La falta de coherencia en la política en torno a las armas de fuego

El gobierno de México, a través de su Cancillería, ha avanzado como nunca la agenda de desarme a nivel internacional. Destacan dos logros. En primer lugar, la propuesta de México, aprobada ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en diciembre pasado, de adoptar una resolución contra el tráfico de armas. En segundo lugar, el profesionalismo con el que la Cancillería ha llevado la demanda judicial interpuesta ante una corte federal en Boston contra las empresas que producen, comercializan y venden armas de fuego de manera negligente.

Hemos defendido el activismo de la Cancillería y en particular la demanda contra las armerías en foros públicos. En concreto, hemos firmado dos amicus curiae sometidos a la corte de Boston en enero de este año. Vemos la demanda como un paso de enorme valor político, narrativo y jurídico en los esfuerzos para reducir la violencia armada que azota a México. Sin embargo, advertimos que existe una enorme brecha entre lo que ocurre a nivel interno del gobierno y la política exterior activa de la Cancillería que describiremos a continuación.

La falta de coherencia

A pesar del activismo de la Cancillería, otras áreas del gobierno mexicano no parecen entender la relevancia del tema. La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dos de las más relevantes, han sido particularmente esquivas, puesto que no sólo no cooperan con los esfuerzos de la Cancillería, sino que laceran los intentos por generar una política coherente en torno a las armas.

La FGR es vital para la transparencia y apertura respecto al tema de las armas. Tres de sus facultades centrales son: asegurar las armas ilícitas confiscadas, trazar el camino hasta el punto de origen de las armas recuperadas por distintas dependencias y perseguir cualquier violación a la Ley Federal de Armas. Para ello, la Fiscalía cuenta con el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi).

La FGR reúne los datos y esfuerzos contra las armas ilícitas de diferentes dependencias. Es, también, la contraparte mexicana del Departamento de Justicia y su Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos. Por ello, su colaboración y buen funcionamiento es imprescindible para construir y ejecutar estrategias eficaces frente al tráfico y mal uso de las armas.

Durante varios años, la FGR divulgó datos sobre armas aseguradas en México, incluyendo la fecha del aseguramiento, tipo, calibre, delito y, en ocasiones, el número de serie del arma.¹ Sin embargo, desde hace dos años, y a pesar de varias solicitudes de información, la FGR ha dejado de hacer públicos estos datos bajo el pretexto de no contar con ellos.² De nada han servido los recursos de revisión interpuestos por nosotros ante el Inai, ni la evidencia de que en respuestas anteriores esa información sí había sido divulgada.

En 2019, en el marco de la Alianza de Gobierno Abierto, un proyecto global en el que México ha participado desde su inicio en 2011, el gobierno federal firmó un plan sobre transparencia en temas importantes para el bienestar del país, incluyendo asuntos relativos a la seguridad pública, y al control y flujo de armas.³ Al día de hoy, el cumplimiento de estos acuerdos está paralizado por la ausencia de la FGR en todas las reuniones convocadas para este fin. Esto, a pesar de las solicitudes reiteradas por parte de la Secretaría de la Función Pública y de múltiples organizaciones de la sociedad civil para que la FGR tome cartas en el asunto.

En los documentos presentados ante la corte en Boston, la Cancillería no utilizó datos directos de la FGR sino sólo respuestas públicas a solicitudes de información.⁴ Esto parece indicar que la ausencia de transparencia por parte de la FGR va acompañada de una falta de trabajo interinstitucional con la Cancillería en la misión de analizar las marcas de armas recuperadas en México. Esto es especialmente importante para mostrar el papel de las armas de las empresas demandadas en casos de crímenes violentos sucedidos en México. En definitiva, el actuar de la FGR no sólo se yuxtapone al discurso de la Cancillería de México, sino que también entorpece sus acciones.

La Sedena, una burocracia que se autorregula

México es el único país del mundo en el que el Ejército se encarga prácticamente de la totalidad de los procesos relacionados a armas de fuego a nivel federal, incluyendo su producción, importación, registro, portación, comercialización y destrucción. Todas son facultades exclusivas del Ejército. Además, sus miembros despliegan armas en operativos y son quienes, a su vez, aseguran gran porcentaje de las armas ilícitas en el país. Esta concentración de facultades es contraria a las buenas prácticas —cada vez más generalizadas en América Latina— que privilegian modelos híbridos de control entre civiles y militares.⁵

El monopolio de la Sedena tiene serias consecuencias sobre la transparencia y el acceso a la información en varios temas nodales. El principal de ellos es la posibilidad de auditar correctamente el Registro Federal de Armas (RFA), organismo encargado del registro de armas que circulan legalmente en el país. La poca información existente sobre el RFA apunta a un subregistro abismal en sus números. Es tanto el desaseo del RFA y del resto de los procesos de distribución de armas, que tan sólo entre 2006 y 2018 fueron reportadas como perdidas más de 15 000 armas cortas de los depósitos policiacos y militares del país.⁶ A juzgar por reportes de prensa, en los últimos años las armas continúan “perdiéndose” a razón de tres al día.⁷

La Sedena es la dependencia que asegura más armas ilícitas en el país. Sin embargo, no comparte información sobre la mayoría de éstas al sistema de rastreo de armas, E-trace, que podría ubicar su origen y rastro.⁸ Contrario a las exigencias de una política de transparencia y máximo acceso a la información que impulsan los funcionarios mexicanos en el exterior, la Sedena no divulga la identidad de los usuarios finales de las armas que importa y distribuye en el territorio nacional. Al contrario, la Sedena aparece en los registros de importación como el “usuario final” de las armas que el Estado mexicano importa, cuando en la práctica son cientos de dependencias de seguridad las que terminan por utilizarlas —incluyendo corporaciones con historial de violaciones graves a los derechos humanos o colusión con el crimen organizado.

Desde el Centro Nacional de Información (CNI) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se ha intentado reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que precisamente permite estas contradicciones. A más de un año de la primera reunión convocada por el CNI para discutir una posible reforma no existe ni un borrador de propuesta de ley en este sentido. La explicación más probable, sugerida de manera anónima a nosotros por funcionarios públicos, es la falta de interés del Ejército por acompañar este proceso.

Terminar con la incoherencia

Es imprescindible poner las cartas en la mesa para que, con transparencia y objetividad, se identifique el compromiso real del Estado mexicano en torno a las armas. Está bien que la Cancillería avance estos temas. Sin embargo, las medidas contra el flujo y uso dañino de armas en México deben ser políticas de Estado, precisamente porque los problemas son estructurales. Sin embargo, a dos años y medio del final de la administración de Andrés Manuel López Obrador, las ventanas de oportunidad que se abrieron para enfrentar estos problemas —la apertura de la administración Biden, el compromiso del Canciller, la atención generada por la demanda en Boston, la voluntad de sectores de la sociedad civil por cooperar— comienzan a cerrarse. Algo tiene que cambiar.

John Lindsay-Poland
Coordinador de Stop US Arms to Mexico, un proyecto de protección a los derechos humanos de la organización Global Exchange.

Carlos A. Pérez Ricart
Profesor-Investigador de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Ciudad de México

¹ La FGR ha divulgado datos sobre 84 520 armas aseguradas entre 2010 y 2020. Solicitudes de información: Folios 0001700205819 y 0001700788620.

² En septiembre de 2021 la FGR respondió a una solicitud de información relacionada a armas aseguradas por diferentes dependencias federales en 2020 y los primeros siete meses de 2021 con un cuadro sencillo de 3503 armas largas y cortas aseguradas por entidad en los primeros seis meses de 2020. (Folio 0001700242721). No ofreció ningún detalle de las armas ni un desglose total. Además, no se pronunció por las armas aseguradas en los 13 meses posteriores a junio de 2020. Después de una respuesta idéntica a una solicitud de seguimiento (Folio 330024621000497), acudimos al INAI con un recurso de revisión. El INAI falló a nuestro favor en RRA 14821-21 y ordenó que la FGR “realizara] una búsqueda exhaustiva y razonable, con un criterio amplio, en todas las unidades administrativas competentes” para la “expresión documental que dé cuenta de la información requerida por la persona recurrente”. La Fiscalía respondió que “no se localizaron expresiones documentales que dieran cuenta de la información de su interés de las que pudieran generarse versiones públicas y que pudieran estar sujetas a verificación alguna”.

³ Ver: Gobierno de México, “4° Plan de Acción 2019-2021 de México”.

⁴ Lucy P. Allen, Expert Report, Document 108-1, 31 de enero de 2022, de Estados Unidos Mexicanos v. Smith Wesson y otros, 1:21-cv-11269-FDS.

⁵ Pérez Ricart, C. A., y otros., “Guns in Latin America: Key Challenges from the Most Violent Region on Earth", en Gun Trafficking and Violence: From the Global Network to the Local Security Challenge, ed. David Pérez Esparza, Eugenio Weigend Vargas, y Carlos A. Pérez Ricart, Palgrave Macmillan, 2021, pp. 93-122.

⁶ Véase: H. Molina, “Robadas o extraviadas, 15, 592 armas de instituciones”, El Economista, 24 de abril de 2019.

⁷ N. Rodríguez. “Armas Robadas, el problema bajo la alfombra”, Eje Central, 10 de septiembre de 2021.

⁸ Lo anterior nos ha sido confirmado por los autores de un estudio de armas ilícitas en México publicado por el brazo de investigación del Congreso de Estados con quienes hablamos este año. Véase: U.S. Government Accountability Office, GAO-21-322, Firearms Trafficking: U.S. Efforts to Disrupt Gun Smuggling Would Benefit from Additional Data and Analysis, febrero de 2021.