El principal problema de seguridad pública en México es la profunda debilidad institucional de las policías municipales y estatales, mismas que además, carecen de un número suficiente de elementos adecuadamente equipados y capacitados para hacer frente a la delincuencia.
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Seguridad y derechos: otra vez, el falso dilema
La creciente criminalidad y la sensación de un miedo permanente han servido a la cultura punitiva como caldo de cultivo. En estos días vemos con más fuerza el resurgimiento de debates que se consideraban superados y que alientan el uso de medidas restrictivas de derechos, el uso de la fuerza y la prisión, como las únicas formas de alcanzar la seguridad y la justicia.
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El Plan de Seguridad que omitió a las Policías
Más allá de mencionarlas una sola vez en todo el texto, el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 omite cualquier referencia, estrategia o plan enfocado a las policías estatales y municipales. De acuerdo al próximo secretario de seguridad, Alfonso Durazo, esto se debe a que la reforma policial no se consideró como un elemento “estratégico” de este Plan.
El falso paradigma del uso de la fuerza en México
Existe un desconocimiento generalizado, tanto jurídico como táctico, de las capacidades técnicas de los dispositivos para control de disturbios agrupados bajo el concepto “no letal”, pese a su capacidad latente para causar la muerte.
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Gasto federalizado y seguridad pública: el caso del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, FASP
Hablar de una relación causal entre gasto y nivel de seguridad conlleva una simplificación extrema de los fenómenos de inseguridad y violencia, ya que existen múltiples variables que inciden en su desarrollo; sin embargo, es importante analizar cuánto se ha gastado en seguridad pública y, sobre todo, cómo se ha gastado.
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La amnistía en procesos de justicia transicional
Uno de los problemas que generalmente enfrentan los procesos transicionales es la tensión que surge entre dos valores cuyo carácter es invaluable: la justicia y la paz. Esta tensión surge del enfrentamiento, por un lado, de los imperativos jurídicos internacionales que muestran una clara tendencia hacia la exigencia del castigo de los perpetradores y, por el otro, de las restricciones derivadas de las realidades políticas de cada país, así como de la necesidad de lograr negociaciones exitosas para finalizar el conflicto.