Previo a la elección presidencial del 1 de julio, Prevención y castigo analizará las propuestas de seguridad de los principales candidatos a la presidencia del país. En esta ocasión toca el turno a Ricardo Anaya.

En esta serie a mí me corresponde reflexionar sobre las propuestas en materia de seguridad del precandidato a la presidencia de México, Ricardo Anaya Cortés. Lo que haré a continuación será analizar el documento Coalición por México al Frente, Plataforma Electoral, en la inteligencia de que, como su nombre lo indica, el documento es de una coalición; que ha de tenerse por preliminar a la luz de los tiempos electorales actuales y, por último, que dada la extensión limitada que una publicación en formato de artículo impone, me será imposible comentar cada propuesta.

El documento está conformado por cinco puntos: 1. Régimen político y democracia, 2. Corrupción e impunidad, 3. Seguridad y justicia, 4. Economía y 5. Política exterior.  Sin embargo, me enfoco en cinco aspectos en el tema de nuestro interés: estado de derecho, estrategia de seguridad, policía, prevención del delito y sistema penitenciario.

Bajo el tema de Régimen político y democracia se propone el “Fortalecimiento del Estado de Derecho”, pero no se dice cómo. Si bien propone reformar el poder judicial federal y los poderes judiciales locales para garantizar su autonomía, esto dista de ser un tiro de precisión. Precisamente porque en México no prevalece un estado de derecho, el reto mayúsculo en la materia no se encuentra solamente en los juicios ventilados ante los jueces, sino en todo aquello que no llega a juicio. En un estado de derecho se castigan los delitos y las faltas, sí; pero, sobre todo, los ciudadanos ciñen su conducta a la norma sin necesidad de que alguien los compela para hacerlo. El desafío está en fortalecer el control social informal, y no solo el control social formal.

Por otro lado, la plataforma de la Coalición reconoce la necesidad de una nueva estrategia de seguridad en la que se privilegien “…la investigación científica, la desarticulación de las bases económicas y financieras de las redes delincuenciales… la prevención del delito… la profesionalización y dignificación de la carrera policial…”. Pausa. Entendamos que no es posible realizar investigaciones científicas sin científicos. Algunos municipios han dotado a sus policías con uniformes marcados con la leyenda “Policía Científica”, pero que ni son científicos, ni son tratados como científicos, ni reciben paga como científicos. En suma: hasta ahora, es una simulación. Para elevar el trabajo de investigación criminal a un nivel de alta especialización se requiere que la formación policial que no se reduzca a tres o seis meses; universidades policiales en vez de academias policiales, salarios competitivos, servicio de carrera, profesionalización de mandos y —lo más importante—, la despolitización de la seguridad pública y la justicia.

En el mismo punto, propone “Concentrar los esfuerzos en combatir los delitos que más lastiman a la sociedad, comenzando con el homicidio, robo con violencia, los feminicidios, el secuestro y la extorsión”. Esto es un error, ya cometido por Felipe Calderón, que equivale a dejar de lado la medicina preventiva para concentrarse en quimioterapias. En permitir que las carreras delictivas evolucionen, hasta que las personas se conviertan en “enemigas del Estado”. Esta visión reduccionista conduce al derecho penal del enemigo, a todas luces antidemocrático y antiliberal.

Combatir los abusos y violaciones a derechos humanos tales como: la trata de personas, desaparición forzada… las ejecuciones extrajudiciales…” es otra de las propuestas. Sin embargo, la mención es redundante toda vez que combatir dichos flagelos es un deber ineludible que comienza desde que el ciudadano electo toma posesión del cargo de presidente de México.

En otro de los temas de nuestro interés, propone “Establecer a nivel nacional programas para prevenir y recudir la violencia en todas sus dimensiones, a través de políticas y acciones de prevención de la violencia y el delito, la recuperación de espacios públicos y el fomento de la cultura de la legalidad”. Sobre este respecto, reconozco que se mencione la prevención del delito, esperando que, de llegar Anaya a la presidencia, no se convierta en un mero discurso como ocurrió en los últimos dos sexenios. En este sentido, considero necesaria la creación de una secretaría de prevención del delito a nivel federal, y que se impulse su existencia en cada entidad. ¿Por qué? Mi experiencia como titular de la primera secretaría de prevención del delito del país (en el municipio de Guadalupe, Nuevo León 2015-2016), me permite saber que solo desde ese nivel jerárquico es posible convocar, presidir y hacer trabajar a un gabinete de prevención, conformado por los titulares de todas las secretarías y dependencias concernidas.

Asimismo, reconoce la necesidad de “Recuperar espacios públicos creando entornos seguros de convivencia”. En este sentido, debe cuidarse que esta propuesta no se convierta en un programa de obra pública (tan atractivo para los gobernantes en turno por razones obvias). Un genuino programa de recuperación de espacios públicos con fines de prevención tendría por indicador de resultados la cantidad de interacciones de los miembros de la comunidad en el lugar antes y después de la intervención, y no se limitaría a cuantificar los espacios públicos construidos o rehabilitados.

Un detalle llama la atención, sin embargo, cuando menciona que es necesario “Reconsiderar las prioridades del gasto en seguridad dando prioridad al gasto estratégico (sic) en tareas de investigación, inteligencia y procuración y (sic) administración de justicia” (debió decir impartición de justicia). La prevención del delito no se encuentra entre las prioridades estratégicas, lo que hace pensar que no está en el centro de la estrategia visualizada por la Coalición, sino colocada en la periferia.

El documento de la coalición que encabeza Anaya dedica suficientes líneas al tema de las policías. Propone: carrera policial, dinero para instalaciones, capacitación y equipo, tecnología; mejorar la coordinación entre corporaciones, elevar la confiabilidad de las Policías mediante certificación y control de confianza, dignificar a los policías con mejores salarios, prestaciones sociales y protección; fortalecer a las policías municipales, de proximidad y comunitarias y relanzar la propuesta del mando mixto.

Aunque es un acierto considerar la instauración del servicio civil de carrera como un medio para lograr corporaciones sólidas y profesionales, hay cortedad de miras al pensar que mediante las certificaciones y el control de confianza (cosas que ya existen) se vaya a lograr elevar la confiabilidad de las policías. Esto no se logrará mientras no existan, primero, mandos medios y superiores profesionales que ejerzan una supervisión cotidiana en las calles de todos los policías de la escala básica o de tropa; y áreas de asuntos internos y comisiones de honor y justicia autónomas y ciudadanizadas.

Sobre el sistema penitenciario, propone reestructurar el sistema penitenciario e implementar medidas para abatir la posibilidad de que se conviertan en centros de operación de la delincuencia. Y más adelante: “Hacer obligatorios el trabajo y la educación penitenciarias”. El trabajo obligatorio de reclusos está prohibido por las Reglas Nelson Mandela de la ONU; en tanto que la educación obligatoria solo se permite para analfabetos y jóvenes. Por otro lado, una cosa es ser políticamente correctos y otra, cerrar los ojos ante la realidad: existen muchas prisiones bajo el control del crimen organizado. El sistema no requiere una reestructuración. Necesita ser refundado.

Las instituciones civiles de seguridad se cayeron cuando el lobo feroz salió de su jaula y les sopló, demostrándonos que nunca fueron de ladrillo, sino de paja. Así de grande es el reto de la falta de seguridad pública en México. A grandes problemas, grandes visiones.

Hace algunos años acudí de paseo a Universal Studios Hollywood. En ese parque de diversiones hay una pequeña ciudad que ha servido de locación para filmar muchas películas y series de televisión. Al ver los edificios de frente es difícil adivinar que en realidad de ellos sólo existe la fachada. Cuando se intenta ingresar por la puerta uno se percata de que no hay nada del otro lado. Me fue imposible no asociar esas fachadas con las instituciones de seguridad pública de mi país. Hoy más que nunca, México necesita estadistas que lo conviertan en un país de instituciones. ¿Cómo distinguir a un estadista de un político? Por lo pronto, por su plataforma electoral y las propuestas que formule cuando sea oficialmente candidato. Veremos. 

 

Gerardo Palacios Pámanes fue subdirector de la Colonia Penal Federal “Islas Marías”, rector fundador de la Universidad de Ciencias de la Seguridad del Estado de Nuevo León y cofundador de la Policía Estatal “Fuerza Civil”, de Nuevo León. Dirige Criminometría, consultoria de seguridad pública y prevención del delito.