La regulación del cannabis:
parálisis por falta de voluntad política

En noviembre del año pasado, durante la visita del presidente Petro a la Ciudad de México, las cancillerías de Colombia y México emitieron un comunicado conjunto en el que, entre otras cosas, expresaron que ambos países convocarán a una conferencia de mandatarios de Latinoamérica “con el objetivo de rediseñar y replantear la política de drogas”. Dicha convocatoria, puntualizó el propio comunicado, surge de la necesidad de reconocer “el fracaso de la lucha contra las drogas y la vulnerabilidad de nuestros pueblos ante esta problemática”.

Este posicionamiento de política exterior parece incompatible con el tratamiento que actualmente reciben los temas de política de drogas por parte del gobierno de México. Por ejemplo, lejos de reconocer el fracaso de la guerra contra las drogas, las campañas de comunicación social sobre consumo problemático de sustancias son estigmatizantes, discriminatorias y parten de un enfoque evidentemente prohibicionista y punitivista, y los militares siguen desplegados en el territorio para llevar a cabo acciones antidrogas.

La muestra más clara de una falta de voluntad por cambiar el enfoque es la parálisis en la que mantienen al proceso de regulación del uso adulto del cannabis. En el marco del nuevo periodo ordinario de sesiones que inició el 1 de febrero, consideramos importante revisitar el procedimiento que se ha seguido hasta la fecha e identificar las razones de su estancamiento.

En primer lugar, hay que recordar que fue a través de la judicialización de casos y de la emisión de sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que la sociedad civil logró traer el tema de la regulación al mundo de lo posible. En octubre de 2018, la SCJN determinó por quinta vez que la prohibición del uso personal de cannabis era inconstitucional.

Con ello, la Corte estableció un precedente vinculante y dio al Congreso hasta el 31 de octubre de 2019 para cambiar la Ley General de Salud y eliminar esta prohibición de la normatividad mexicana. El Senado asumió la tarea de redactar una iniciativa de reforma e incluso se comprometió a ir más allá y regular la cannabis.

Senadores y senadoras presentaron distintas iniciativas, muchas de las cuales tenían un enfoque importante de justicia social para construir un mercado en el que pudieran participar las comunidades más afectadas y marginadas por la prohibición. Por ejemplo, planteaban establecer la obligación de otorgarles un 40 % de las licencias, así como límites para evitar una concentración vertical del mercado.

En el proceso, el Senado aplazó la discusión y pidió dos prórrogas, primero para el 17 de abril de 2020 y luego para el 15 de diciembre del mismo año. El 24 de noviembre de 2020, el Senado finalmente aprobó un dictamen que terminaba con el sistema de prohibiciones administrativas del cannabis y creaba un marco —bastante mejorable— para regular el cultivo, procesamiento, producción y venta de cannabis para uso adulto.

Lamentablemente, la intervención de la industria canadiense y la estadunidense en el proceso parlamentario llevó a que prevalecieran las iniciativas que más las beneficiaban, dejando de lado los enfoques de justicia social, salud pública y derechos humanos. La iniciativa aprobada en el Senado permitía que una sola empresa pudiera adquirir más de una licencia —concentrando al mercado en pocas manos— y adoptó un esquema de requisitos sumamente altos que excluían a pequeños productores.

Al recibir la iniciativa, la Cámara de Diputados pidió otra prórroga, para el 30 de abril de 2021. Cuando el Congreso retomó sesiones ordinarias, parecía que la regulación de cannabis sería una realidad; el 10 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que, lamentablemente, empeoraba muchos de los problemas anteriores. Por ejemplo, el dictamen eliminó la obligación de entregar 40 % de las licencias a comunidades marginadas y creaba licencias integrales que permitían una integración todavía mayor del mercado.

Además de estos problemas, ninguno de los proyectos eliminaba de manera completa la prohibición del cannabis para uso personal, que es lo que ordenó la Corte. La iniciativa del Senado contemplaba la necesidad de acceder a una licencia para consumo personal y, si bien este requisito se eliminó en la Cámara de Diputados, se mantuvieron los límites a la posesión, sólo aumentando las cantidades permitidas a 28 gramos.

El proyecto regresó al Senado para votar los cambios, pero ahí decidieron posponer la discusión y no pedir una prórroga a la SCJN. Ante esta situación, el 28 de junio de 2021 la Corte votó por emitir una Declaratoria General de Inconstitucionalidad (DGI) que eliminaba el sistema de prohibiciones administrativas del cannabis contenido en la Ley General de Salud. La Corte ordenó a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) la emisión de permisos para el uso personal.

Con la eliminación de la prohibición, la Corte buscaba que se respetara el contenido mínimo del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Pero no pretendía que la DGI fuera un sustituto de la regulación: la Corte exhortó explícitamente al Congreso a legislar en la materia.

En la práctica, la Cofepris ha puesto numerosos obstáculos para otorgar los permisos y las autoridades sanitarias locales no quieren siquiera recibir solicitudes. Incluso si los permisos se concedieran, no hay vías legales ni administrativas para acceder a la planta o a sus semillas. Además, el delito de posesión simple aún está en el Código Penal Federal, por lo que incluso si los usuarios tienen acceso a los permisos pueden ser víctimas de intimidación y extorsión por las autoridades. La criminalización y fabricación de culpables continúan.

Desde que se emitió la DGI, la discusión se mantiene paralizada en el Congreso. Si bien desde entonces han circulado y se han presentado más iniciativas, éstas se han quedado en comisiones y no se han discutido de manera pública. Al quitarle al Poder Legislativo la presión que implica una fecha límite para regular, la DGI tuvo el efecto no deseado de permitir al Congreso dejar el tema pendiente de forma permanente.

Ahora más que nunca, la regulación es necesaria para darle certeza y certidumbre jurídica a las personas usuarias, terminar con la persecución de los eslabones más bajos dentro del tráfico de drogas y comenzar a revertir los graves daños causados por el prohibicionismo.

En una reciente entrevista, el senador César Cravioto Romero, de Morena, dijo que existe la voluntad y que si no se discutió el año pasado fue porque existían otras prioridades. Esperemos que en el periodo de sesiones que inició este 1 de febrero la regulación sea una prioridad para promover la justicia social, la paz y la libertad, alineado al comunicado conjunto Colombia-México y con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

Alejandro Ravelo
Investigador del área de Incidencia de México Unido Contra la Delincuencia, politólogo internacionalista por el CIDE, especializado en temas de militarización y política de drogas.

Gerardo Álvarez
Investigador del área de Incidencia de México Unido Contra la Delincuencia, abogado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México.