El virtual candidato presidencial por MORENA ha venido acaparando los reflectores al exponer la que aparenta ser su propuesta insigne en materia de seguridad y justicia para “obtener la paz”.1 Lo interesante es que, al aludir a conceptos como “reconciliación nacional”, “perdón pero no olvido” o “comisiones de la verdad”,2 ideas que ya han resonado en otros países para tratar experiencias de macro-criminalidad ciertamente
distintas a la situación de violencia mexicana, AMLO se encuentra evocando indefectiblemente al canon de la justicia transicional(JT).

Se ha escrito algo ya dimensionando el rol que juegan las amnistías en los mecanismos de JT.3  Este texto profundiza en dos aspectos poco abordados. Primero, explica cómo el entendimiento de contexto informa la confección de una política de JT y, en atención a ello, cuestiona qué podría (y que no podría hacer) una perspectiva de JT para un eventual caso mexicano.

1. Estar a la altura del debate

Actores clave han señalado —quizá por estrategia de comunicación o por desconocimiento— que el modelo propuesto promueve “negociar con criminales”, un “narcoestado” o abdicar en el Estado de Derecho.4

Habría que empezar por aclarar que en la actualidad ya operan diseños estructurales de política criminal adoptados por el Estado mexicano que se basan en esquemas de concesiones con la intención de efectivizar la administración de justicia y combatir la impunidad. Toda la articulación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP)5 así como el régimen especial de beneficios para aquellos miembros de la delincuencia organizada (DO) que cooperen en las tareas de persecución, descansan en esta premisa.6

Así, una reflexión mejor articulada exige debatir si nuevas aproximaciones podrían servir para enfrentar un contexto de violencia que, con madurez, debe reconocerse como crítico.

2. La JT no es ocurrencia

La noción de una justicia de transición surge como resultado de las medidas adoptadas para hacer frente a las atrocidades cometidas por regímenes autoritarios en Latinoamérica en los 70 y 80.7 Esto, bajo el argumento de que ciertas intervenciones pueden ayudar a “una sociedad en transición” y al régimen sucesor a enfrentar un pasado de atrocidades para obtener reconciliación, servir a la justicia y transitar a órdenes más democráticos.8

La disciplina alcanzó consolidación con el reporte “El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos”9 presentado por el Secretario General de Naciones Unidas en 2004, al respaldarse los cuatro pilares que los arquitectos de estos procesos habían acuñado inicialmente desde la práctica más que en modelos teóricos: justicia, verdad, reparaciones y, en un entendimiento cada vez más expansivo, garantías de no repetición.10

Desde una perspectiva de diseño, se trata, en términos de Pablo de Greiff, no de una forma extraordinaria de justicia sino de su entendimiento ordinario operando en un contexto muy imperfecto: uno caracterizado por el quebrantamiento masivo del Estado de Derecho, de grandes riesgos para las instituciones y el sistema jurídico que trata de revertir tales fallas.

3. Nuevas realidades

Su éxito inicial para este tipo de escenarios (dictaduras), es decir, de violencia vertical en donde las atrocidades emanan principalmente de una sola fuente de violencia, ocasionó que el paradigma se exporte a contextos de violencia horizontal, donde la violencia proviene de varios actores en hostilidades.11 La distinción no es menor, pues la idea de Estados frágiles o fallidos desafía las condiciones en las que se presuponía que un modelo de JT opere.12

Lo que es innegable es que el paradigma de la JT ha continuado abarcando nuevas realidades. En Colombia se utilizó para poner fin a un conflicto armado interno en activo. En Túnez, país que encendió la Primavera Árabe, el mandato de la comisión para la verdad se extiende también a casos de corrupción de gran escala y no solamente violaciones graves a DDHH.13

En el otro extremo, se corre el riesgo de ver a la JT como un kit universal aplicable a todo tipo de situaciones, lo que puede llevar a grandes fiascos. Por ello, las condiciones que rodean a una eventual intervención rigen en mucho su diseño y, desde este trazado, sus expectativas de éxito.

4. De los “trade-offs” vs. un enfoque holístico

Existe una enraizada creencia de que la paz y la justicia son valores en conflicto. Si el discurso que promueve un enfoque de JT adopta esa avenida, el pronóstico no es nada alentador.

En momentos en los que el argumento de la soberanía nacional se esgrimió como defensa para la aprobación de la LSI14, debe recordarse que existen obligaciones internacionales que impedirían amnistiar las violaciones graves a DDHH (tortura, desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales para empezar).15

Pero amnistiar masivamente (blanket amnesties) no es igual a que, ante un contexto de violencia crítica o generalizada, se piense en un esquema especial para impartir justicia. La Oficina de la Fiscal para la Corte Penal Internacional ha señalado para el caso colombiano que podría ser admisible un esquema de penas reducidas (en oposición a uno de suspensión de las penas) siempre y cuando vaya acompañado de, entre otros, un reconocimiento de responsabilidad y contribuya a establecer la verdad sobre los crímenes.16

Asimismo, discutir la posibilidad de una amnistía para los delitos en los que sí es admisible17, debe ir acompañado de un enfoque holístico que materialice los cuatro principios de la JT. Solamente un diseño de esta naturaleza puede lograr los fines que justifican en principio adoptar una política de este corte: reinstaurar a las víctimas como titulares de derechos que fueron violentados e ignorados, reestablecer la confianza en las instituciones, y a través de ello, lograr la reconciliación y la adhesión a un Estado de Derecho de corte democrático.

En todo este rompecabezas, la voz de las víctimas (y la empatía con su sufrimiento) juega un papel central. Es igual de paternalista no consultarlas para implementar medidas de esta naturaleza como asumir que se tiene voz sobre ellas descartando la discusión de tajo. Ilustrativamente, en Colombia las zonas más afectadas por el conflicto son las que apoyaron de manera más abrumadora el “SÍ” al referéndum para aprobar el acuerdo de paz con la FARC.18

5. Categorizar las violencias en México: el desafío

Quizá el mayor reto frente a la discusión de una política de JT es desentrañar las capas de violencia que caracterizan a México. A mi parecer, porque entrelaza elementos de ambos espectros: “autoritarianismo” y conflicto.19

Frente a la violencia ejercida para lidiar con un tema de seguridad pública, los distintos grupos de la DO —y a riesgo de que eso suene a una ligera simplificación— no persiguen destronar a los poderes públicos o hacerse del poder. Más bien, como empresas que buscan obtener el mayor margen de ganancias al menor riesgo, son partidarios de un Estado débil o cooperador que permita garantizar sus utilidades.20

Dos líneas de preguntas son obligadas: 1. ¿Qué tipo de organizaciones serían objeto de una eventual política de JT? y 2. ¿cómo negociar con un miembro de la DO para acogerse a un esquema de JT si esto implicaría dejar de percibir ganancias estratosféricas?

Ante la mera posibilidad de que los productos del delito y operaciones realizadas con recursos de procedencia ilícita pasen a un esquema de legalización, la sociedad poseería justas expectativas de recuperación y castigo que no pueden ser ignoradas.21

*

Momentos de crisis demandan determinación y audacia. Esa es quizá la gran lección que los modelos de JT dejan tras de sí en sus anales.

No se trata de apoyar la introducción de una política de JT para el país a la ligera, pero sí de llamar a abordar las conexiones estructurales que la crisis de seguridad humana en el país presenta y convocar al diálogo para sumar esfuerzos. Suena fácil y a la vez lejano, pero toca asumir esa responsabilidad histórica que impulsados por el coraje y la dignidad de las víctimas se atrevieron a asumir otros países. Sus experiencias, muchas veces diseñadas con asistencia y/o auditoría internacional, podrían refrescar nuestras estrategias.

Aun suenan como postulados teóricos propios de realidades distantes, pero es en escenarios adversos, mediante la introducción de ideas distintas, que la marea inicia su lento cambio. Bienvenido el debate.

Jorge Peniche Baqueiro es miembro del Comité Ejecutivo de #PropuestaMX, integrante de Seguridad sin Guerra. Cuenta con una maestría en International Legal Studies por New York University con enfoque en Impunity, Transitional Justice and Legal Theory.


1 Nota del autor. En su justa dimensión, y tratando de hacer sentido de las piezas que se han dejado ver, la propuesta plantea convocar a un diálogo para que, siempre y cuando exista el apoyo de las víctimas, se otorguen amnistías que alcancen incluso a los líderes de la delincuencia organizada con el objeto de garantizar la paz. Con la presentación del consejo para la paz ahora se ha profundizado y a la vez matizado la estrategia, la cual tendría por objeto brindar salidas a quienes se han integrado a la economía del narcotráfico y, aparentemente, cortar el número de insumos humanos para tales organizaciones sin que las amnistías cubran a los líderes.

Véase: ¿Amnistía a líderes de cárteles? Lo estoy analizando, para garantizar la paz, dice AMLO y Amnistía no es negociar con los líderes del narco.

2 Esto para el caso concreto de Iguala, disponible aquí.

3 Destaco aquí el acucioso texto escrito por Daniela Malpica Neri [disponible aquí] y el enfoque desde la perspectiva del Derecho Internacional Humanitario, un eventual conflicto armado interno, y su compatibilidad constitucional desarrollado por Carlos Luis Escoffié Duarte [disponible aquí], así como la aproximación de Pablo Piccato [véase aquí].

4 Ricardo Anaya: El planteamiento de López Obrador de perdonar a los narcotraficantes es otra más de sus locuras. Es una verdadera locura y además es una idea viejísima que ha fracasado donde se ha intentado; Miguel A. Mancera: Dar amnistía a narcos convertiría a México en un “narcoestado”; Margarita Zavala: Estado de Derecho y justicia no admiten amnistía

5 Pensar, por ejemplo, en la importación tropicalizada que hicimos del plea bargaining norteamericano bajo el concepto de procedimiento abreviado, sobre el cual se erige —y del que depende— todo el diseño del Nuevo Sistema de Justicia Penal. En esencia, se permite que la persona involucrada en la comisión de un delito renuncie a su derecho a un juicio oral, admitiendo su responsabilidad por el delito que se le imputa y con la anuencia de la víctima, con miras a obtener una pena reducida. A esta forma de terminación anticipada del proceso deben agregarse todo el enfoque multisalidas que caracteriza al nuevo sistema.

6 Nota del autor: no es mi intención poner en el mismo nivel tales conductas con las atrocidades que pudiesen haber ocurrido en el marco de la estrategia de seguridad adoptada para combatir al narcotráfico. El punto que pretendo poner de manifiesto es que el enfoque del principio de legalidad en la persecución de los delitos ha sido modificado, no sin un largo debate en los antecedentes de la reforma en materia de Seguridad y Justicia de 2008, por diseño desde la propia Constitución Federal.

7 Véase, por ejemplo: Pablo de Greiff, Some Thoughts on the Development and Present State of Transitional Justice, 2011, p.102.

8 Quizá el ejemplo más conocido es la prototípica Comisión para la Verdad y Reconciliación en la Sudáfrica post-apartheid. Aun así, ésta hizo uso de un mecanismo de engranes separados en tres secciones independientes (declaraciones, reparaciones y amnistías) y otorgó un número muy bajo de amnistías condicionadas. Las persecuciones penales han sido escasas, no obstante. Para un relato vívido sobre su funcionamiento, ase: Albie Sachs, The Strange Alchemy of Life and Law, Chapter 3: A Man Called Henri: Truth, Reconciliation and Justice, 2009.

9 El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos.Reporte presentado por el Secretario General de Naciones Unidas ante el Consejo de Seguridad; S/2004/616.

10 Los cuatro componentes de la justicia transicional se asocian generalmente, de manera equivocada, a un diseño institucional en particular: juicios penales, en órganos domésticos, híbridos o incluso internacionales; comisiones de la verdad; programas institucionales de reparación, y reformas en el sector seguridad, especialmente, vetting. Véase fenómeno de “mimicry” (mimetismo) descrito por el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición en su reporte sobre el estudio mundial de la justicia de transición presentado en agosto de 2017. [Disponible aquí]

11 Véase: Pablo de Greiff, Some Thoughts on the Development and Present State of Transitional Justice, 2011.

12 Nota del autor: Aunque el desafío no es para nada menor, en un Estado autoritario o con altos niveles de institucionalización, por ejemplo, se torna más fácil lanzar programas de reparaciones, utilizar los sistemas de justicia existentes para realizar persecuciones, la atribución de responsabilidad se limita generalmente a agentes estatales o paraestatales etc. En Estados frágiles, las intervenciones deben empezar por levantar un colapsado o inexistente sistema de justicia. En una nuez, los escenarios de conflicto presentan menor grado de cobertura y expansión institucional e indicadores críticos de desarrollo y seguridad, lo que dificulta la implementación de la política de JT en sí. Véase como referencia: Report to the Human Rights Council on transitional justice in weakly institutionalized post-conflict settings [Disponible aquí].

13 En el plano académico, el International Center for Transitional Justice (ICTJ), uno de los leading think tanks en el campo, se encuentra explorando como una de sus nuevas líneas de investigación la expansión hacia realidades distintas al tipo de violencia del que emergió la JT, enfocándose en actividades del crimen organizado y corrupción.

14 Jorge Carlos Ramírez Marín: "habría que recordarle a las Naciones Unidas la soberanía de los poderes en México".

15 El estado del arte internacional agrupa dentro del coto vedado o amnistías inadmisibles los siguientes crímenes: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, violaciones graves a derechos humanos, incluidas aquellas conductas que afectan directamente a la mujer o se relacionan con violencia de género. Véase como referencia: Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, Principio 24. Consejo Económico y Social; E/CN.4/2005/102/Add.1; Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Instrumentos del Estado de Derecho para Sociedades que han Salido de un Conflicto: Amnistías. Es clave también la línea jurisprudencial desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el célebre caso de Barrios Altos v. Perú (párr. 41)

16 James Stewart, Deputy Prosecutor of the International Criminal Court: “Transitional Justice in Colombia and the Role of the International Criminal Court“, 2015. [Disponible aquí]

17 Para los delitos que podrían ser objeto de amnistía, deben tenerse en cuenta la multiplicidad de regímenes internacionales que, más allá de los tratados de derechos humanos, convergerían en un eventual test de obligaciones aplicables. Subrayo los regímenes de combate a la delincuencia organizada transnacional, prohibicionista para las drogas, de combate a la corrupción y, algunos señalan, el régimen de combate al terrorismo. Para el último, véase Javier Dondé Matute, Delincuencia Organizada y Terrorismo en México, en Terrorismo y Derecho Penal [coord: Ambos, Kai y Malarino, Ezequiel]2015

18 http://www.semana.com/nacion/articulo/plebiscito-por-la-paz-victimas-del-conflicto-votaron-por-el-si/496571

19 Hay quienes afirman que México se encuentra en una situación de conflicto armado interno, lo que activaría el régimen del Derecho Internacional Humanitario. No es objeto de este pequeño texto tal análisis, aunque me parece una afirmación que no debe hacerse a la ligera. De ser así, muchos de los actos que hoy son acusados como ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias podrían, en principio, ser categorizados como bajas legítimas resultado del combate. Además, más allá de que defiendo la aplicabilidad del régimen de Derechos Humanos como regla de interpretación en el régimen de los conflictos armados internos, el conflicto y los regímenes aplicables se escindirían para dos campos: uno para las fuerzas estatales y grupos de la delincuencia organizada que por su estructura pueden reputarse como grupos armados organizados, siempre y cuando exista el nivel de violencia requerido (trigger) a los que aplica el Derecho Internacional Humanitario y otro puramente de Derechos Humanos para fuerzas estatales lidiando con grupos delictivos que no cumplen tales requisitos.

20 Walter Kemp, Crime and Conflict in ARMED CONFLICT SURVEY 2015 34, (Int’l Inst. Pub Stud. ed., 2015) Para una interesante aproximación sobre el modelo del Cártel de Sinaloa véase David Pérez Esparza —Chapo Guzmán, CEO [Disponible aquí]

21 Túnez ha enfrentado una problemática similar para un contexto diferente debido a que se pretende amnistiar y legalizar la riqueza generada a través de prácticas de corrupción por el anterior régimen.