Políticas públicas de seguridad feministas

Actualmente el mayor acceso a los datos estadísticos sobre la violencia de género proviene de asociaciones civiles.¹ El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública² registró en 2020 948 feminicidios, 16 544 violaciones, 4050 casos de violencia de género distinta al ámbito familiar, 454 casos de trata de mujeres y 220 031 casos de violencia familiar en contra de la mujer. Al tomar en cuenta que ese mismo año el 98.6%  de los casos de violación no fueron denunciados, la cifra aproximada total sería de  32 857 casos.

Estas cifras reflejan el terrible fracaso de las políticas públicas de seguridad para prevenir y atender la violencia de género, así como la corrupción,³ la falta de legitimidad de las autoridades, el sistema penal punitivista, y un sistema de seguridad basado en la militarización policial.⁴ Esto, por supuesto, no es un caso exclusivo de México.

Las tasas más altas de feminicidios por cada 100 000 mujeres se registran en Honduras (6.2), El Salvador (3.3), República Dominicana (2.7) y Bolivia (2.1). No obstante, en 2016 el Instituto Igarapé junto con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Foro Económico Mundial mencionaron en uno de sus artículos que Bolivia tiene una de las mejores innovaciones sobre seguridad ciudadana en América Latina.⁵

El país andino lanzó una serie de iniciativas destinadas a prevenir la violencia contra la mujer y mejorar el acceso a servicios o recursos para las víctimas de manera local. Esta intervención se llama Construir y busca prevenir la violencia doméstica y el feminicidio, aumentar el suministro de servicios en las zonas rurales del país, y movilizar a los grupos de empoderamiento de las mujeres. Para alcanzar sus objetivos, Construir se enfoca en tres pilares básicos:

1. Educación y capacitación de las comunidades y las organizaciones sociales a través de ferias educativas, publicidad en la radio y campañas de movilización que rechazan la violencia contra las mujeres en la comunidad.

2. Construcción de capacidades para prestar asistencia a las víctimas por medio de talleres de capacitación para los servidores públicos que están en contacto con las víctimas en diversas comunidades.

3. Empoderamiento de las mujeres para la defensa de sus derechos a través de capacitación a colectivas y grupos de mujeres locales para formar líderes y dotarlas de las herramientas necesarias para crear políticas públicas en torno a la violencia de género, así como asistencia a las víctimas.

Los resultados fueron los siguientes:

• 11 770 personas recibieron capacitación sobre el hecho de que la violencia contra las mujeres es un delito.

• Se respaldaron cinco campañas públicas de concientización,incluyendo anuncios en radio, que llegaron a 96 000 oyentes.

• Dos marchas de movilización en protesta contra la violencia doméstica.

• Más de 190 talleres de capacitación sobre los derechos de las mujeres y la construcción de capacidades para abordar la violencia de manera efectiva.

• Capacitación a casi 960 líderes locales e indígenas.

• Dos diálogos nacionales.

• Ochenta diálogos con una amplia red de agentes.

• Un manual de formación para los proveedores de servicios.

• Dieciséis municipios en Punata y Pucarani han adoptado y se han adherido al programa desde que comenzó la iniciativa

De forma regional, la Universidad de Chile menciona siguientes logros:

• Más de 4700 mujeres recibieron educación sobre sus derechos

• La creación de una oficina del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) en Pucarani y Challapata

• Aumento en los presupuestos para iniciativas de género en Uriondo y Punata

En Bolivia, los resultados son óptimos a nivel local. Sin embargo, para que se reflejen a nivel nacional se necesita más tiempo y redoblar esfuerzos entre la ciudadanía y el gobierno, pero sin duda muestra lo positiva que puede ser una propuesta que va de lo particular a lo general.

¿Puede funcionar en México?

Antes que nada, es importante señalar que desde el inició de la presente administración ha habido fricciones entre los grupos que intentan hacer valer los derechos de las mujeres y el presidente. Por ejemplo, en mayo de 2020, en plena pandemia, el mandatario señaló que el 90 % de las llamadas al 911 con presuntos actos de violencia de género eran falsas. Sin embargo, días antes varias asociaciones habían presentado datos sobre el incremento de la violencia de género en pandemia; incluso ONU Mujereshabía advertido sobre el riesgo que representaba el confinamiento para las mujeres. Ante esto, es indispensable entablar un diálogo con los distintos órdenes del gobierno, desde el local hasta el federal.

En México sería fundamental aplicar los tres pilares de Construir para fortalecer las labores de las distintas colectivas locales y nacionales. Estas colectivas también ofrecen asistencia a las víctimas; un ejemplo importante es la Red de Abogadas Violeta que, sin apoyo alguno del gobierno, ha atendido a más de 5000 víctimas, no sólo con asesorías legales, sino también con acompañamientos y atención psicológica. ¿Qué pasaría si el gobierno fortaleciera este tipo de asociaciones asignándoles un presupuesto? En un mes podría atenderse el doble de víctimas; además, podrían extender sus labores a la capacitación de servidores públicos y al público en general.

Es importante subrayar que todo debe comenzar con acciones a nivel municipal, después a nivel estatal y finalizar con el nivel nacional. El caso de Bolivia muestra cómo al comienzo las acciones quizás no puedan ser consideradas significativas para las estadísticas nacionales. Sin embargo, en la vida diaria, las comunidades y las víctimas podrán prevenir este tipo de violencia y garantizar la no repetición, aspectos que son indispensables para la justicia integral que se busca lograr en México.

La esencia de Construir radica en no centrar la seguridad en la militarización o el poder policiaco, en dejar de pensar que la seguridad sólo le corresponde a las autoridades y que la ciudadanía solo debe de ser “beneficiaria”. Lo más adecuado es comenzar a ver a las personas como actoras de su propia seguridad y la de su comunidad.

A su vez, es necesario fortalecer las políticas públicas en torno a la seguridad colectiva, sumar los esfuerzos de asociaciones, empresas, escuelas y gobierno, cambiar el enfoque a la prevención y respaldar la labor que ya realizan las distintas colectivas. Es momento de reconocer la labor que realiza la sociedad civil y facilitar las herramientas para un trabajo conjunto que realmente combata el problema de raíz.

Abril M. Ramírez Vega
Estudiante guerrerense de Derecho y de Proyectos Sociales, asesora jurídica de víctimas de violencia de género en la Red de Abogadas Violeta y presidenta fundadora del Semillero de derechos humanos de la UBLA

¹ Ver, por ejemplo: “Mujeres, niñas y datos de violencia en México: los casos de Juárez y Chihuahua”, de México Evalúa; “Pobreza, género y covid-19: efectos sobre mujeres indígenas de Oaxaca” y  “Violencia de género con armas de fuego en México”, de EQUIS Justicia para las Mujeres, y “Tu huella de cuidados”, de Data Cívica.

² Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Información sobre violencia contra las mujeres. Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 911. México, Centro Nacional de Información, 2020.

³ Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Situación de los derechos humanos en México”, OEA/Ser.L/V/II.Doc. 44/15, 2015.

⁴ Espinosa, V., y Rubin, D. B. “Did the military interventions in the Mexican drug war increase violence?”, The American Statistician, 69(1), 2015, pp. 17-27.

⁵ Muggah, R., De Carvalho, I., Alvarado, N., Marmolejo, L. y Wang, R. “Making Cities Safer: Citizen Security Innovations from Latin America”, Instituto Igarapé. Artículo Estratégico 20, Banco Interamericano de Desarrollo, 2016.