La militarización no protege a las mujeres

Hay cosas que aprendemos a hacer para sentirnos a salvo, aunque nadie nos las haya enseñado formalmente: no volver solas de noche, avisar cuando llegamos a casa, cambiar rutas, caminar rápido, bajar la mirada, apretar las llaves entre los dedos. En muchos territorios de México, a esa lista se le sumó otra presencia amenazadora cotidiana: soldados, patrullas, retenes, armas largas. La promesa fue seguridad, pero la experiencia, para muchas mujeres, ha sido otra cosa.

En Guanajuato y en la península de Yucatán, la militarización no llegó como una medida excepcional ni temporal. Llegó para quedarse. Se volvió parte del paisaje diario y cambió algo más que las calles: transformó los tiempos, los miedos y las formas de habitar el territorio. Pero esos cambios no se reparten de manera pareja. Recaen, sobre todo, en quienes sostienen la vida en medio del abandono del Estado.

Buscadoras, mujeres indígenas, defensoras del territorio y trabajadoras comunitarias lo dicen sin rodeos: la militarización no las protege. Les exige más cuidados, más trabajo no reconocido y una resistencia constante que se vive en el cuerpo.

Cuando hablamos de militarización, no hablamos sólo de soldados en las calles.

Desde 2007, cuando el Ejército asumió tareas de seguridad pública, la militarización dejó de ser una política excepcional y se volvió parte del día a día en México. Las calles, los pueblos y los territorios cambiaron, pero también cambió la manera en que las mujeres los habitan, se mueven y se organizan.

Este giro implicó que el Estado trasladara funciones civiles a las fuerzas armadas y fortaleciera su presencia en todo el país. Para 2025, alrededor de 100 mil soldados patrullaban los 32 estados. Lo que se presentó como una estrategia temporal contra el crimen organizado se convirtió en una forma permanente de gobierno sobre la vida cotidiana, especialmente en regiones rurales.

La militarización no se mide sólo en números. También se siente en los cuerpos y en la vida diaria. Refuerza estereotipos de género profundamente machistas: hombres como “protectores”, mujeres como “víctimas”. Coloca lo militar por encima de cualquier alternativa civil y presenta la fuerza armada como la única vía posible para garantizar seguridad.

Salir también se volvió un riesgo

Para muchas de las mujeres con las que hablamos para llevar a cabo esta investigación —buscadoras, mujeres indígenas, trans y trabajadoras de refugios en Guanajuato y la Península de Yucatán—, la presencia del Ejército y de la Guardia Nacional no ha significado mayor seguridad. Al contrario: ha incrementado la sensación de riesgo y ha limitado su derecho a habitar el espacio público.

Fernanda es abogada en Guanajuato. Antes salía, iba al cine, al parque. Ahora casi no.
“En lugar de dar seguridad, muchas veces los cuerpos militares generan situaciones de violencia”, dice.

Ese miedo se traduce en cambios concretos: dejar de salir, modificar rutinas, evitar lugares: “Prefiero estar encerrada en mi casa. Antes iba al parque, al cine. Ahora sólo es estar tranquila aquí. Y eso tampoco es vivir”.

En Quintana Roo, Elena, activista y mujer maya, cuenta que con la llegada del Tren Maya llegaron también el acoso y la incomodidad.

“Hasta salir a lavar es incómodo. Te miran, te morbosean. Los fines de semana mejor no salgo”.

Cuando los militares ocupan las calles, muchas mujeres sienten esos espacios como más hostiles. La militarización vuelve a marcar la frontera entre lo público y lo privado, como si nos perteneciera más el encierro que la calle.

Aun así, hay resistencia. En Guanajuato, colectivas ciclistas organizan rodadas para reapropiarse del espacio público. “No sólo rodamos. Ocupamos el espacio para divertirnos. La bici me da la libertad de ir a donde se me dé la gana, sin miedo”.

El tiempo que nadie nos devuelve

La militarización también se siente en el tiempo: en las horas que se alargan, en los días que no alcanzan, en el cansancio acumulado.

En México, las mujeres dedican cerca de 40 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidados. Cuando el Estado se retira, esa carga no desaparece: se multiplica.

Renata, buscadora en Guanajuato, pasó días enteros durmiendo en la central camionera para ahorrar dinero y seguir buscando.

Además, muchas mujeres se hacen cargo de hijas, hijos y nietos de personas desaparecidas.
“Te quitas la capa de abuela y te vuelves mamá otra vez”.

A esta carga se suma la revictimización institucional.
“Si tú no haces el trabajo que les toca a las autoridades, nadie lo va a hacer”.

Mucho dinero para armas, poco para la vida

La militarización también tiene consecuencias económicas. Millones de pesos de recursos públicos se han ido a las fuerzas armadas, mientras se vacían presupuestos para salud, transporte, agua y cuidados.

Mientras el gasto para la igualdad de género disminuye, el presupuesto militar no deja de crecer.

En comunidades rurales el contraste es claro: “Hay pipas pero no hay agua, hay postes pero no hay luz, hay militares pero no hay seguridad”.

A lo largo de esta investigación, las mujeres entrevistadas coinciden en algo básico y doloroso: la militarización no ha traído paz ni seguridad a sus vidas. Ha profundizado desigualdades, normalizado la violencia y desplazado al Estado de responsabilidades esenciales.

Mientras el Ejército concentra poder, la vida cotidiana se sostiene por quienes siempre han estado ahí. Son las mujeres quienes buscan, cuidan, acompañan, organizan y resisten. No porque quieran, sino porque no hacerlo implica perderlo todo.

En un país cada vez más armado, ellas insisten en algo distinto: que la seguridad no se construye con más soldados ni con megaproyectos, sino con justicia, cuidados colectivos y condiciones dignas para vivir. Escucharlas y no normalizar lo que viven también es una forma de cuidado.

Este texto se fundamenta en la investigación doctoral de Daniela Philipson García sobre militarización y violencia contra las mujeres, desarrollada en la Universidad de Monash, en el marco de la cual se entrevistó a setenta mujeres en Guanajuato y la península de Yucatán. Este artículo está acompañado del siguiente fanzine, titulado «Cuarteles, Calles y Cuidados». https://drive.google.com/file/d/1dnMHR73DPQ_8bRYR64j9zqBGiRUzvT9e/view?usp=drive_link

Mariana Beltrán 

Reportera. Investiga violencia, memoria y extractivismo. Ha publicado en Animal Político, El País, Mongabay, entre otros. Co-directora del documental Una herida en el sur.

Daniela Philipson García

Investiga militarización, género, movimientos feministas y reproducción social. Es candidata a doctora en Ciencia Política y Relaciones Internacionales en Monash University y Maestra en Políticas Públicas por Harvard University.