta en 2006. ¿El resultado final? Diecinueve averiguaciones previas, veinte órdenes de aprehensión, ocho autos de formal prisión y ni una sola sentencia condenatoria. Además, no hubo ninguna reparación a víctimas (ni el intento por hacerlo). Por si fuera poco, nunca se oficializó un reporte final, más allá de tres versiones que fueron difundidas de forma parcial y extraoficial.⁸ Acierta Marcela Valdivia cuando señala en su tésis de licenciatura que, en la práctica, la FEMOSPP construyó una “amnistía de facto para los perpetradores de crímenes del pasado”.⁹

El fracaso de la FEMOSPP no detuvo la lucha por la verdad y la justicia. Son muchas las iniciativas que desde entonces se han generado. Una de las principales es la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero que, por mandato del Congreso del Estado, en 2012 propuso investigar casos de desaparición forzada, tortura, y otras violaciones a los derechos humanos ocurridas en una región que fue uno de los epicentros de la guerra sucia. A partir de la recolección y análisis de más de cuatrocientos testimonios, el informe final de la Comisión de Guerrero presenta una de las fuentes de información más valiosas que tenemos a nuestro alcance.

¿Qué es (y qué no es) la Comisión para la Verdad y la Justicia?

La recién creada Comisión para la Verdad y la Justicia 1965-1990 es —primero— parte del esfuerzo histórico por investigar, descubrir, reconocer e informar sobre la pauta de las violaciones a derechos humanos en el pasado reciente. No es ni punto de inicio ni punto de llegada; es parte de un camino largamente andado. En segundo lugar, la Comisión es un mecanismo extraordinario, como otras de su tipo. No es parte del funcionamiento normal de nuestro régimen político. Es el reconocimiento de que las formas ordinarias de acceso a la verdad y a la justicia fueron insuficientes para atender las demandas de la sociedad. Es precisamente un mecanismo extraordinario porque lo normal no funcionó, no fue suficiente, no pudo, no quiso.

La Comisión, que se integrará de manera formal en las siguientes semanas, estará compuesta por los titulares de seis dependencias federales (la Subsecretaría de Derechos Humanos, las Secretaría de Hacienda y Relaciones Exteriores, el Archivo General de la Nación, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) y la Comisión Ejecutiva de Victimas) y cinco personas expertas. Tanto su composición como los lineamientos que dan base a su creación fueron consensuados y elaborados de la mano con representantes de colectivos de familiares de víctimas y sobrevivientes de la contrainsurgencia.

Entre las funciones que tendrá la Comisión no está solamente trabajar en tareas de esclarecimiento histórico, sino también promover la creación de una fiscalía o unidad especializada que retome casos derivados del trabajo de la FEMOSPP para así avanzar hacia su judicialización. Además, la Comisión diseñará y ejecutará un Plan de Búsqueda de las personas desaparecidas de manera forzada en el periodo de 1965 a 1990, mismo que podría basarse en el excelente trabajo que ya realiza un equipo especializado de la CBN desde 2019. Además, como parte del Plan para la Verdad, la Memoria y el Impulso a la Justicia, la Comisión impulsará y dará seguimiento a procesos de reparación integral que incluyan un plan especial de reparación y compensación a víctimas. Por último, la Comisión propondrá acciones que garanticen el fomento y preservación de la memoria pública. Aquí el punto de llegada podría ser una Ley de Memoria que permita dar continuidad institucional a los trabajos y recomendaciones de la Comisión.

El trabajo por delante es inmenso. Antes de empezar, es preciso preguntarnos lo fundamental: ¿Vale la pena recordar? ¿No es acaso mejor olvidar? Timothy Garton Ash, en su prefacio al libro de Priscilla Hayner, Verdades innombrables, da en el clavo cuando sugiere que el “mejor camino para avanzar es casi siempre una mezcla de recuerdo y olvido; incluso, aunque suene paradójico, un recuerdo que haga posible el olvido. A veces, la mejor manera de cerrar heridas es abrirlas otra vez porque […] las heridas se cerraron en falso y todavía hay que acabar con la antigua infección”.¹⁰ Estamos a tiempo.

Carlos A. Pérez Ricart
Profesor-Investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Es una de las cinco personas expertas seleccionadas para formar la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico. Lo escrito aquí es a título personal.

¹ Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se crea la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, 6 de octubre de 2021.

² Secretaría de Gobernación, Plan Presidencial para la Verdad, la Memoria, y el impulso a la Justicia, 12 de agosto de 2021.

³ Comisión Nacional de Derechos Humanos, Recomendación 26/2001

⁴ Reyes, A. Pasado inmediato y otros ensayos El Colegio de México, México, D. F., 1941.

⁵ Aguilar, R., y Castañeda, J. G. La diferencia: radiografía de un sexenio Grijalbo, Distrito Federal, 2007.

⁶ Aguayo Quezada, S., y Treviño Rangel, J. “Fox y el Pasado: la anatomía de una capitulación”, Foro Internacional XLVII, núm. 4 (2007): 735.

⁷ Aguayo Quezada, S., y Treviño Rangel, J., 733.

⁸ Valdivia Correa, M. “Crónica de un fracaso anunciado: el proceso de [in]justicia transicional en México” Licenciatura, El Colegio de México, 2013, 11.

⁹ Valdivia Correa, M., 70.

¹⁰ Hayner, P. Verdades innombrables Fondo de Cultura Económica, Distrito Federal, 2008, 25.