Paz y seguridad • Blog de Nexos

Los asesinatos de personal político tienen una correlación positiva alta y significativa con los asesinatos de periodistas y con los asesinatos de activistas ambientales. Donde los asesinatos de personal político aumentan, también aumentan los asesinatos contra periodistas y ambientalistas.

Esta iniciativa ignora por completo las sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, con base en estándares internacionales y nuestra tradición constitucional, han sostenido que la seguridad pública debe estar a cargo de autoridades civiles.

La priorización es una herramienta de gestión estratégica de las cargas de trabajo que permite identificar de manera objetiva, transparente y en el marco de la legalidad, aquellos asuntos que por su naturaleza, contexto o por las circunstancias específicas de las víctimas requieren de una tramitación y resolución urgente o prioritaria.

En Latinoamérica, la relación entre el Estado y el crimen no es de suma cero. Lo que “gana” uno no lo “pierde” el otro. Más bien, esta relación se entiende como la coexistencia de distintas formas y gradientes de colusión y competencia entre los actores involucrados. Es importante entender estas aristas desdibujadas y atenuadas entre Estado y crimen para poder explicar la presencia y el incremento de la violencia en la región.

¿Por qué no podemos saber nada (ni intencionalidad, ni medio utilizado, ni lugar del hecho) de gran parte de las defunciones en la Ciudad de México? ¿Cuáles son los criterios para la clasificación de suicidios? Ante un descenso en muertes con arma de fuego en el periodo más reciente, ¿cómo y de qué manera se ha logrado tal reducción?

Buena parte del último trimestre del año pasado se nos fue en debatir sobre la disminución de homicidios y el aumento de defunciones “no determinadas” en la Ciudad de México. Aún no tenemos una explicación contundente de estos fenómenos. Sin embargo, este texto, dividido en dos partes, espera abonar al entendimiento de lo que hay detrás de estas tendencias y, sobre todo, demostrar la legitimidad y pertinencia de los esfuerzos colectivos para exigir una mayor rendición de cuentas sobre el fenómeno de homicidios que aqueja al país desde hace décadas.