Para comprender el origen de la Policía Comunitaria de Guerrero es preciso emprender un ejercicio para profundizar en la compleja realidad y contexto social que habitan las comunidades de esa región y, así, tratar de entender por qué hombres y mujeres de la comunidad, emprenden funciones de seguridad autonómica, como es el caso de algunas demarcaciones de la Montaña1 y la Costa Chica de Guerrero. Sin ello, es muy probable que no se logre explicar como se gesta la configuración de una forma alterna de seguridad y, a la postre, de justicia.

Si bien, ha corrido mucha tinta en analizar la violencia crónica en Guerrero, es necesario desarrollar sensibilidad sobre el contexto social y económico del estado y de la región para comprender el arraigo de la violencia estructural: la profunda injusticia social,2 los abusos y violaciones a los derechos humanos que viven estos pueblos y comunidades indígenas, y que se han constituido ya en prácticas sistemáticas, al igual que un profundo sentido de indefensión y desamparo cíclico en la región. Este escenario se recrudeció a partir de 2006 con la estrategia emprendida por el gobierno federal en la guerra contra el narcotráfico. Lejos de reducir la violencia, devino en un incremento del número de ejecuciones vinculadas a la delincuencia organizada.3 Asimismo, la militarización en la región justificada por la guerra contra el narcotráfico generó y sigue produciendo un profundo daño social en las comunidades.


Ilustración: Estelí Meza

El contexto que da origen a la Policía Municipal y su plataforma legal

La configuración de la Policía Comunitaria (PC) de Guerrero es distinta a la de otras formas de autodefensa en nuestro país. No sólo articula un sistema de seguridad, sino que en la praxis integra funciones de procuración y administración de justicia, así como procesos de resocialización, denominados de “reeducación”.

En 19954 cuando la Policía Comunitaria de Guerrero materializó la demanda de las comunidades Na´ Savi, Me’Phaa y Nahuas,5 se reportó un incremento significativo de delitos que atentaban contra sus formas de vida, de subsistencia, y su integridad. Aun cuando denunciaban los delitos cometidos, sus casos eran omitidos consistentemente por las autoridades competentes, es decir, por las policías preventivas, por las agencias del Ministerio Público estatal y por la policía de investigación. Por ello, aunque en su su etapa inicial la PC concibió implementar únicamente funciones de seguridad subsidiaria o colaborativa con las Agencias del Ministerio Público del estado, la demanda insatisfecha de justicia generó la necesidad de integrar también un sistema de justicia comunitaria.

El Sistema de Seguridad y Justicia Comunitarias no carecen de un andamiaje jurídico y de marcos regulatorios. Éstos son reconocidos en los siguientes ordenamientos: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,6 la Ley número 701 que reconoce los Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas de Estado de Guerrero (2011), Los Acuerdos de San Andrés Larraínzar (1996) y, en el ámbito internacional, la Resolución aprobada por la Asamblea General 61/295, que deviene en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y que es retomada en el Convenio Número 169 de la OIT sobre los Pueblos Indígenas y Tribales.

En el ámbito interno o doméstico la PC es asistida por su Reglamento Interno para los procesos de justicia comunitaria, que articula mecanismos para la solución de conflictos comunitarios. Por otro parte, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) formada en 1998 articula las funciones la procuración y administración de justicia junto con la PC, desde esta lógica se encarga de los procesos de reeducación, e integra los valores comunitarios que buscan generar auténticos procesos de reintegración a la par que se cumple la medida de sanción.

Marco legal de los Sistemas de Seguridad y Justicia Comunitaria en Guerrero

La Ley número 701 en sus artículos cuatro al siete reivindica la libre determinación y la autonomía de los Pueblos y Comunidades Indígenas,7 y definen lo que debe entenderse, entre otros por Autonomía,8 Usos y Costumbres,9 Autoridades Indígenas,10 Sistemas Normativos,11 Libre Determinación12 y sobre la Policía Comunitaria.13 Los artículos ocho al 24 reconocen los derechos generales y específicos de los pueblos indígenas, en los artículos 35 al 39, se confirma “el reconocimiento de la Policía Comunitaria, respetando su carácter como cuerpo de seguridad pública, auxiliar del Consejo Regional de Autoridades Comunitarias y el ordenamiento de que las decisiones tomadas por las autoridades de las comunidades indígenas, con base en sus sistemas normativos internos, deberán ser respetadas por las autoridades estatales respectivas”. No obstante, que la PC y la CRAC cuentan con un ordenamiento estatal, son muchas las batallas judiciales que ha enfrentado para sustentar sus mandatos comunitarios, los más recientes son el caso Nestora Salgado y la reciente victoria ante los Tribunales en que se dicta sentencia absolutoria a seis integrantes de la Policía Comunitaria detenidos en 2013.14

En el ámbito internacional, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, retomada por la OIT, enfatizan el derecho, a la libre determinación, a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales15 y a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales.

La creación y funcionamiento de una forma alterna para brindar seguridad y justicia impone un reto a la visión y a los constructos ideológicos convencionales validados por el contrato social. Sin duda, profundizar en dichos procesos trae consigo la evidencia de una ruptura explícita del paradigma que plantea al Estado como único garante de la seguridad y la impartición de justicia. Un ejercicio exploratorio y analítico interpela la ideología -generalizada- que coloca a los sistemas de justicia indígenas en un plano inferior al nuestro16 y nos obliga a indagar sobre medidas alternas que nos permitan explorar otros medios para acceder a la seguridad y la justicia que nos sitúen ante otros formatos, sistemas normativos y protocolos sociales, que recurren a saberes y formas de gobernanza que nos devuelven a la búsqueda de soluciones colectivas y comunitarias que nos faciliten el camino hacia la seguridad, la justicia y la paz social.

 

Antia Mendoza Bautista es especialista en Reforma Policial, Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia. De 2007 a 2009 fue integrante de la Comisión Técnica del Monitor Civil de la Policía en la Montaña de Guerrero e investigadora Senior del Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE). Actualmente es Directora Ejecutiva de Seguridad y Paz Ciudadana, SC.


1 Los municipios asentados en la Montaña de Guerrero son: Acatepec, Alcozauca de Guerrero, Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac, Copanatoyac, Cualac, Malinaltepec, Metlatónoc, Olinalá, Tlacoapa, Tlapa de Comonfort, Xalpatláhuac, Zapotitlán Tablas, Alpoyeca, Huamuxtitlán, Tlalixtaquilla de Maldonado y Xochihuehuetlán

2 De acuerdo con un análisis regional de la marginación en el estado de Guerrero, la región del estado la Montaña es la que más atraso económico manifiesta. La Montaña de Guerrero es un territorio caracterizado por el abandono en que vive su población, condiciones que se reflejan en los elevados índices de marginación que presentan el total de los municipios. El ejemplo más expresivo es Metlatónoc con un índice de marginación de 3.389 y que fue considerado cómo el de más alto nivel de marginación de México. Otro dato señala que el 96% de la población indígena de la región no tiene acceso a servicios de salud por falta de hospitales con personal calificado y con equipamientos básicos. Otro factor implicado en la inequidad, se expresa en leyes discriminatorias que dictaminan penas desde parámetros jurídicos que ignoran el contexto cultural, o que criminalizan la diferencia étnica y cultural; y que también manifiestan la exclusión y la discriminación étnica. El índice de Desarrollo Humano (IDH) Municipal en México, realizado por el PNUD (2010) registra el valor más bajo en el IDH en 0.361848 y Metlatónoc se encuentra en los tres valores más bajos en los rubros de salud, educación e ingreso.

3 Rosangel, S. Desde la Montaña: la lucha contra el crimen en Guerrero. Sin Embargo, marzo, 02, 2016.

4 De acuerdo con el relato de Abel Barrera (Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachonollan, AC) el sacerdote Mario Campos Hernández, párroco de Tlapa de Comonfort, apoyó la creación de la Policía Comunitaria, que se definió en asamblea de la Unión de Pueblos Originarios del Estado de Guerreo (UPOEG) entre el 14 y 15 de octubre de 1995. La primer Policía Comunitaria se formó en Santa Cruz del Rincón..

5 Las comunidades indígenas en el estado de Guerrero representan más del 70% del total de la población en la región de la Montaña.

6 Artículo segundo y 39 constitucionales.

7 Confiere que la aplicación de la ley corresponde al Estado, los municipios, y a las autoridades tradicionales en sus respectivas competencias. Es relevante agregar que los indígenas que provengan de cualquier otro Estado de la República que transiten o residan en el estado de Guerrero pueden acogerse a los beneficios de dicha ley.

8 A la expresión de la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas como parte integral del estado de Guerrero, en concordancia con el orden jurídico vigente, para adoptar por si mismos decisiones e instituir prácticas propias relacionadas con su cosmovisión, territorio indígena, tierra, recursos naturales, organización sociopolítica, administración de justicia, educación, lenguaje, salud, medicina y cultura.

9 Conductas reiteradas que forman parte de las normas y reglas de convivencia que constituyen los rasgos y características de cada pueblo indígena.

10 Aquellas que los pueblos y comunidades indígenas reconocen de conformidad con sus sistemas normativos internos, derivado de sus usos y costumbres.

11 Al conjunto de normas jurídicas orales y escritas de carácter consuetudinario, que los pueblos y comunidades indígenas reconocen como válidas y utilizan para regular sus actos públicos, organización, actividades y sus autoridades aplican para la resolución de sus conflictos.

12 El derecho de los pueblos y comunidades indígenas para autogobernarse, tener su propia identidad como pueblo y decidir sobre su vida presente y futura.

13 Cuerpo de seguridad pública reconocido, de conformidad con los sistemas normativos de las comunidades y pueblos indígenas.

14 El operativo para su detención conglomeró a la Marina, Ejército, Policía Federal, Policía Estatal y Policía Ministerial. Poniendo de manifiesto, la criminalización de que es objeto la CRAC y la PC al implementar sus funciones de seguridad, bajo el amparo de sus sistemas normativos

15 Artículos tercero, cuarto, quinto y séptimo del Convenio Núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales y de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

16 Cabe hacer mención del incipiente sistema de justicia oral implementado en 2016 y la necesidad de que contemple y consolide mecanismos para respetar e integrar los sistemas normativos ancestrales que gozan de reconocimiento y legitimad social en muchas regiones del país, aspectos que aun tocan alcanzar con el nuestro; y que en conjunto, cuando así se precise, materialicen la aspiración del contrato social como se planteó en su origen.