La seguridad pública es uno de los principales temas en la agenda electoral del 2018. Ante esto, el puntero en las encuestas, Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, ha logrado diferenciarse de sus contrincantes. Ha propuesto retirar a las Fuerzas Armadas de las labores de seguridad, crear una Guardia Nacional y romper el ciclo de violencia a través de un proceso de paz y reconciliación que contempla la amnistía como una posibilidad.


Ilustración: Patricio Betteo

El 24 de abril, Alfonso Durazo, propuesto como potencial Secretario de Seguridad de ganar Obrador, presentó una ponencia en el Colegio de México sobre la plataforma de seguridad del candidato. Sin embargo, quedan más dudas que respuestas, sugiere una interpretación demasiado simplista del fenómeno delictivo y revela un conocimiento limitado de la historia de las instituciones de seguridad del país.

De acuerdo con la propuesta de Obrador, la raíz de los problemas delictivos es la falta de oportunidades económicas, específicamente en los jóvenes. Es justo reconocer que no es el único que lo cree. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad 2014, el 41 y 32 por ciento de los mexicanos considera que el desempleo y la pobreza son dos de las principales causas de la inseguridad.

La idea de que existe una asociación causal entre pobreza, desigualdad y falta de oportunidades en el comportamiento delictivo es una de las más persistentes en el pensamiento criminológico. Sin embargo, el análisis empírico de dichas asociaciones no ha demostrado que la relación sea universal, ni que esta sea causal.1 Por el contrario, uno de los períodos de mayor crecimiento en la incidencia delictiva en el mundo occidental—incluyendo en las tasas de homicidio—se dio de 1955 a 1995, un período de crecimiento económico y mejora sin igual en prácticamente todos los indicadores socioeconómicos.2

Esto no significa que no exista una relación entre la pobreza, desigualdad y marginación con la conducta delictiva. Sin embargo, el pensamiento criminológico moderno considera que la relación no es causal, sino indirecta, y afecta más a factores que aumentan las oportunidades delictivas—como la estructura y calidad de la infraestructura urbana, la distribución de servicios públicos y policiales, la densidad poblacional, entre otros—que a la motivación criminal directamente. Finalmente, la supuesta relación causal entre carencias económicas y delito es incapaz de explicar delitos como la corrupción de alto nivel, los delitos de cuello blanco, o la violencia intrafamiliar.

Sin embargo, de esta creencia se desprende una premisa expuesta por Durazo en su ponencia: “la mejor política criminal es una excelente política social”. Ello resulta problemático por dos razones. Por un lado, nos lleva a la errónea idea de que toda acción de política social es una política de prevención del delito, algo que ocurrió durante la actual administración donde, entre otras acciones, entregar lentes en escuelas se consideró una buena estrategia de prevención del delito. Por otro, relega a la policía a labores de represión o disuasión, cuando la experiencia internacional sugiere que las policías pueden ser muy exitosas para prevenir los delitos si su actuación está orientada a la resolución de problemas delictivos y enfocada a la concentración delictiva a escalas muy pequeñas como segmentos de calle y esquinas. Siendo precisos, Durazo también mencionó la intención de enfocar el trabajo de la Policía Federal a labores preventivas más que reactivas, algo que tanto el gobierno de Calderón como de Peña Nieto intentaron con poco éxito.

Pasando a las propuestas más específicas en materia de seguridad, la plataforma de López Obrador pasa por temas que comparte con el resto de los candidatos o que ya se implementan en la actualidad. Algunas son: dignificar el trabajo policial con mejores salarios y un servicio profesional de carrera (algo en lo que se trabaja desde el sexenio de Felipe Calderón); crear una universidad de la seguridad pública para formar policías (ya existe en la Policía Federal); regresar las funciones de seguridad a una secretaría de seguridad pública (algo que proponen todos los candidatos); priorizar la atención a los delitos que más lastiman a la sociedad (algo que se hizo durante el sexenio de Peña Nieto y que también propone Ricardo Anaya); reactivar la Plataforma México (un proyecto tecnológico que inició el gobierno de Calderón, aparentemente abandonado por el gobierno de Peña); y replantear el régimen de prohibición de drogas (algo que tanto Calderón como Peña Nieto plantearon ante la Asamblea General de las Naciones Unidas sin éxito).

Estas propuestas no son malas, y el que haya traslapes con acciones del gobierno actual y con las propuestas de otros candidatos tampoco las demerita. Al contrario, demuestra que existe un consenso en los retos pendientes en materia de seguridad. Sin embargo, la plataforma de López Obrador no ofrece respuestas claras a cuestionamientos clave sobre cómo implementarla, considerando los retos que hemos enfrentado en el sector los últimos 12 años.

Por ejemplo, el retiro de las Fuerzas Armadas es un componente clave de las propuestas de López Obrador para reducir la violencia en el país. Durazo comentó que ocurriría paulatinamente conforme avance la formación de policías capaces de reemplazarlos. Sin embargo, construir policías capacitadas es un proceso lento y complejo. ¿Cuánto tiempo se estima tomará contar con dichas capacidades (y por tanto, permanecerán las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad pública)? ¿Instruirán a las tropas a no responder a riesgos de seguridad aún cuando este retiro paulatino puede ser bastante prolongado?

La propuesta de la Guardia Nacional es similarmente problemática. En diciembre de 2017 López Obrador indicó que la Guardia Nacional agruparía elementos del Ejército y Marina —cerca de 300 mil entre ambas instituciones—3y de los cuerpos policiales bajo un mando único en la nueva Secretaría de Seguridad, lo que es altamente improbable. Desde que Zedillo creó la Policía Federal Preventiva con elementos comisionados del Ejército, se ha intentado aumentar el tamaño de la Policía Federal con elementos de las Fuerzas Armadas sin los resultados esperados. De 1996 a 2006 fueron transferidos 4 mil 981 militares a la Policía Federal, de los cuales 4 mil 873 desertaron. Calderón trató de transferir  6 mil elementos castrenses, pero ante la negativa de las Fuerzas Armadas, reclutó a menos de 800. Asimismo, Peña Nieto trató de transferir a 30 mil elementos de las Fuerzas Armadas para la creación de su Gendarmería Nacional, a lo que los militares nuevamente se negaron. No hay razones para esperar que el resultado sería diferente bajo un gobierno de López Obrador.

El tema que más se ha discutido públicamente es la amnistía a personas involucradas en la delincuencia organizada. En la ponencia, Durazo ofreció pocos detalles. Días después, López Obrador explicó que se trata de un elemento de un proceso de paz y reconciliación que busca cerrar el ciclo de violencia que se vive en el país.

Como bien han argumentado otros, el uso de amnistías puede ser importante para recuperar la justicia social, o como parte de un proceso de justicia transicional para intentar resarcir los daños causados por las estrategias excesivamente punitivas de la política antidrogas. Sin embargo, como señala Pablo Piccato, dicho proceso de paz y reconciliación sólo puede darse tras una mejora sustancial en las condiciones de seguridad que vive el país. No queda del todo claro que el proceso de reconciliación en sí pueda ser un mecanismo efectivo para alcanzar dicha mejora.

Para quienes apoyan al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, resulta relevante el cambio discursivo que propone al ser el único que habla explícitamente de un mensaje de paz y reconciliación. Sin embargo los resultados de la actual administración ofrecen importantes lecciones para atemperar estas expectativas: Peña Nieto también centró su discurso en la promesa de regresar la paz el país, pecó de exceso de confianza en su habilidad para reducir la delincuencia, y prometió reducir la violencia sustancialmente en el corto plazo. Aún así, el 2017 cerró como el año con más homicidios en la historia reciente del país. Peña Nieto se equivocó al creer que la violencia dependía en gran medida de la acción gubernamental, ignorando que los fenómenos delictivos tienen una arrolladora lógica propia. Ante ello, a López Obrador le convendría recordar la máxima marxista:

“Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su voluntad, bajo condiciones elegidas por ellos mismos, sino bajo condiciones directamente existentes, dadas y heredadas”.

 

Patricio R. Estévez Soto es candidato a Doctor en Ciencias de la Seguridad y el Delito en University College London.


1 Vale la pena leer la revisión crítica de la literatura de Sharkey, Besbris y Friedson (2017) y de Ramírez de Garay (2014).

2 Ver van Dijk, Tseloni, y Farrell (2012).

3 Si bien López Obrador no ha manifestado que se desaparecería al Ejército y a la Marina, no queda claro como podrían seguir existiendo si todos los elementos de estos se integran a una nueva Guardia Nacional como es planteado en este escenario.