El futuro de la Guardia Nacional de AMLO: dos escenarios

El 1 de octubre de 2024, cuando corran los primeros minutos del recién investido gobierno federal, la inseguridad y la violencia de las organizaciones criminales, agravada por su intromisión violenta en cada vez más actividades económicas por medio de la extorsión¹ y mercados ilegales de alto impacto social² en múltiples zonas del país, seguirán siendo de las primeras preocupaciones a nivel nacional. La nueva titular de la Presidencia deberá tener claro con qué institución de seguridad pública llevará a cabo la urgente tarea de reducir la violencia del crimen organizado y contribuir al acceso a la justicia para miles de víctimas.

Este texto busca aportar a dicha interrogante a partir de la revisión a los anexos de plazas de la administración pública federal aprobados como parte del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el periodo 2017-2024. Con base en ello, se analizarán dos potenciales escenarios ante los que se podría situar el Ejecutivo federal.

La próxima administración federal, y en particular el sector de seguridad pública del orden federal, arrancará con 6000 policías menos a su servicio que los que dejó Enrique Peña Nieto. En el PEF de 2018 se asignaron 43 724 plazas a la hoy extinta Policía Federal, en tanto que la gestión de López Obrador cerrará con 37 478 plazas (14 % menos) para la Guardia Nacional (GN), adscritas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de acuerdo con el presupuesto para 2024. Mientras que la Secretaría de Seguridad perdía plazas policiales año con año para la Guardia, la Policía Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional creció 368 % (de 14 833 a 69 461 plazas) entre 2020 y 2024.

Tabla 1. Evolución en términos de plazas aprobadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación

Fuente: Elaboración propia con base en los analíticos de plazas del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017-2024.
1 Las plazas de la Policía Militar aparecen desagregadas en los analíticos correspondientes del PEF sólo a partir de 2020.
2 Las plazas de la Guardia Nacional aparecen con dicha denominación a partir del PEF 2021, una vez concluido el proceso de transferencia de recursos humanos, financieros y materiales de la Policía Federal.

Mientras se acercaba el primer día de 2024, fecha límite para que el mando administrativo y operativo de la GN se transfiriera al sector civil de la seguridad por declaratoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presupuesto federal que López Obrador ya había restado plazas policiales a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ganaba la Secretaría de la Defensa Nacional y perdía la seguridad pública civil. Como última maniobra, el 5 de febrero de este año, el Ejecutivo presentó una iniciativa de reforma constitucional para convertir a la GN en una Fuerza Armada con facultades policiales, “dependiente del ramo de la defensa nacional”, es decir, adscrita a la Sedena.

Para conformar y consolidar la institución conforme a la Constitución,³ se debió fortalecer a la GN con personal como ocurrió con los recursos de la Policía Federal. Pero, como puede observarse en la Tabla 1, desde 2020 la Policía Militar no dejó de crecer por separado de la nueva institución.

Con miras a una nueva etapa para la seguridad y justicia en el país a partir de octubre de 2024, ¿qué debe prever la, probablemente, primera presidenta del país? Los siguientes son un par de escenarios base a considerar para empezar a construir una respuesta.

Escenario 1: Todo se queda como hasta ahora; no se aprueba la iniciativa de reforma del presidente.

El futuro de la propuesta presidencial no pinta bien, ningún partido opositor ha manifestado su apoyo, por lo que ésta es la posibilidad más factible. La próxima administración empezará con menos policías de los que tenía en 2018 para contener y reducir la actividad de los varios grupos de la delincuencia organizada local y trasnacional que operan en el país: 37 400 posiciones en la Guardia Nacional al mando del sector de seguridad pública.

Asimismo, la tarea pendiente que López Obrador dejará en lo administrativo a su sucesora no es menor: regresar el control operativo y administrativo de la GN al sector de seguridad pública y así cumplir con el mandato constitucional. Un sector de los militares se alegrará de no tener que lidiar con tareas civiles y otro tanto quedará inconforme con la pérdida, aun con las miles de plazas ganadas.

Más que a despliegues disuasivos de personal de efectividad cuestionable, una buena parte de la GN podría enfocarse a las hoy casi abandonadas tareas de investigación criminal. Ello requerirá integrar un cuerpo con alta especialización en la detección y documentación de redes criminales cada vez más sofisticadas y poderosas financieramente. Esto no debe confundirse con la función de grupos tácticos o de reacción: es indispensable la formación de policías con conocimiento de los requisitos formales para investigaciones sólidas en tribunales.

Actualmente la investigación federal se relegó sólo a la FGR, que cuenta con la modesta cantidad de 3600 policías⁴ para realizar investigaciones bajo el mando del Ministerio Público, además de cumplimentar mandamientos judiciales o servicios de guardia en medidas de protección.

Escenario 2: Se aprueba la propuesta del presidente o la próxima administración logra adscribir la Guardia Nacional a la Sedena.

En este escenario, a menos que se cree una nueva institución policial adscrita a la Secretaría de Seguridad federal, el sector civil se quedaría sin policía a su mando para prevenir e investigar delitos.

Salvo por los policías adscritos a la FGR, al ramo de seguridad pública sólo le quedaría personal operativo con las funciones de policía penitenciaria y el servicio de protección federal (encargado de la custodia de instalaciones federales).

En contraste, a las filas de la Sedena se sumarían formalmente alrededor de 14 000 integrantes de la Policía Naval asignados a la GN⁵ y un número indeterminado de plazas de la Guardia adscritas a Seguridad y Protección Ciudadana. Esto, porque la iniciativa presidencial establece en artículos transitorios que, además del personal naval que integra la Guardia, las plazas deberán transferirse a la Defensa Nacional.⁶ De esta forma, una parte de la función de proporcionar seguridad pública se entregaría a una dependencia que ha dado varias muestras en los últimos años de no someterse a obligaciones de transparencia y rendición de cuentas sobre sus actuaciones, mismas que aplican a toda la administración pública. Ni siquiera para acatar órdenes presidenciales.

Independientemente del escenario que se concrete, el gobierno federal habrá de fortalecer la efectividad de la GN para que contribuya con resultados medibles a la seguridad pública del país. Hasta ahora, contrario a lo que por más de cinco años ha postulado el presidente, los números de la institución dirigida por los militares dejan duda de su efectividad para contener la delincuencia.

Como ejemplo tenemos las cifras de puestas a disposición ante el Ministerio Público por posibles delitos proporcionadas en el Censo Nacional de Seguridad Pública estatal y federal 2023. Si bien no es una evaluación integral de su eficacia, sí es información válida de sus resultados inmediatos. En 2022, con 106 155⁷ integrantes en tareas de seguridad pública, la GN realizó 2662 puestas a disposición (en promedio, siete al día). La mayoría de éstas, casi la mitad, fueron por robo en alguna modalidad y no por algún delito relacionado con la delincuencia organizada, de los que tienen en vilo la seguridad del país. En contraste, policías estatales con 3000 miembros como las de San Luis Potosí o Coahuila, con poco más de 3000 miembros, realizaron 5200 y 8800 puestas a disposición por posibles delitos.

A cuatro meses de las elecciones, las aspirantes a la Presidencia de la República ya deben estar pensando en qué tipo de policía construirán para el orden federal y, con ello, la forma que tomará una de sus principales herramientas para llevar a cabo su estrategia de seguridad. Es un hecho que la compleja y violenta actividad criminal del orden federal continuará desplegándose en el país que heredarán. Lo que sí estará en sus manos será definir si transcurren seis años más sin que el gobierno federal cuente con una institución policial que asuma de lleno sus funciones de manera efectiva y respetuosa a los principios que deben regir a las instituciones de seguridad en un país democrático.

Lilian Chapa Koloffon
Especialista en seguridad pública.

Valoraciones expresadas a título personal.

¹ Como al transporte público, taxis, venta de alimentos básicos, distribución de gas LP o rastros municipales.

² como la esclavitud sexual de mujeres, falsificación de medicamentos, la pesca furtiva, tala clandestina o la distribución de agua

³ Aunque las reformas constitucionales de 2019 de la Guardia Nacional se estableció en el artículo transitorio segundo que la institución “se constituirá […] con los elementos de la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval que determine en acuerdos de carácter general el Presidente de la República”, dicha conformación se aprobó en carácter transitorio. En la misma reforma se estableció la naturaleza civil y su adscripción a la secretaría del ramo de seguridad pública.

⁴ Fuente: Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal 2023

⁵ Solicitud de acceso a la información pública folio 330026622002175

⁶ De acuerdo con la iniciativa presidencial, “los recursos presupuestales y financieros que correspondan para cubrir las erogaciones por concepto de servicios personales de la última plantilla general de plazas aprobada a la extinta Policía Federal y de confianza, así como los gastos de operación de la Guardia Nacional y los recursos materiales destinados a su operación, con excepción de aquellos requeridos para el personal que continuará bajo la adscripción de la secretaría del ramo de seguridad pública”.

⁷ Esta cifra proporcionada en el informe anual 2022 de la Guardia Nacional integra al personal adscrito a Seguridad y Protección Ciudadana y a las dependencias militares (Sedena y Semar).