Rendición de cuentas en las instituciones policiales

Hablar de rendición de cuentas en las instituciones policiales no debería ser un asunto extraordinario ni un gesto de buena voluntad. Debería ser una práctica cotidiana, parte esencial del funcionamiento de toda corporación encargada de hacer cumplir la ley. Sin embargo, en México la rendición de cuentas policial sigue siendo una materia pendiente, más asociada al control interno que a un verdadero ejercicio de evaluación pública, ética y democrática.

La rendición de cuentas no es una obligación administrativa ni una reacción ante las críticas. Es una consecuencia necesaria de revisar a fondo los procedimientos, los alcances y los propósitos de la actuación policial. Sólo con una revisión constante puede lograrse que los resultados —que con frecuencia se reducen a cifras de detenciones o decomisos— se traduzcan en una mejora real de la convivencia social y en un ejercicio de autoridad legítimo y respetuoso de los derechos humanos.

Evaluar el trabajo policial es una de las tareas más complejas del sector público. A diferencia de otras dependencias, sus logros más relevantes son invisibles: un delito que no ocurrió, una víctima que no existió, una crisis que no escaló. Prevenir no deja huellas. Y sin embargo, esos resultados silenciosos son los más valiosos. Por eso, contar con indicadores confiables y métodos de evaluación sólidos no solo es un tema de gestión, sino de legitimidad democrática.

En países como Reino Unido, Estados Unidos o Chile, la medición del desempeño policial ha evolucionado hacia modelos que buscan responder una pregunta esencial: ¿cómo medir lo que hace una policía más allá del número de detenciones? Porque un alto número de arrestos podría reflejar eficiencia, pero también un incremento en la criminalidad; de la misma forma, más patrullajes no garantizan menos delitos ni mayor sensación de seguridad.En Reino Unido, el modelo PEEL (Effectiveness, Efficiency and Legitimacy), desarrollado por el Her Majesty’s Inspectorate of Constabulary and Fire & Rescue Services (HMICFRS), es considerado una de las prácticas internacionales más avanzadas en materia de rendición de cuentas policial. Este sistema evalúa cada fuerza policial de Inglaterra y Gales en tres dimensiones: eficacia en la reducción del delito, eficiencia en el uso de recursos y legitimidad en el trato hacia la ciudadanía. Los resultados son públicos y anuales, lo que permite comparar, corregir y fortalecer la confianza social en las instituciones de seguridad. En México seguimos midiendo la actividad policial principalmente a través de números operativos: armas aseguradas, personas detenidas o patrullajes realizados. Son datos importantes, pero no suficientes para explicar el impacto ni la calidad del servicio. No existe aún un modelo integral que mida la efectividad policial considerando variables de prevención, percepción ciudadana, cumplimiento legal o bienestar interno del personal pero podemos aprender de otros contextos para fortalecer la medición de desempeño policial en México

La experiencia internacional muestra que la evaluación debe contemplar dos dimensiones complementarias: eficacia y eficiencia. La primera mide la capacidad de alcanzar los objetivos institucionales; la segunda, hacerlo con el menor costo posible, no solo económico, sino también social y humano. En una democracia, la rendición de cuentas no busca saber si una corporación detiene, sino si lo hace sin abusar de la fuerza, sin discriminar y respetando el debido proceso, un enfoque respaldado por entidades como la UNODC al afirmar que la responsabilidad policial abarca qué hacen y cómo lo hacen.

Uno de los indicadores más útiles en el mundo es la incidencia criminal y el nivel de desorden público, entendidos no solo como cifras de delitos, sino como reflejo del grado de convivencia y confianza institucional. Aunque los modelos europeos han marcado la ruta de evaluación más completa, en América Latina también hay experiencias valiosas. En Chile, por ejemplo, la policía incorporó desde hace más de una década un sistema de indicadores que vincula respuesta operativa con la percepción ciudadana y la gestión institucional, permitiendo medir no solo la actividad policial, sino la calidad del servicio y su impacto en la seguridad local. En contextos como el mexicano, donde los delitos de alto impacto suelen estar vinculados con la delincuencia organizada, las autoridades locales también inciden mediante prevención, inteligencia y proximidad. Pese a ello, la evaluación del desempeño sigue midiendo sólo lo cuantificable, sin atender la calidad del servicio.

La tasa de esclarecimiento de delitos, que mide cuántos casos se resuelven judicialmente, es uno de los parámetros más relevantes en países como Reino Unido, donde la National Audit Office analizó los mecanismos de responsabilidad policial y la necesidad de medir resultados más allá del número de detenciones. En México, la información disponible es escasa, dispareja entre estados y sin metodología común.

La percepción de seguridad también es clave. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI permite conocer el sentimiento ciudadano, pero no lo vincula con el trabajo policial^[1]. En otros países, la percepción se mide junto con la calidad del servicio: si una persona fue atendida con respeto, si su denuncia fue tramitada, si sintió que la policía la protegió.

El modelo británico de policing by consent concibe el servicio policial como un contrato social: la autoridad se ejerce porque la ciudadanía confía en quien la representa. Por eso, encuestas y auditorías de desempeño, como las realizadas por Her Majesty’s Inspectorate of Constabulary and Fire & Rescue Services, son parte del control permanente. En México, estos ejercicios son escasos y no institucionalizados.

Otra dimensión esencial es la autoimagen policial. Una corporación con integrantes desmotivados o con bajos salarios difícilmente puede ofrecer un servicio sensible y ético. En México, estos diagnósticos son excepcionales y se tratan como temas internos. En Guanajuato, la Primera y Segunda Encuesta de Autopercepción Policial Municipal (2022 y 2024) marcaron un precedente nacional al evaluar la percepción de las y los policías municipales para detectar áreas de oportunidad y avance tras la implementación de políticas públicas orientadas al fortalecimiento institucional y al bienestar policial.

En contraste, Chile, Canadá y España realizan de forma sistemática encuestas sobre clima y bienestar policial, integradas a sus sistemas de rendición de cuentas: la Encuesta de Clima y Compromiso Laboral en la PDI de Chile^[2], el WellBeing Taskforce de la RCMP en Canadá y el Barómetro del Clima Laboral Policial en España^[3]. Estos ejercicios muestran que medir la autopercepción y el bienestar del personal es clave para fortalecer la ética y la legitimidad del servicio policial.

La rendición de cuentas también implica evaluar el uso de la fuerza. No se trata de negarlo, sino de regularlo. En Europa se monitorea la “letalidad policial” mediante indicadores como número de civiles muertos, policías heridos o disparos por la espalda, conforme a los Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials^[4]. En México, estos datos no se publican, a pesar de su relevancia para medir proporcionalidad.

Otro aspecto clave es el gerenciamiento institucional. No basta con medir resultados: también debe analizarse cómo se estructura la institución, cómo se selecciona y forma al personal y cómo se gasta el presupuesto. De acuerdo con Tools to Support Transparency in Local Governance, de UN-Hábitat y Transparency International^[5], la transparencia y la rendición de cuentas dependen de la gestión ética, la claridad de procesos y la participación ciudadana. En México, las auditorías suelen limitarse a revisar gastos o metas, sin medir la calidad del servicio.

Rendir cuentas no es castigar ni exhibir. Es un proceso de mejora continua. Significa reconocer errores, aprender de ellos y fortalecer la legitimidad institucional. Una policía que se autoevalúa y permite que la sociedad la evalúe se vuelve más cercana y profesional.

La rendición de cuentas no es un lujo, sino una necesidad. Es el puente entre la legalidad y la legitimidad, entre el poder y la confianza. En un país donde la percepción de inseguridad persiste, rendir cuentas de manera honesta es el primer paso para reconstruir la credibilidad y recordar que la seguridad no se impone: se construye con transparencia y respeto.

La policía no puede mejorar lo que no mide ni fortalecer lo que no reconoce. Medir con rigor, evaluar con justicia y rendir cuentas con apertura es, hoy, el verdadero signo de madurez institucional. Y en México, avanzar hacia ese modelo no sólo fortalecería a las corporaciones policiales, sino también al Estado democrático y al derecho de todas las personas a vivir sin miedo.

Sophia Huett López

Especialista en seguridad, inteligencia estratégica y fortalecimiento institucional con veinte años en el servicio público. Ha dirigido áreas en la Policía Federal, la Presidencia de la República y el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública de Guanajuato.

^[1] Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), varios años.

^[2]Gobierno de Chile – Dirección Nacional de Personal (2022).Encuesta de Clima y Compromiso Laboral en la Policía de Investigaciones de Chile. Santiago de Chile.

^[3]Ministerio del Interior de España – Dirección General de la Policía (2019).Barómetro del Clima Laboral Policial. Madrid.

^[4] United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights (1990), Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, Nueva York: Naciones Unidas.

^[5] UN-Habitat & Transparency International (2004), Tools to Support Transparency in Local Governance, Nairobi: UN-Habitat.