Mayo 2020: ¿qué dicen los datos de seguridad?

El pasado 20 de junio se actualizaron las bases de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), con corte de información al 31 de mayo de 2020, que es la información oficial más actualizada hasta el momento. Pero ¿qué nos dicen estos datos? En materia de homicidio doloso y feminicidio, observamos que desde julio de 2018 (mes con el mayor número de víctimas registradas en los últimos cinco años: 3 158 a nivel nacional) el fenómeno parece haberse estancado en niveles muy altos (2 974 víctimas mensuales en promedio), con repuntes importantes como el mes de marzo de 2020 (3 106 víctimas).

Ilustración: Estelí Meza

Sin embargo, la evolución de la violencia letal a nivel nacional no da cuenta de su distribución en el territorio (cf. Atlas de homicidios: México 2018). La serie de mapas subsecuente representa las entidades federativas según el número de víctimas de homicidio doloso y feminicidio que registraron anualmente desde 2015.¹ Encontramos que, durante los primeros cinco meses de 2020, Guanajuato (con 1 911 víctimas), el Estado de México (1 272), Baja California (1 170), Chihuahua (1 148) y Jalisco (1 117) presentaron las cifras más altas en este ámbito.

De hecho, las tendencias observadas en las entidades federativas más letales son heterogéneas. Mientras que en el Estado de México, la violencia letal ya se encontraba en niveles muy altos desde 2015 (197 víctimas mensuales en promedio) y “solamente” aumentó de 29 % en cinco años, en Chihuahua y Jalisco el número de víctimas registradas mensualmente se duplicó, en Baja California triplicó, y en Guanajuato hasta quintuplicó (pasando de 82 víctimas mensuales en 2015 a 382 en 2020) durante el mismo periodo.

Ponderadas por tamaño de población, las cifras de violencia letal del Estado de México se sitúan en niveles relativamente bajos para la república mexicana (décima novena tasa de víctimas por cada 100 000 habitantes entre enero y abril de 2020, entre las 32 entidades federativas) y las de Jalisco en niveles medianamente altos (undécima tasa más alta). No obstante, este no es el caso de Guanajuato, Baja California y Chihuahua, que registraron tres de las cuatro mayores tasas de víctimas en lo que va de 2020. Por su parte, Colima, con menos de 800 000 habitantes y 320 víctimas de homicidio doloso y feminicidio registradas en 2020, presenta la tasa de víctimas más alta del país (40.98 víctimas por cada 100 000 habitantes).

La siguiente visualización sobre los homicidios dolosos y feminicidios a nivel municipal nos muestra un panorama aún más específico de las regiones que concentran esta forma de violencia. Asimismo, se puede observar que, dentro de las entidades federativas más letales, unos cuantos municipios concentran la mayoría de las carpetas de investigación iniciadas por homicidio doloso y feminicidio. Especificamente y tan solo en lo que va de 2020, Tijuana (Baja California) con 774 carpetas de investigación iniciadas, Juárez (Chihuahua) con 615 y León (Guanajuato) con 248, registraron las cifras más altas.

Ponderado por tamaño de población, los municipios de 100 000 habitantes o más que padecieron los mayores niveles de riesgo para sus habitantes fueron Zamora (Michoacán), Manzanillo (Colima) y Playas de Rosarito (Baja California), con, respectivamente, 81.46, 73.73 y 62.42 carpetas de investigación iniciadas por homicidio doloso y feminicidio por cada 100 000 habitantes de enero a mayo de 2020.

En MUCD también monitoreamos la evolución de otras categorías de delitos, como los que atentan contra la libertad personal,² la libertad y seguridad sexual,³ la extorsión o la violencia familiar y de género. Sin embargo, el análisis de las cifras oficiales sobre la incidencia de estos delitos es complejo, puesto que solo disponemos de información sobre una minoría de los casos ocurridos: los que son denunciados, investigados y registrados en la base de datos del SESNSP.

La magnitud de este problema puede entenderse mejor si uno observa las últimas estimaciones de cifra negra publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En 2018, por ejemplo, 93.2 % de los delitos no fueron denunciados o lo fueron sin que una carpeta de investigación fuera iniciada por el Ministerio Público. Esta cifra no solamente representa la proporción de casos que no fueron contabilizados en la estadística oficial de incidencia delictiva, sino que, más importante aún, corresponde a los que ni siquiera pasaron la primera etapa del acceso a la justicia.

En el contexto de la contingencia sanitaria, intriga por ejemplo que las cifras de violencia familiar y de género, así como los delitos contra la libertad y seguridad sexual (que en su mayoría ocurren dentro de los hogares)⁴ se encuentren en sus niveles más bajos comparado con los últimos 12 meses. Como ya lo mencionamos anteriormente, es posible que el confinamiento de las personas genere obstáculos adicionales para las víctimas (como la exposición constante a sus agresores dentro de los hogares o la reducción del personal ministerial en las áreas de atención a denunciantes),⁵ situaciones que dificultan aún más la denuncia y provocan una reducción del número de casos registrados por el SESNSP sin necesariamente reflejar la incidencia delictiva (que bien podría estar aumentando).

Si a lo anterior sumamos que, de por sí antes de que se implementara el confinamiento voluntario, la proporción de violaciones no denunciadas e investigadas era de 84.5 % y la de hostigamientos sexuales de 97.6  %,⁶ es probable que la cifra negra de éstos y otros delitos que ocurren principalmente dentro de los hogares haya aumentado aún más durante la contingencia.

La validez de estas hipótesis, sin embargo, tendrá que corroborarse a través de actividades de monitoreo de las agencias del Ministerio Público, encuestas sobre la victimización y estimaciones de la tasa de denuncia por delitos ocurridos.

Paul Frissard Martínez
Coordinador de investigación y políticas públicas en México Unido Contra la Delincuencia A.C. Licenciado en ciencias políticas y maestro en economía y políticas públicas por Sciences Po París (Francia). Ha colaborado con el Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (Brasil) y se ha desempeñado como consultor de la Unidad de Justicia de la OCDE.

Daniela Osorio
Investigadora junior en México Unido Contra la Delincuencia. Socióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México.

¹ En 2015, el SESNSP empezó a registrar el número de víctimas, así como su sexo y rango de edad, para 36 de las 98 categorías de delitos que incluye la “Nueva metodología para el registro y clasificación de los delitos y las víctimas para fines estadísticos”. Para mayor información, consultar aquí.

² Incluye las siguientes categorías del Instrumento para el Registro, Clasificación y Reporte de los Delitos y las Víctimas CNSP/38/15: secuestro extorsivo, secuestro con calidad de rehén, secuestro para causar daño, secuestro exprés, otros tipos de secuestro, tráfico de menores, rapto y otros delitos contra la libertad personal.

³ Incluye las siguientes categorías del Instrumento para el Registro, Clasificación y Reporte de los Delitos y las Víctimas CNSP/38/15: abuso sexual, acoso sexual, hostigamiento sexual, violación simple, violación equiparada, incesto y otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual.

⁴ De acuerdo con el “Diagnóstico sobre la atención de la violencia sexual en México” de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), 53.4 % de los casos ocurrieron en el hogar o la vivienda.

⁵ En la Ciudad de México, por ejemplo, el programa de monitoreo ciudadano de MUCD detectó que varias agencias del ministerio público tuvieron que reducir su personal en las áreas de atención a denunciantes e implementar protocolos de sanitización.

⁶ INEGI (2019) – ENVIPE 2019. Principales Resultados, p.32.