Los nuevos acuerdos del CNSP

Ante el inicio de 2026, es inevitable hacer un balance de la situación de seguridad en México. Cerramos 2025 con una grave crisis forense, persistencia de una situación generalizada de desapariciones e hiperconcentración espacial de los homicidios en un puñado de municipios: Tijuana, Juárez, León, Acapulco de Juárez y Celaya. Estos, acumularon 17 % de toda la violencia letal del país en 2024. En Michoacán, el 6 de diciembre en el municipio de Coahuayana, frente a las instalaciones de la policía comunitaria estalló un coche bomba. Esto tuvo lugar, a pesar de la implementación del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” que surgió como consecuencia del homicidio del alcalde de Uruapan Carlos Manzo. Ante este panorama desalentador, ¿qué podemos esperar?, ¿cuál es la ruta a seguir?

En el último cuatrimestre, el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) emitió una serie de acuerdos que traen consigo obligaciones para diversas autoridades en plazos definidos. Están enfocados en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública y en materia de búsqueda de personas desaparecidas. Para observar a profundidad los ejes y acciones que los conforman, este análisis se dividirá en dos entregas. En el presente título se tratará el Acuerdo Nacional para fortalecer a las Instituciones de Seguridad Pública que está dividido en diversos ejes.

El primero de ellos prevé aumentar a nivel nacional el estado de fuerza de las policías estatales y de investigación en 25 % y de los ministerios públicos en 30 %. Asimismo, proyectan que para enero de 2028, al menos cada entidad federativa cuente con una academia o instituto de profesionalización en seguridad pública. En ese sentido, los incrementos del estado de fuerza corresponden a metas nacionales, ignorando que existen profundas desigualdades entre entidades federativas. Por ejemplo, Tabasco tuvo la tasa del estado de fuerza de policías estatales más alta con 2.1, contrario a Baja California con 0.2. Por lo que sería primordial que al menos se alcance el mínimo establecido por la SEGOB (1.8 policías). En cuanto al reclutamiento de agentes de ministerio público, el Estado de México, Guanajuato y Jalisco son las entidades con más integrantes, pero es insuficiente, pues fueron aquellos que repuntan en cuanto a carpetas de investigación en 2024 y que cuentan con la mayor tasa de homicidios. Es decir, son pocas personas para atender e investigar el número de delitos perpetrados de manera cotidiana. 

En cuanto a la certificación y profesionalización, sólo Chihuahua y Querétaro reportaron que el 100% de su personal contaba con el Certificado Único Policial (CUP).  Por ello, incrementar el reclutamiento y la profesionalización de los cuerpos policiacos es necesario para proporcionar capacidad de respuesta, pericia y habilidades para la ejecución de sus labores y actividades, sobre todo en un escenario de militarización de la seguridad pública, luego de que la reforma militar transfiriera a la Guardia Nacional bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional en septiembre de 2024. 

El segundo eje de este Acuerdo prevé acciones para fortalecer las capacidades de inteligencia e investigación, entre ellas actualizar el Modelo de Unidades de Investigación del Delito, emitir el Programa de formación para personal policial con funciones de investigación e inteligencia y definir los estándares para estos agentes, así como las tareas que el Secretariado Ejecutivo deberá cumplir antes de finalizar diciembre. En teoría, estas acciones impulsan la profesionalización y pueden favorecer un uso más adecuado de las herramientas de inteligencia sin vulnerar derechos humanos, pero persiste un riesgo relevante: la Guardia Nacional también recibirá esta formación y acceso a la Plataforma Central de Inteligencia, pese a su naturaleza castrense. Esto profundiza la militarización de la seguridad pública y plantea preocupaciones sobre el ejercicio de estas funciones sin los debidos controles civiles, pues existen antecedentes de espionaje y uso indebido de herramientas de inteligencia por parte de militares en contra de personas defensoras, periodistas e incluso funcionarios.

En el tercer eje, el Secretariado Ejecutivo deberá emitir los lineamientos de operación del 911 y del 089, diseñar la capacitación para sus operadores y publicar el Modelo de Certificación de los Centros de Mando y Control. En la letra, esta medida contribuirá a que los operadores tengan la capacidad de responder de manera eficiente ante las emergencias reportadas, no obstante, deben generarse las condiciones para una efectiva denuncia del delito, pues de acuerdo con la ENVIPE 2025, en 90.4% de los delitos no hubo denuncia y 63 % de la ciudadanía encuestada señaló que fue por causas atribuibles a la autoridad, como pérdida de tiempo, desconfianza, actitud hostil, miedo a extorsión y trámites largos y difíciles.

En materia de medición, debido a la creación del Registro Nacional de Incidencia Delictiva y una nueva metodología que amplía variables y delitos desagregados, incluyendo la geolocalización, el Secretariado emitirá los lineamientos correspondientes y actualizará la metodología del registro diario de homicidio doloso. Asimismo, diseñará la metodología del Registro Nacional de Eficiencia Ministerial, que las fiscalías aplicarán. Ambos registros son esenciales para lograr plantear políticas públicas adecuadas y eficientes con datos actualizados y confiables. Además, el uso adecuado de la geolocalización permitiría que se hagan políticas de prevención más específicas por localidad. 

En conclusión, este Acuerdo del Consejo Nacional representa un intento relevante de retomar una agenda postergada: el fortalecimiento de las instituciones civiles encargadas de la seguridad pública. Sin embargo, su alcance dependerá de la disposición de los gobiernos estatales y municipales para cumplirlas, así como de la asignación efectiva de recursos humanos, técnicos y presupuestales y el establecimiento de mecanismos robustos de control civil. 

Noemí Na-yhan Núñez Mejía

Abogada de Litigio Estratégico de México Unido Contra la Delincuencia