Las violencias de las políticas prohibicionistas y punitivistas

Las políticas públicas basadas en el prohibicionismo y el punitivismo están condenadas al fracaso, pues ignoran el comportamiento humano. En el área de la violencia, un buen diseño de política pública implica entender todas sus dimensiones (i.e., física, psicológica, económica, ambiental y social). En el marco de la discusión de la regulación del cannabis, se ha hablado mucho acerca de la relación entre las drogas ilegales y la violencia, con especial énfasis en la violencia ejercida por las organizaciones criminales. Sin embargo, esta relación va más allá de los niveles de homicidios e incluye la captación de espacios públicos y la violencia psicológica de la sociedad, entre otros. A continuación, exploramos algunos mecanismos mediante los cuales las políticas actuales de prohibicionismo afectan a las poblaciones.

Violencia y estigma clínico

 La prohibición fomenta el estigma hacia la población usuaria y potencialmente usuaria. En su modelo conceptual tripartito, Paul J. Goldstein explora la violencia psico-farmacéutica que sugiere una relación entre el uso de ciertas sustancias psicodélicas y el comportamiento violento. A pesar de los esfuerzos de investigadores de cuestionar la dirección de la relación causal entre uso y violencia, los modelos en los que se basan tienen serias limitaciones para incorporar el contexto del uso de sustancias.¹ Esta visión corta entre uso de sustancias y violencia no sólo promueve la estigmatización de las personas usuarias, sino que las disuade de buscar atención médica adecuada.

Además, dado que sólo reconoce la abstención como única alternativa, el estigma también obstaculiza las estrategias en reducción de daños. Adicionalmente perjudica a potenciales personas usuarias, puesto que detiene la investigación y los avances médicos relacionados a sustancias psicoactivas que, ahora sabemos, tienen la posibilidad de tratar condiciones como el estrés postraumático.² Durante décadas, los medicamentos con base en sustancias psicoactivas han sido ignorados y descalificados, y los pacientes han sido privados de estos tratamientos.

Violencia hacia las poblaciones marginadas

Históricamente, se han fomentado estigmas en contra de poblaciones marginadas, como las personas racializadas y las poblaciones indígenas. En Estados Unidos, las comunidades negras y latinas cargan con el peso de la guerra contra las drogas. Existe evidencia de que, en los años ochenta algunas drogas como el crack fueron criminalizadas más severamente con la finalidad de castigar desproporcionadamente a comunidades marginadas. Según la Unión Americana de Libertades Civiles, es 3.6 veces más probable que una persona negra sea arrestada por posesión de mariguana en comparación con una persona blanca, aunque el consumo entre ellas sea similar.

A pesar de la legalización de la marihuana en algunos estados americanos, esta disparidad racial persiste. La discriminación de poblaciones marginadas a raíz de la guerra contra las drogas también existe en América Latina. En Brasil, la población negra carcelaria aumentó 378 % después de que se aprobó la Ley 11.343 —también conocida como la Ley de las Drogas— que criminaliza su producción y venta.

Violencia a través del sistema de justicia

Así, la prohibición ha dado el marco perfecto para violentar a las usuarias y los usuarios a través del sistema de justicia,  causando que tengamos a un gran número de personas en la cárcel sin que ello impacte la oferta y demanda de drogas ilegales. Para poner en contexto, en 2018 la tasa de delitos contra la salud y de narcomenudeo en México fue de 83.9 por cada 100 000 personas de 12 años y más; siendo el 80.3 % de adolescentes y 41.6 % de adultos imputados por posesión de mariguana. En este sentido, la regulación de todas las sustancias apuntaría a eliminar los incentivos perversos que las autoridades tienen ahora para ejercer violencia hacia las personas usuarias. La cárcel, más allá de corregir comportamientos indeseados y aliviar los problemas asociados al uso problemático, perpetúa ciclos de violencia al privar a personas de una vida social y laboral, sobre todo cuando no existen programas y servicios de reinserción social adecuados.

Violencia ejercida por el crimen organizado

A medida que los grupos del crimen organizado buscan controlar nuevos territorios o defender los ya ganados de otros grupos y de las autoridades, pueden ejercer violencia en forma de ataques. La diversificación del portafolio de las organizaciones criminales hacia otras sustancias y otras actividades reduce la posibilidad de eliminar su financiamiento a través de la sola regulación del cannabis. Estimar la importancia del mercado de cannabis y de otras sustancias para el crimen organizado es difícil, aun cuando sabemos que éstas siguen siendo relevantes. En este sentido, la regulación podría tener al menos dos escenarios diferentes en el caso de este tipo de violencia. Por un lado, la regulación podría reducir los ingresos de los grupos, al menos de manera parcial, pues es difícil que el mercado ilegal desaparezca por completo. Por el otro, podría aumentar el nivel de violencia a través de un estrangulamiento del mercado como se ha señalado en el caso de Uruguay.

Violencia contra las personas agricultoras

La prohibición también ha dado pie a la erradicación de cultivos, violentando así a los agricultores de bajos ingresos de manera económica, política y sanitaria. La Declaración de Heemskerk de 2016, escrita por agricultores de cannabis, amapola y coca, establece que la erradicación forzada de estos cultivos viola los derechos humanos, contribuye a la degradación ambiental y agudiza la inseguridad alimentaria y el conflicto armado.

El cultivo de cannabis, amapola y coca suele concentrarse en regiones del sur global, principalmente en zonas de bajos recursos y con presencia de conflictos armados. Este tipo de cosechas son la fuente económica de muchas comunidades en situaciones de precariedad que dependen de ellas para sobrevivir. La prohibición de drogas aumenta la precarización y la espiral de pobreza de dichas comunidades. Adicionalmente, los químicos y pesticidas utilizados para erradicar cultivos contaminan ríos, bosques y perjudican la biodiversidad. Por ejemplo, en Perú, el tráfico ilegal de drogas está vinculado a la destrucción del 10 % de la selva.

En conclusión, por sí mismas, las drogas no conducen a una espiral de violencia. El punitivismo y la prohibición son la raíz de la violencia asociada con las drogas. La regulación de drogas, el replanteamiento del sistema de justicia y el discernimiento de los diferentes tipos de violencia propiciados por la prohibición resultan indispensables para abordar la relación entre las drogas y la violencia en sus diferentes dimensiones económicas, políticas, sociales, médicas y ambientales.

La regulación acabaría con varias dimensiones de esta violencia; además, aumentaría los recursos que el Estado podría enfocar en mitigar otras dimensiones de la violencia. Por ejemplo: otorgar a los ciudadanos con las necesidades básicas (físicas y atención mental) para reducir los incentivos a cometer violencia; invertir en programas comunitarios para integrar a los jóvenes y reducir la probabilidad de que participen en pandillas, y entender mejor los lazos de corrupción que permiten a los grupos del crimen organizado operar en otras áreas (tráfico de personas, entre otros).

Daniela Philipson
Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard y experta en seguridad y género

Samantha Pérez Dávila
Doctorante en la Pardee RAND Graduate School y editora de este espacio

¹ Kuhns, J. B. y Clodfelter, T. A., “Illicit drug-related psychopharmacological violence: The current understanding within a causal context”, Aggression and violent behavior, 14(1), 2009, pp. 69-78.

² Tupper, K. W. y otros, “Psychedelic medicine: a re-emerging therapeutic paradigm”, Canadian Medical Association Journal, 187(14), 2015, pp. 1054-1059.