Cuarenta colonias en Tijuana sufren de extorsión en su modalidad de cobro de piso, es decir, el 5.8 % del total. Estas colonias tienen características particulares. Son zonas altamente pobladas y tienen un promedio de hacinamiento mayor al del resto del municipio. Finalmente, son áreas con mayor porcentaje de población de 15 años y más sin educación básica.
Agenda
¿Qué nos dice la evidencia? · Agenda
Revisión de Evento Centinela: una justicia alternativa para la reforma policial
Si bien quienes cometieron delitos tendrían que ser investigados individualmente, en momentos así, las respuestas punitivas no bastan, pues sólo una reforma sistémica podría atender las demandas de una ciudadanía herida. Pero, ¿cómo establecer un proceso de reforma policial en un contexto tan contencioso y políticamente riesgoso?
Justicia Terapéutica en México: el fracaso de una política importada
La implementación del Programa de Justicia Terapéutica y su ampliación debe repensarse. Existen claras posturas de organismos nacionales, regionales e internacionales en contra de estos programas que, en muchas ocasiones, violan los derechos de las personas.
La (fallida) militarización en el noroeste de México
En Sonora, la desestabilización generada por operativos conjuntos abre las puertas al incremento de conflictos entre grupos y las Fuerzas Armadas, así como al aumento en el número de víctimas de la violencia letal en el corto plazo. El futuro inmediato no luce mejor.
¿Qué promete y qué funciona? · Agenda
¿Cómo combatir a los hoteles feminicidas?
Una mujer ingresa a un establecimiento de hospedaje con su acompañante hombre, o entra al cuarto donde ya la espera. Después él abandona el motel y ella nunca sale, hasta que su cuerpo es encontrado sin vida y con signos de violencia. Así operan los hoteles feminicidas en la Ciudad de México y otras entidades del país.
Priorización equivocada: el modelo de securitización en Yucatán
El ejemplo de Yucatán permite identificar los puntos más relevantes a evaluar al momento de implementar una política pública de prevención y fortalecimiento de seguridad para que, además de garantizar la seguridad de las personas, proteja los derechos humanos sin discriminación alguna.