El combate a la delincuencia organizada durante el último año

En febrero de 2020, se confirmó el primer caso de SARS-CoV-2 en México. Unos meses después, las Fuerzas Armadas implementaron el Plan DN-III-E y el Plan Marina para ayudar a las autoridades sanitarias, mientras que las policías apoyaron con las tareas de prevención y atención al covid-19. Además, las fuerzas de seguridad continuaron con actividades de combate a la delincuencia organizada, entre las que se encuentran las detenciones. Para conocer cómo se llevaron a cabo estas últimas, en el Programa de Política de Drogas del CIDE realizamos una búsqueda de noticias de fuentes abiertas y boletines del gobierno de cobertura nacional y regional publicadas entre marzo y diciembre de 2020, utilizando un diccionario con palabras clave. En total se identificaron 134 notas que documentan la detención de 535 personas presuntamente relacionadas con la delincuencia organizada durante el período mencionado.¹

El objetivo de este texto es describir estas detenciones y contestar las siguientes preguntas: ¿dónde se detuvo a estas personas y quiénes eran según las autoridades? ¿Qué autoridades las llevaron a cabo?, ¿bajo qué circunstancias?

Dado que sólo podría afirmarse que las personas que integran esta base de datos pertenecen a la delincuencia organizada a partir de una sentencia del Poder Judicial, nuestro análisis aporta una aproximación con base en la información que reportan los medios de comunicación.

Ilustración: Ricardo Figueroa

¿Dónde se les detuvo y quiénes eran según las autoridades?

De acuerdo con la base de datos, se realizaron detenciones en todo el país, excepto Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Hidalgo y Nayarit. En Guanajuato —donde el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se enfrentaron por el territorio hasta el año pasado— fueron detenidas 99 personas.

En 397 de los casos, la noticia menciona la supuesta pertenencia de la persona detenida a un grupo delictivo específico. En Guanajuato, a la mitad se le relacionó con el CSRL y a un cuarto con el CJNG. En la Ciudad de México las detenciones se relacionaron con ocho grupos criminales diferentes,² a pesar de que las autoridades negaban su presencia hace unos años. En total, se tiene registro de 39 grupos delictivos en la base de datos.

Tabla 1. Supuesta pertenencia de las personas detenidas a los grupos delictivos

Fuente: Elaboración propia utilizando la base “detenciones relacionadas con la delincuencia organizada en 2020” del CIDE-PPD (2021)

El estudio de las notas también permitió identificar el cargo que supuestamente desempeñaban las personas detenidas. Sólo a 15 % se le adjudicó un puesto de liderazgo,³ a 2 % el de sicario y 83 % eran individuos sin un puesto específico, entre los que se encuentran familiares, transportistas, operadores financieros y un caso excepcional de “narcocantante”.

Gráfica 1. Puesto de las personas detenidas

Fuente: Elaboración propia a partir de la base “detenciones relacionadas con la delincuencia organizada en 2020” del CIDE-PPD (2021)

Asimismo, identificamos la detención de 43 mujeres supuestamente vinculadas a grupos criminales como jefa de plaza (1), operadora (1), líderes (4) —como el caso de María del Carmen, alias Cecy Albarán, supuesta líder del CJNG—, familiares (3) y sin puesto identificado (34).

¿Qué autoridades participaron en las detenciones?⁵

En la mayoría de las detenciones participaron instituciones estatales⁵ (76 %), seguidas por las federales⁶ (36 %) y, por último, las municipales⁷ (10 %).

Gráfica 2. Detenciones por tipo de autoridad (marzo a diciembre 2020)

Fuente: Elaboración propia a partir de la base “detenciones relacionadas con la delincuencia organizada en 2020” del CIDE-PPD (2021). Nota: Las detenciones pudieron haberse llevado a cabo por más de una autoridad. Por ello, la suma de los porcentajes excede el 100 %

Las secretarías de seguridad y fiscalías estatales fueron las autoridades involucradas en la mayoría de las detenciones (48 y 46 % de las personas detenidas, respectivamente) y las que más colaboraron juntas. La Tabla 2 muestra con mayor detalle la participación de las autoridades.

Tabla 2. Participación de las autoridades en las detenciones

Fuente: Elaboración propia a partir de la base “detenciones relacionadas con la delincuencia organizada en 2020” del CIDE-PPD (2021)

Recordemos que el 11 de mayo del 2020 se emitió el decreto presidencial que autoriza a las Fuerzas Armadas a llevar a cabo distintas funciones de seguridad pública hasta 2024, entre ellas, la detención de personas. Los datos indican que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) estuvo involucrada en la detención del 24 % de las personas, mientras que la Secretaría de Marina (Semar), en 5 %. Por su parte, la Guardia Nacional (GN) —institución recientemente creada y de carácter civil, aunque mayoritariamente conformada por militares— estuvo relacionada con la detención del 28 %.

¿Bajo qué circunstancias se dieron las detenciones?

Analizamos el tipo de intervención de la autoridad de la que derivaron las detenciones.⁸ Las notas mencionan que el 34 % de las detenciones se llevaron a cabo por medio de operativos.⁹ Este porcentaje sube al 73 % en aquellas detenciones donde participan las Fuerzas Armadas. En un 27 % se mencionan actividades de investigación o labores de campo, las cuales en su mayoría son llevadas a cabo por autoridades estatales; la fiscalía estatal estuvo involucrada en el 70 % de los casos. La detención del 13 % involucró denuncias ciudadanas, las cuales fueron atendidas principalmente por instituciones estatales. En menor proporción se mencionan las detenciones derivadas de recorridos y patrullajes (8 %), aquellas relacionadas a una actitud sospechosa¹⁰ (7 %), en cumplimiento de una orden de aprehensión o de cateo (4 %), y por flagrancia (2 %).¹¹

Las autoridades aseguraron al menos un arma en el 58 % de las detenciones. De la misma manera, aseguraron sustancias en el 30 %: la mariguana (24 %) fue la más común seguida por el cristal (14 %). 

La información presentada muestra que, al margen de las responsabilidades adicionales que la pandemia impuso a las autoridades el año pasado, se dio continuidad a la estrategia hasta cierto punto enfocada en la detención de personas supuestamente relacionadas a la delincuencia organizada. Este análisis nos ofrece tres hallazgos principales. En primer lugar, nos confirma que las detenciones siguen una lógica de presencia de grupos delictivos. La mayoría se dio en Guanajuato y en tercer lugar en Michoacán, donde existe una dominancia del CJNG y una violencia parcialmente causada por la lucha de este grupo con el CSRL y Cárteles Unidos.

En segundo lugar, nos dice que siguieron realizándose acciones fuera de las labores de investigación, como patrullajes y revisiones, que pueden llevar a detenciones de bajo perfil. Por último, a pesar de que aparentemente al menos la mitad de las personas portaba armas al ser detenidas, sólo se le aseguraron sustancias al 7 % , lo que podría sugerir que portaban las sustancias para su uso personal.¹²

Conocer estos detalles es crítico, pues nos permiten entender hacia dónde se orientan los recursos asignados a la seguridad. Hay factores que en su conjunto pueden derivar en violaciones a los derechos humanos; incorporar estos detalles para definir la proporcionalidad y la racionalidad en las acciones de todas las fuerzas de seguridad podría influir en una asignación más justa y eficiente de recursos financieros y humanos, en especial durante una época de escasez como la pandemia.

Samantha Pérez Dávila y Alejandro Pocoroba
Programa de Política de Drogas, Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)

¹ La base de datos completa y la metodología estará disponible en el sitio del PPD.

² Cártel de los Beltrán Leyva, Cártel de Santa Rosa de Lima, Cártel de Tláhuac, Fuerza Anti-Unión Tepito, la Familia Michoacana, la Unión Tepito, los Lenin Canchola y el CJNG.

³ Líderes, jefes de plaza, jefes de seguridad, operadores, jefes de sicarios, líderes de halcones o segundos al mando.

⁴ En tres casos no se puede identificar en concreto la autoridad que participó en la detención. Por ello, los datos de esta sección se basan en una submuestra de 535 personas.

⁵ Las instituciones estatales incluyen a las secretarías de seguridad pública, fiscalías, policías, agencias de investigación y sus respectivos grupos especiales como, por ejemplo, el Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI) que forma parte de la Agencia de Investigación Criminal y depende de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

⁶ Entre las fuerzas federales se encuentran la Guardia Nacional, Sedena, Semar, Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) y la Comisión Nacional Antisecuestro.

⁷ Se refiere a las policías municipales en su totalidad.

⁸ Estas clasificaciones tienen sus limitantes. Primero, no son excluyentes. Es decir, una detención puede ser, al mismo tiempo, producto de un operativo y de labores de inteligencia. Segundo, dependen de la información contenida en la nota. Se pueden llevar a cabo operativos para el cumplimiento de una orden de aprehensión sin que la nota mencione este detalle.

⁹ Se resalta el caso de lo ocurrido en Guanajuato donde se detuvieron a 26 presuntos miembros del Cártel Santa Rosa de Lima.

¹⁰ Estas se dan cuando la autoridad detecta cierta actitud sospechosa o evasiva de la persona, incluyen también las revisiones de manera preventiva -por alguna sospecha- y aquellas que culminaron en el arresto de líderes o en el desmantelamiento de células criminales.

¹¹ Estos son casos donde las autoridades sorprenden a las personas en el acto; por ejemplo, mientras entregaban despensas, extraían combustible o intercambiaban paquetes con supuestas sustancias.

¹² No podemos saber si la portación de sustancias tenía fines de uso o de comercio debido a la ambigüedad en la descripción de algunas noticias. Por ejemplo, una noticia describe “una bolsa con hierba parecida a la mariguana”.