La (fallida) militarización en el noroeste de México

Sonora representa un punto estratégico para la distribución de drogas y otras mercancías ilícitas por la infraestructura en carreteras. Actualmente el estado es gobernado por Alfonso Durazo, quien fuera secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de 2018 a 2020. Su llegada suponía un mayor despliegue de las fuerzas de seguridad federales y estatales en un estado disputado por tres grupos del crimen organizado: el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Caborca. Sin embargo, a pesar de este aumento en fuerzas de seguridad, el estado ha experimentado un incremento acelerado de la violencia. Inclusive, dentro de Sonora se encuentran cuatro de los 50 municipios prioritarios en materia de seguridad: Cajeme, Guaymas, Hermosillo y Nogales. Lo anterior nos lleva a preguntarnos las razones del recrudecimiento de la violencia.

¿Quién gana realmente con la militarización?

El despliegue de personal militar, o militarización, responde a la necesidad de combatir a un enemigo de carácter no militar o para realizar las tareas que le competen a la policía. Si bien esta intrusión de los cuerpos castrenses no es nueva, la administración actual parece haber omitido revisar las evidencias históricas que desalientan el despliegue de este tipo de estrategias puesto que las sigue utilizando.

Inicialmente, la estrategia basada en el arresto de líderes de grupos criminales (kingpin strategy),en conjunto con intervenciones de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), desencadena una división dentro de la organización.¹ Esta fragmentación podría fomentar la competencia intracartel, a través de un proceso de reconfiguración,² o desencadenar ataques de nuevos grupos.³ Paralelamente, se gestaría un dilema de seguridad, provocado cuando un Estado emprende acciones disuasorias que terminan siendo percibidas por sus rivales como una amenaza, produciendo mayores tensiones que pudieran derivar en conflicto.

El continuo despliegue de elementos requiere de un delicado equilibrio. Al ser una estrategia de tipo reactivo, avanzar demasiado rápido tiende a provocar una mayor inestabilidad. En México, el combate a las drogas orquestado en 2006 provocó el escalamiento de la violencia. Si bien se logró la detención o baja de aproximadamente 25 capos y 160 tenientes, la violencia relacionada con la droga aumentó en aproximadamente un 300 %.⁴

Estrategia de seguridad y picos de violencia en Sonora

Alfonso Durazo salió de la SSPC tras afrontar los dos años más violentos del país desde que hay registro. A su llegada como gobernador, anunció que su principal apuesta sería atender el decadente tema de seguridad pública. Posteriormente, especificó que la presencia de la GN, el Ejército y la Marina eran necesarias para contener las olas de violencia que se habían registrado en Sonora. Tan sólo en los primeros meses de su administración, la entidad se convirtió en una de las regiones más blindadas por elementos de seguridad. Al momento, Sonora cuenta con más de 2000 elementos activos de la Guardia Nacional (GN), seis cuarteles activos y dos en construcción. Específicamente, en 2019 había 976 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), desplegados en Sonora, pasando a 2793 en 2021. Durante el mismo periodo, el número de soldados de la GN aumentó de 1186 a 2699. Posteriormente se anunció el reforzamiento de fuerzas estatales y federales.

De acuerdo al Índice de Paz 2022, Sonora experimentó el mayor deterioro en el clima de seguridad pública y en su calificación general, consecuencia del aumento del 20.8 % en su tasa de homicidios.

A la fecha, Sonora ocupa el lugar número seis a nivel nacional en homicidios, situándose por encima de la media nacional. De las 876 víctimas de homicidio doloso en Sonora (enero-junio 2022), 517 fueron asesinadas con armas de fuego. Esto sugiere que la existencia de operativos permanentes desde 2017, así como el establecimiento de elementos de la Policía Estatal en Altar, Caborca, Cajeme, Hermosillo, Navojoa y San Luis Río Colorado, no han sido suficiente para controlar los frentes de violencia existentes.

Como ejemplo, el desértico municipio de Altar, con tan sólo 9492 habitantes y colindante con la frontera sur de Estados Unidos, vive una ola de violencia propiciada por la disputa entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Caborca. Debido a su posición geográfica la economía de Altar gira en torno de la migración, una de las actividades lucrativas del crimen organizado.

En un intento por debilitar a los grupos criminales, jefes de plaza de Los Chapitos fueron detenidos en distintos eventos en Altar en 2021: el 21 de abril, José Bibiano Cabrera, alias el Durango y el 11 de junio, Jesús Humberto Limón López, alias el Noveno. A modo de respuesta, comandos armados realizaronnarcobloqueos en la carretera a Pitiquito, tras continuar desplegándose de día y de noche, robando patrullas o participando en enfrentamientos y destrucción de casas.

El 2 de mayo de 2022, un convoy de sicarios se apoderó de tres patrullas de la Policía Estatal e hizo alarde del suceso a través de videos difundidos en redes sociales. El 2 de julio, el Duranguillo, jefe de plaza del Cártel de Sinaloa, fue detenido por elementos del Ejército. Grupos armados robaron unidades doble remolque y bloquearon la carretera federal 2 y los accesos a Caborca y Pitiquito. El presidente López Obrador anunció que se ofrecieron 10 millones de pesos a los militares si soltaban al líder criminal.

La última ofensiva resultó satisfactoria con la detención de Rafael Caro Quintero, líder del Cártel de Caborca. El viernes 15 de julio, Caro Quintero fue reaprehendido por elementos de la Marina en el municipio de Choix, Sinaloa. Horas después un helicóptero Black Hawk de la Semar se desplomó cerca de Los Mochis, Sinaloa, con un saldo de 14 muertos. A través de redes sociales, López Obrador confirmó que las víctimas respaldaron a quienes ejecutaron la orden de aprehensión en contra de Caro Quintero.

Reflexiones

México se enfrenta a una problemática sin solución aparente. La estrategia de “abrazos, no balazos” está lejos de ser una realidad, mientras continúan gestándose estrategias punitivas en lugar de disuasivas. En Sonora, la desestabilización generada por operativos conjuntos abre las puertas al incremento de conflictos entre grupos y las Fuerzas Armadas, así como al aumento en el número de víctimas de la violencia letal en el corto plazo. El futuro inmediato de Sonora no luce mejor.

¿Qué hacer al respecto? Las administraciones continúan dejando de lado los factores estructurales relacionados, tanto de índole económico como social. Además, un requerimiento necesario para el desarrollo efectivo de estrategias es realizar un análisis de las tendencias a nivel local y municipal. Por último, deben delinearse e implementarse estrategias que busquen soluciones en el mediano y largo plazo. Los esfuerzos cortoplacistas han demostrado ser ineficientes y potenciadores de la violencia letal en los territorios donde se han puesto en marcha.

Tan solo en Altar, la economía dependiente de la migración se ve afectada tras el incremento en los cobros de piso, las extorsiones y los secuestros. El aumento en la violencia letal se ve reflejado en la delincuencia. Por ello, las autoridades en los tres niveles deberían enfocar sus esfuerzos en la recuperación de los sectores económicos y los recursos financieros que desincentiven la continuación de las actividades delictivas del crimen organizado. Por último, tiene que fomentarse el desarrollo de las actividades de inteligencia a nivel estatal y municipal.

Brenda Dalid González Aguirre
Licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Junior Public Security Analyst & Project Manager en Advanced Intelligence Solutions (AIS).

¹ Calderón, G., y otros. “The Beheading of Criminal Organizations and the Dynamics of Violence in Mexico”, en Journal of Conflict Resolution, 2015, pp. 1455-1485.

² Phillips, B. “How Does Leadership Decapitation Affect Violence? The Case of Drug Trafficking Organizations in Mexico”, en Journal of Politics, p. 77.

³ Calderón, G., y otros, ob. cit.

⁴ Calderón, G., y otros, ob. cit.