Esquivando los lugares comunes

Cuando se discute el tema de la crisis en las prisiones mexicanas, los conversadores tarde o temprano llegan a los callejones de siempre: 1. Sobre la reinserción social: “No existe. Las cárceles, lejos de reinsertar socialmente a los privados de la libertad, son universidades del crimen”. 2. Acerca del autogobierno: “Este obedece a la sobrepoblación”. 3. Motines y homicidios: “Que los maten a todos; que se maten entre ellos”.

En este artículo esquivaremos dichos lugares comunes. En cambio, partiremos de la afirmación siguiente: lo que sucede en las prisiones te afecta a ti y me afecta a mí. Lo que ocurre en nuestras cárceles no se queda en ellas. El desgobierno en el sistema penitenciario es una de las causas de la violencia exacerbada que padecemos en las calles de buena parte del país. No lo hemos comprendido ni las autoridades ni los ciudadanos.

El Estado intermitente. Mi colega Lilian Chapa Koloffon utiliza este concepto para referirse a un Estado mexicano incapaz de imponer la ley en todo el territorio nacional. El adjetivo “intermitente” me parece muy gráfico: me hace evocar una luminaria parpadeante cuyos destellos le permiten al observador deducir que el foco está a punto de fundirse. Debido a esta intermitencia, el Estado se vio obligado a sacar al Ejército Mexicano de sus cuarteles, primero, y a la Marina Armada, después.

El Estado pleno. En un Estado pleno (no intermitente), cuando una persona viola de manera grave la ley penal, se le despoja de su libertad y se le interna en una prisión como castigo para ejercer sobre ella un gobierno vertical (subordinación al poder), imponiéndosele un plan de actividades que le dicta, como toda institución total (recordando a E. Goffman y a M. Foucault), qué debe hacer. Todo su día de todas las semanas de todos los meses de todos los años, el gobierno le dice qué hacer. Si desobedece, se le aplica una sanción de manera inmediata. En los casos más graves, esta consiste en una mayor reducción de la libertad residual, ubicándosele en una celda de donde no puede salir hasta que transcurra el plazo dictado por la autoridad.

En cambio, en el Estado mexicano —sobre todo tratándose de prisiones estatales—, hay privados de la libertad que ejercen el gobierno absoluto dentro de la cárcel. Tienen en su poder las listas de internos (que la autoridad formal les entrega), hacen ellos mismos el pase de lista, distribuyen tareas entre los privados de la libertad sometidos al poder ilegal, deciden la imposición de castigos y los aplican. Cobran piso (extorsionan) a los débiles, so pena de brutales golpizas, violación y asesinato. Del dinero recaudado, ellos deciden cuánto entregarle a la autoridad. En una cárcel mexicana, cuyo nombre me reservo, el líder de los internos le restregó en el rostro un fajo de billetes al comandante de custodios, diciéndole con desprecio frente a la población: “Ten, para que se lo repartas a tus perros”. En otra prisión, los líderes mandaban traer a la directora hasta su celda, para satisfacer su apetito sexual con la máxima autoridad de la penitenciaría.

¿Por qué el gobierno no hace nada? Estas son las principales razones por las cuales la autoridad suele no intervenir las prisiones para recuperar el gobierno:

1. Corrupción: En algunos casos, los penales son caja chica de gobernantes.

2. Desconocimiento: No comprenden que lo que sucede adentro afecta afuera, y prefieren justificar su inacción con razones como: “Que se maten entre ellos”.

3. Ausencia de beneficio electoral: en México, a diferencia de otros países de la región y contraviniendo documentos internacionales, los privados de la libertad no votan. Si no votan, no cuentan.

4. Falsa disyuntiva: este problema se expresa así: “¿Invierto en penales para la seguridad de los criminales o invierto en escuelas para la educación de los niños?”. Este razonamiento es insostenible, pues usándolo jamás se invertiría en el sistema carcelario.

5. Temor: Miedo a que, por poner orden en las penitenciarías se produzca un incremento de la violencia en las calles.

El búmeran de la indiferencia

Cuando un ciudadano se entera a través de medios de comunicación del autogobierno carcelario y sus formas, cree que él y los suyos se encuentran lejos de ese submundo y de sus consecuencias. No alcanza a identificar la cadena causal que conecta una extorsión al interior de la prisión con el homicidio reciente de un vecino, amigo o familiar suyo. Por ello, la considera inexistente. A continuación, explicaré esa cadena causal.

Por cada cárcel en manos del crimen organizado (y aunque varía según el tamaño de la población), entre cinco y diez millones de pesos mensuales terminan en las arcas de las organizaciones delictivas. Una parte de dichos ingresos se destina al pago de sueldos y compra de armamento. Después, con ese personal y con dichas armas, corrompen policías, extorsionan comerciantes, secuestran inocentes y cometen asesinatos. En pocas palabras, el desgobierno ha convertido a las prisiones en las cajas chicas de los cárteles. Como podrá deducirse, cuando pensamos en el problema de las prisiones y concluimos que: “Ellos se lo buscaron”, “Que se maten entre ellos”, no estamos siendo muy racionales. Como se observa, mi contraargumento no apela a la moral, a la ética ni a la legalidad. Es más práctico. El desgobierno penitenciario te afecta a ti y me afecta a mí. Así opera la relación causal entre autogobierno en las prisiones y nuestro riesgo de ser víctima del crimen en las calles.

Esquema 1. Del autogobierno en la cárcel a la inseguridad en la calle

¿Hay salidas?

Siempre las hay, pero la experiencia nos dice que el cambio difícilmente vendrá exclusivamente desde el gobierno. La sociedad civil organizada debe involucrarse en el tema, tal como lo ha hecho de manera notable en la reforma del sistema penal, para lograr que el gobierno federal coloque la cuestión carcelaria entre las prioridades de la agenda de seguridad pública.

La administración del presidente Enrique Peña Nieto está por concluir; no tenemos esperanzas de que inicie una reforma penitenciaria de gran calado. En cambio, con seguridad nos encontramos justo a tiempo de impulsar, con miras a la campaña presidencial que viene, la reforma nacional policial y reforma nacional penitenciaria.

Por lo pronto, serían de mucha ayuda iniciativas ciudadanas como:

• Creación de un observatorio nacional de prisiones, con financiamiento y respaldo de la iniciativa privada. 

• Organización de mesas nacionales de discusión sobre una reforma nacional penitenciaria.

• Estudio y documentación de casos exitosos en México y en el extranjero de recuperación total del gobierno en cárceles.

El pastor y las ovejas: recomendación para futuras discusiones

Si ha de discutirse la crisis carcelaria de cara a una nueva agenda nacional, se deberá tener cuidado de no caer en este lugar común: “A más sobrepoblación menor gobernabilidad de las prisiones”. Falso. Las cárceles mexicanas están sobrepobladas desde 1821.1 Y, sin embargo, es inédito este abierto desafío del crimen organizado al gobierno dentro de los centros penitenciarios. Además, actualmente hay menos presos que hace dos años, en virtud de la reducción del uso de la prisión preventiva. El problema principal es otro: la autoridad está mezclando a los pastores con las ovejas. Cuando se coloca a un líder criminal entre “ovejas” criminales, es solo cuestión de tiempo para que el desafío por el poder del recinto ocurra. Es el mismo Estado quien hace fuertes a los líderes, al ponerles ejércitos enteros a su disposición. Ante este panorama, se necesitan prisiones o módulos estatales de máxima seguridad en los cuales alojar a los líderes. Estos no hacen nada por sí solos, sino a través de las ovejas. Aislar a los líderes está permitido desde algunos años en virtud de una reforma al artículo 18 constitucional. ¿Por qué no se ha hecho?

 

Gerardo Saúl Palacios Pámanes
Fue subdirector de la Colonia Penal Federal “Islas Marías”, rector fundador de la Universidad de Ciencias de la Seguridad del Estado de Nuevo León y cofundador de la Policía Estatal “Fuerza Civil”. Es consultor en seguridad pública y prevención del delito.


1 Véase Carrancá y Rivas, Raúl. Derecho Penitenciario. 4a ed. Porrúa. México. pp. 197 y ss.