Considerar la migración irregular como una cuestión de seguridad solo ha generado violaciones a los derechos humanos y la dilución de capacidades estatales de instituciones que están encargadas de estas tareas, como lo son el INM y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.

Queda claro que la ilegalidad no es un factor efectivo para prevenir el consumo de drogas entre adolescentes y que, por el contrario, su prohibición absoluta impide que existan mecanismos efectivos para controlar la calidad de las sustancias a las que acceden.

Nuestra Constitución y diversos tratados internacionales establecen las reglas del juego: la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad debe ser extraordinaria, subordinada y complementaria, regulada y fiscalizada.

Mientras que podemos observar un repunte de los asesinatos de mujeres registrados durante el mes de abril de 2020 (primeras semanas de la Jornada Nacional de Sana Distancia) en estados como Guanajuato, Chihuahua, Sonora o Chiapas; en otros, como Guerrero y Michoacán, se nota una tendencia inversa.

Nuestro texto constitucional es claro en que las instituciones de seguridad deberán ser de carácter civil y que las Fuerzas Armadas no pueden realizar cualquier otra actividad que no esté estrictamente relacionada con la disciplina militar.