Extorsión en México: ¿de qué sirve denunciar si no hay justicia?

“Ellos [los que cobran piso] llegaron diciendo ‘nosotros le vamos a cuidar el negocio y los vamos a cuidar a ustedes, que no los roben, que nos les pase nada’”,¹ relata Antonio, dueño de un pequeño establecimiento ubicado en la zona Este de Tijuana. Así, comenzó a pagarle piso a lo que, presume, es la célula de algún cartel.

Este fragmento de entrevista revela lo que hace de la extorsión y cobro de piso delitos distintos a otros. En el marco del proyecto “Extorsión comercial y seguridad pública en Tijuana. ¿Quién protege a quién?”, elaborado por México Evalúa, realizamos una inmersión en diferentes zonas de Tijuana, con el ánimo de documentar la ocurrencia de la extorsión y el cobro de piso. Además de recopilar información inédita, mostramos que la escasa comprensión de estos delitos redunda en malos diagnósticos y en formas torpes o contraproducentes de atenderlo.

Quien dice “cobro de piso”, dice protección de largo plazo

La extorsión y el cobro de piso son una suerte de impuesto criminal que se alimenta por el silencio de las víctimas. A eso debe agregarse que, a diferencia de otros delitos predatorios, como el robo o el fraude, la extorsión y el cobro de piso suponen un intercambio entre víctima y victimario: el primero paga una cuota; el segundo ofrece protección. Desde luego, no hablamos de una protección que alivia, sino de una que inquieta, pues el protector es también un actor criminal. Entonces, el extorsionador ofrece proteger de la amenaza que él mismo encarna y de las otras que el cliente pueda enfrentar.

Así, el silencio, la oferta de protección y el establecimiento de una relación de largo plazo son los tres ingredientes que hacen de este delito uno muy particular que, al no comprenderlo, somos incapaces de atender.

La “compulsión contabilizadora” y la ilusión de comprender

Cuando hablamos de extorsión y cobro de piso, nuestra ceguera yace primero en las cifras disponibles, que callan más de lo que dicen. Lo sabemos y, a pesar de ello, las utilizamos, creando la ilusión de que comprendemos el fenómeno y, desde ahí, lanzamos sendos planes de acción.

En el intento de medir la extorsión y el cobro de piso solemos cometer, por lo menos, tres errores.

El primero: sabemos de sobra que los datos de incidencia delictiva no registran la ocurrencia de un delito, sino la apertura de una carpeta de investigación. Sin embargo, pasamos por alto esa condición y ofrecemos interpretaciones del delito a partir de la minúscula proporción que alcanzamos a ver. De acuerdo con la recién publicada Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe 2022), en México apenas 2.6 % de los casos de extorsión generan una carpeta de investigación y, en consecuencia, figuran en las bases de datos de incidencia delictiva. Entonces, las estadísticas oficiales nos hablan más de las excepciones —los casos que se denuncian— que de la regla. ¿Por qué insistimos entonces, autoridades, medios, sociedad civil y académicos, en comprender la extorsión viendo una porción tan pequeña del fenómeno?

Segundo, los registros de extorsión no distinguen entre ésta y el cobro de piso y, como ya hemos explicado en este mismo espacio, son conductas cuya diferencia, aunque sutil, es muy importante: la extorsión es episódica, ocurre una vez; el cobro de piso es una conducta reiterada que entraña una relación extorsión-protección en el largo plazo. Entonces, ¿qué miden las cifras oficiales: delitos episódicos o relaciones establecidas en el largo plazo? Lo más probable es que sean los primeros, enseguida diré por qué.

Tercero, uno de los mejores recursos para solventar el vacío de datos en incidencia delictiva, o la cifra negra, son las encuestas de victimización, pues su vocación es medir los delitos que ocurren y no sólo los que se reportan a la autoridad. De paso, nos dan luz sobre las razones por las que las víctimas optan por no denunciar. Sin negar la valía de estos instrumentos de medición, tratándose de extorsión y cobro de piso tienen una limitante que no se debe ignorar, pues miden este delito como si se tratara de otro predatorio, pasando por alto que se trata de un intercambio (involuntario) extorsión-protección, que ocurre en el largo plazo. Esto es importante porque, al escuchar la pregunta, una persona puede contarle al encuestador que ha sido víctima de un delito, conjugando en pasado: fraude, robo, asalto, etc. Pero, ¿cómo esperar que el entrevistado le cuente a un extraño sobre la relación que sostiene con un proveedor criminal de protección así, conjugando en presente?

Estos tres errores suelen obviarse por nuestra “compulsión contabilizadora de la violencia”, como la llama Carlos Orellana en el contexto de El Salvador.² Sin cifras, parece que no vemos nada, aunque con ellas tengamos sólo la ilusión de estar comprendiendo la magnitud del problema. El punto, entonces, no es abandonar las mediciones, sino pensar en herramientas creativas y rigurosas que permitan mejorarlas y complementarlas.

¿Cómo salir del fetiche de la denuncia?

La ausencia de denuncia, causada por el temor de las víctimas y su desconfianza en las autoridades, es responsable de que las estadísticas relativas a la extorsión y el cobro de piso sean tan frágiles. Pareciera, pues, que incrementar la denuncia sería la solución para disminuir la cifra negra, tener mediciones más robustas y, desde ahí, mejorar nuestro conocimiento del problema. De paso, podemos suponer que, de tener más casos de extorsión y cobro de piso reportados, las autoridades tendrían mayores costos políticos por no ocuparse del tema. Si eso ocurriera, tal vez entonces atenderían mejor este delito e, incluso, podríamos aspirar a que haya justicia.

Entonces, la solución es promover la denuncia, hacer que las víctimas acudan a reportar lo que les ocurre, otra vez, conjugando en presente, ¿o no?

Las particularidades de la extorsión y el cobro de piso tienden a convertir la denuncia en un fetiche, tanto para los gobiernos, como para la sociedad civil. De entrada, supone dejar en la víctima la responsabilidad de que el delito se registre y se investigue. De hecho, en la investigación realizada, los entrevistados coinciden en que denunciar no sólo consiste en ir ante la autoridad a reportar lo que te ocurre, sino llevar pruebas, testigos, dar nombres, coordenadas, prácticamente, llevar el trabajo de la autoridad ya hecho.

Pero, aun suponiendo que bastara con que los ciudadanos den aviso a la autoridad, en casos de extorsión y cobro de piso, la denuncia sólo es parte de la solución si cumple dos condiciones.
Primero, tiene que detonar, inmediatamente, una oferta alternativa de protección que le permita a la víctima prescindir de la oferta criminal. Es decir, si la policía tiene capacidad para brindar una protección ante la extorsión y otras amenazas, la denuncia se convierte en la demanda por una “protección que alivia”. Si las alternativas de protección pública no llegan, o no convencen de su eficacia a los habitantes frente a la amenaza criminal, ir a denunciar no hará más que transgredir la imposición del silencio por parte del extorsionador y provocar casi seguramente que ejerza violencia contra la víctima.

Segundo, la denuncia tiene que desencadenar una investigación y eventualmente un proceso judicial que garantice la reparación del daño para la víctima y la neutralización de estos actores violentos en favor de potenciales víctimas en el futuro. De acuerdo con la Envipe 2022, considerando sólo los casos de extorsión que tienen una carpeta de investigación (es decir, el 2.6 %), sabemos que en el 60 % de los casos no ha pasado nada; en el 26 %, la investigación está en trámite, el 0.3 % recuperó sus bienes y sólo en el 1 % hubo reparación del daño. En pocas palabras, mientras las fiscalías no asuman su rol, de nada sirve que la población tome el riesgo de denunciar.

Si podemos asegurar estos dos procesos, entonces fomentar la denuncia será una estrategia pertinente. Mientras, pedirle a la víctima que reporte este delito ante la autoridad es condenarla a que su único proveedor de protección, el criminal, tome represalias por tal osadía.

Cuando se hacen llamados cándidos a la denuncia, además de no resolver la situación que permite el cobro de piso, se termina delegando en la víctima la responsabilidad de activar la intervención de las autoridades para auxiliarle. Esto alimenta la pasividad de los gobiernos, dejando de lado la urgencia de emprender los esfuerzos necesarios por investigar un delito envuelto en un silencio relativo, y cuya desatención conlleva un costo político, particularmente bajo. Por ende, la respuesta de las autoridades debe combinar un esfuerzo de prevención y atención de seguridad pública, con un compromiso judicial para investigar y proteger a los ciudadanos que viven entre la espalda y la pared de la extorsión en Tijuana, y en México en general.

María Teresa Martínez Trujillo
Profesora investigadora en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey e investigadora asociada en México Evalúa

¹ Antonio, pequeño establecimiento, colonia popular de la zona Este de Tijuana, 2022.

² Orellana, C. Pensar la violencia a contracorriente (Editorial), Estudios Centro americanos, 741, 70, 2015, pp. 163-169.