En los últimos años se ha optado por estrategias de reconocimiento de grupos de autodefensas y paramilitares en países de América Latina. Tal es el caso colombiano con las AUC y Las FARC, el guatemalteco con las PAC, o de las autodefensas del estado de Michoacán en México. Su reconocimiento, legitimización y proliferación en la región invita a cuestionarnos si dichos grupos son o se convertirán en aliados o competidores del Estado en la provisión de seguridad y, por ende, si las estrategias frente a ellos han sido las más adecuadas.

Este artículo aborda primero las razones que justifican el monopolio de la fuerza para la provisión de seguridad por parte del Estado, así como las que han dado pie a que éste se comparta con organizaciones civiles armadas. También, se exponen los desenlaces de este tipo de alianzas y, finalmente, se cuestionan las posiciones de gobiernos y la sociedad en torno al papel que las autodefensas pueden jugar en México.

Desde el siglo XVII en el Leviatán, Hobbes vislumbró al Estado como aquel contrato capaz de romper con el estado de naturaleza y permitir la seguridad y la propiedad individual. Más adelante, a inicios del siglo XX, Weber consolidó la conceptualización del mismo como poseedor del monopolio sobre el uso de la fuerza, al concebir la evolución del feudalismo descentralizado a una nación unitaria para prevenir la guerra de todos contra todos.1

Si bien el propio Weber y otros estudiosos consideran la posibilidad de que exista seguridad privada o no estatal como un brazo de los gobiernos —mientras permanezcan bajo su control—, Ahram pone en evidencia que la formación de estos grupos reconocidos y/o patrocinados por el propio Estado se da en países con instituciones débiles y casos de corrupción emblemáticos.2 Aún más, Skaperdas explica que la creación de grupos paramilitares o de milicias existe debido a un vacío de poder del Estado; al igual que la creación de mafias.3

La teoría y la evidencia ha mostrado que la decisión de reconocer autodefensas o grupos comunitarios es poco recomendable para la legitimización y control del Estado, y que sucede en casos de vacío institucional; entonces, una pregunta lógica es: ¿por qué un Estado aceptaría reconocer la presencia de las autodefensas?

Existen varias razones y no todas responden a una cuestión de debilidad: la flexibilidad para operar sin limitantes legales y burocráticas; el acceso a información a nivel local por vía de quienes conforman las autodefensas; el contar con fuerzas adicionales disponibles, y finalmente, una cuarta razón es la posible ganancia en términos de soporte político para las autoridades y políticos.4 Las tres primeras son razones tácticas: el Estado se alía con dichos grupos para obtener una ganancia directamente relacionada con atender el problema de violencia.

Por último, la que se refiere al soporte político tiene una finalidad únicamente político-electoral. Las autoridades aprovechan el apoyo de la comunidad a las autodefensas y las usan como intermediarias para mover a la población hacia los intereses o votos que requieran.5

Por el otro lado, con el respaldo de la autoridad, estos grupos ganan con la venta de protección a la población o al ejercer las formas más altas de extorsión; absorbiendo incluso los ilícitos que se intentaba erradicar en primer lugar.6

Cualquiera que sea el beneficio para ambos, el equilibrio sólo funcionará mientras el Estado tenga control sobre las milicias y éstas no tengan mayor competencia. Sin embargo, es un equilibrio frágil. Una vez que se acepta la participación de un grupo para la provisión de protección, sucede lo que en cualquier otro mercado en el que existen rentas o ganancias: inicia una competencia por territorio y poder —dentro o fuera de los márgenes de la ley—, la cual será tan violenta como la repartición de poder en una zona geográfica determinada.

En The Logic of Violence in Civil War, Kalyvas muestra que a mayor concentración de poder en un territorio, menor será la necesidad de recurrir a la violencia para que la población coopere. Inversamente, entre más atomizado se encuentre el poder, mayor confrontación entre grupos y violencia dirigida a civiles.7 El ejemplo más claro es Colombia. A principios de los ochenta, un grupo de civiles armados se reunió para combatir a las guerrillas marxistas-leninistas y a otras facciones delictivas anti-gobierno. Para los noventa, con más de 30 mil soldados, este grupo tenía la suficiente fuerza como para ser nombrado por Amnistía Internacional como el ejército auxiliar de Colombia. La oferta de apoyo extra le fue muy útil al gobierno de Colombia, pues tenían dos frentes abiertos: la guerrilla y el conflicto contra los cárteles.

El grupo armado, al que se le denominó Autodefensas Unidas de Colombia, continúo ganando apoyo popular y logró el intercambio de votos por control de territorio a nivel local. Esto se tradujo en el triunfo por escaños en el Senado o alcaldías. Sin embargo, no todo fue tan dulce. Con presencia en dos terceras partes de todo Colombia, éstos se adueñaron de buena parte del negocio del narcotráfico y la extorsión, perpetraron miles de asesinatos de civiles y desapariciones hasta 2006, cuando se les desarmó.8

Las AUC son un claro caso de un grupo que comenzó como aliado pero que, al compartir con el Estado el monopolio del uso de la fuerza y la violencia, se fortaleció hasta no requerir más que el Estado legitimara sus acciones. Se observa entonces un cambio en el equilibrio de poder, en el que grupos civiles de defensa sobrepasan el acuerdo original, compitiendo por el territorio y las economías que originalmente buscaban erradicar, hasta enfrentarse directamente contra los gobiernos. Prácticamente se puede establecer un patrón entre la conformación de milicias o autodefensas y el desenlace de ruptura entre el Estado y dichas fuerzas.

En México, el primer ejemplo de este tipo lo tenemos en Michoacán. Éstas iniciaron como un levantamiento armado contra el grupo delictivo de la Familia Michoacana, y lograron legitimarse gracias a que el gobierno carecía del control de la región ante los cárteles que se disputaban el territorio. Sin embargo, con el resquebrajamiento de la Familia Michoacana,9 la relación tuvo un rompimiento: las autodefensas ganaron fuerza en el territorio y sobre las actividades económicas en la región, convirtiéndose en una amenaza para el gobierno.

La fuerza de las autodefensas se desmanteló relativamente con el encarcelamiento del líder de uno de los principales grupos de autodefensas, José Manuel Mireles, en 2014;10 sin embargo, la presencia de las autodefensas continúa, así como la frontera difusa entre éstas y la asociación con el crimen organizado.

El costo de este este tipo de alianzas para la provisión de seguridad suele ser alto para el Estado en el largo plazo, aunque no ocurra sin ganancias para el gobierno en turno en términos políticos y militares. México ya experimentó la formalización de estos grupos como guerrilleros o aliados al narcotráfico, pero no a la escala que han vivido otros países en Latinoamérica. Estamos a tiempo para cuestionarnos si la participación de fuerzas locales y particulares en la protección de las comunidades resulta beneficiosa o bien, un peligro que puede convertirse en una amenaza nacional. 

 

Martha Montiel Sigler es maestra en políticas públicas por la Universidad de Chicago y licenciada en Ciencias Políticas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha trabajado en el sector público y académico en el diseño y evaluación de políticas en las áreas de desarrollo y prevención.


1 La noción de Estado que propone Weber puede ser encontrada a lo largo de su trabajo, pero principalmente en el libro Politics as a Vocation, publicado en 1919.

2 Ahram, Ariel. 2011. Proxy Warriors. The Rise and Fall of State-sponsored Militias. Georgetown University Press.

3 Skarpedas, Stergios. 2001. The political economy of organized crime: providing protection when the State does not. Economics of Governance: 173-202; Snyder, Richard and Duran-Martinez. 2009. “Drug Violence and Stata-sponsored protection rackets in Mexico and Colombia” Colombia Internacional (70):61-91 y Diego Gambetta. 1996. The Sicilian Mafia, The Business of Private Protection. Cambridge, MA.: Harvard University Press.

4 Carey et al. 2011. Why do governments use militias? Working paper.

5 Hidalgo and Lessing. 2015. Endogenous State Weakness: Paramilitaries and Electoral Politics in Rio de Janeiro. http://www.mit.edu/~dhidalgo/papers/milicias.pdf

6 Skaperdas, Stergios. 2001. The political economy of organized crime: providing protection when the State does not. Economics of Governance: 173-202; Snyder, Richard and Duran-Martinez. 2009. “Drug Violence and Stata-sponsored protection rackets in Mexico and Colombia” Colombia Internacional (70):61-91

7 Kalyvas, S. N. (2006). The Logic of Violence in Civil War. Cambridge University Press, Cambridge, UK

8 Para conocer más sobre las AUC, se recomienda consultar: http://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-colombia/auc-perfil

9 Sus líderes, Nazario Moreno González, alias El Chayo, fue detenido en diciembre de 2010 y José de Jesús Méndez Vargas, alias El Chango, en junio 2011.

10 José Manuel Mireles recuperó su libertad tres años después de su encarcelamiento.